Por: Equipo de Monitor de Víctimas y ARI
Dos años pasaron desde aquella noche. El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, pese a que la oposición demostró el fraude con actas de votación en mano.
Aquel hecho desencadenó, horas después, una respuesta que se sintió en la calle. Miles de venezolanos salieron a protestar en distintos estados del país porque se habían robado su voto. Pero en lugar de lograr que se respetara su derecho a elegir, lo que encontraron fue una persecución desmedida que detuvo a más de 2.000 personas y una represión letal que mató a balazos a 25 víctimas en nueve estados del país. Dos años después, no ha habido justicia para la mayoría de estas muertes.
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Las fuerzas de seguridad del Estado no fueron las únicas en actuar contra la población. Los datos recogidos por esta investigación de Monitor de Víctimas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, indican que los colectivos cometieron al menos 20% (8) de los 25 homicidios de las protestas poselectorales y que, además, estuvieron presentes en 12 de las 16 manifestaciones donde se registraron muertes. Casi nunca actuaron solos. En 8 de esos 12 eventos estuvieron también cuerpos policiales o militares, que no impidieron que abrieran fuego contra la población.
Estos hallazgos afianzan la evidencia de que los colectivos actúan sin que el Estado se interponga y contraviene la tesis del gobierno según la cuál todas estas muertes fueron cometidas por civiles que respondían a las órdenes de la oposición para crear caos.
Esa afirmación la hizo el exfiscal general Tarek William Saab cuando habló sobre el evento que más víctimas mortales dejó durante las protestas postelectorales: la masacre de San Jacinto, en Maracay, estado Aragua. Según él, allí actuaron “grupos terroristas que realizaron disparos contra los funcionarios”. Sin embargo, seis de las siete víctimas son civiles. Testigos aseguraron que la balacera comenzó después de que los guardias nacionales lanzaran bombas lacrimógenas a la multitud.
Este reportaje siguió la pista de los asesinatos ocurridos en 2024 durante las manifestaciones generadas por el descontento de los resultados electorales. A través de entrevistas a familiares de las víctimas y testigos de los 25 homicidios, se revela un patrón represivo aplicado en las manifestaciones que, aunque guarda similitud con los ejecutados en las protestas masivas contra el gobierno en 2014, 2017 y 2019, confirma una mayor letalidad: disparos más arriba de los hombros, provenientes de armas de fuego cargadas con balas y no con municiones no letales.
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Hoy, dos años después de estas muertes, la mayoría de los casos no presenta avance alguno en sus investigaciones. Los victimarios siguen en libertad y no hay procesos en su contra. La causa del sargento primero de la GNB José Antonio Torrens Blanca, el único uniformado muerto durante las manifestaciones, es también la única que tiene una persona detenida por su asesinato.
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