Los procesos de diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela datan desde poco tiempo de asumir el poder el militar retirado Hugo Chávez, quien sufrió un intento de golpe de Estado en el año 2002.
Poco después de volver de recuperar su investidura, el teniente coronel convocó a un diálogo político con sus adversarios. Para ese momento, los garantes fueron la Organización de Estados Americanos, con César Gaviria como secretario general del organismo; el Centro Carter y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Fue aquel famoso proceso en el hotel Meliá Caracas que tuvo de contexto movilizaciones opositoras, los ataques a dos periódicos en el estado Aragua (El Siglo y El Aragüeño) y una condena de Gaviria contra esos dos medios, en un momento de crispación política.
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Acuerdo de 2003: el revocatorio, la Lista Tascón y la posterior persecución
Los principales voceros del chavismo fueron el entonces vicepresidente José Vicente Rangel (fallecido), Roy Chaderton y Aristóbulo Istúriz (fallecido). Por la oposición lo hicieron Timoteo Zambrano, Américo Martín, Alejandro Armas y Manuel Cova, este último representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la principal organización sindical del país que en los primeros años de la gestión de Chávez mantenía un gran poder de convocatoria.
Después de seis meses de negociación, las partes anunciaron el «Acuerdo de mayo de 2003», un documento en el que se acordó el referéndum revocatorio, celebrado en 2024, así como la importancia de contar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial y buscar una salida «constitucional, pacífica y democrática» al conflicto.
Contenía 19 puntos, en el que las partes concentraron sus esfuerzos en la consulta popular y un CNE que garantizara la transparencia de esos resultados.
Finalmente en 2004, Chávez ganaría la consulta, en medio de cuestionamientos de fraude de la oposición venezolana, agrupada por entonces en la Coordinadora Democrática, que no concurrió a las elecciones previstas para el año 2005 al considerar que no había garantías de independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En medio de presiones por la recolección de firmas, de invalidación por parte del CNE presidido entonces por Francisco Carrasquero, se logró activar el mecanismo. De allí surgió la famosa Lista Tascón, usada por el chavismo para perseguir a quienes desde las instituciones del Estado apoyaron el proceso que buscaba desalojar a Chávez del poder por la vía democrática.
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Diálogo en Miraflores
Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, tras unos estrechos resultados en 2013, se convocó a un nuevo proceso en Miraflores tras las protestas denominadas «La Salida» en las que fueron protagonistas Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado.
El auspicio recayó en la entonces Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un organismo impulsado por el fallecido Hugo Chávez, donde convergían mayormente gobiernos de izquierda que respaldaban al gobierno venezolano. El Vaticano se involucró por primera vez en este proceso, a través del entonces nuncio apostólico en el país, Aldo Giordano (fallecido).
Por el chavismo los voceros principales fueron el propio Maduro, junto con Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza y Elías Jaua. Del lado opositor lo hicieron Henrique Capriles, quien venía de perder las elecciones con el sucesor de Chávez, así como Henri Falcón y Ramón Guillermo Aveledo en calidad de secretario de la Mesa de la Unidad Democrática.
El contexto de 49 fallecidos, la posterior detención de Leopoldo López y la crispación política, como en la década anterior, estaban presentes en esos encuentros, algunos de ellos televisados.
No arrojó ningún resultado concreto. La oposición se retiró de la mesa al denunciar la falta de voluntad política de una salida a la crisis por las protestas antigubernamentales, la fuerte represión que mostró Maduro con los cuerpos de seguridad militares y civiles.
Desde Miraflores no apoyaron la idea de una amnistía general para los cientos de detenidos que hubo ni cambios constitucionales que planteaba la Mesa de la Unidad.
Fracaso del proceso en 2016: invalidado referendo
Dos años más tarde volvió un nuevo proceso, de nuevo con presencia de El Vaticano como mediador en una primera etapa. El Meliá Caracas volvió a ser el espacio para esos encuentros en los que también estuvieron expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá). Unasur volvió a fungir como garantes.
La oposición estuvo representada por Jesús Torrealba, entonces coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, acompañado de otros voceros como Timoteo Zambrano y Carlos Ocariz.
Un intento de revocatorio del primer mandato de Nicolás Maduro, tras trabas impuestas por el CNE para la recolección de las firmas, terminó en implosionar esa mesa.
Una maniobra impulsada por los gobernadores chavistas en los estados Monagas, Apure, Aragua, Carabobo y Bolívar permitió que los tribunales en esas regiones anularan la recolección de firmas por presunto fraude. El CNE, ya con Tibisay Lucena (fallecida) como presidenta, se acogió a esas sentencias para anular la convocatoria.
La mesa de República Dominicana
Las partes volvieron pronto a la mesa, esta vez fuera de Venezuela y con República Dominicana como país sede del proceso. Entre 2016 y 2017 intentaron llegar a un acuerdo con el presidente del país caribeño, Danilo Medina, como garante. La oposición pidió incluir a México de su lado, además de otros países que estuvieron como Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, así como la ONU.
Ya entonces Jorge Rodríguez actuaba como el principal operador por el chavismo en los procesos de diálogo, tarea que había comenzado poco tiempo atrás. Su hermana, Delcy Rodríguez, también fue parte de ese proceso del lado chavista.
No hubo acuerdo porque la oposición rechazó la propuesta gubernamental de adelantar las elecciones como efectivamente ocurrió en febrero de 2018. El CNE llamó a un proceso para mayo de 2018 en el que Nicolás Maduro fue reelecto, pero que desconoció la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional, lo que desencadenaría la crisis de 2019.
Fueron años de más protestas, de la Asamblea Nacional Constituyente y de la anulación de facto de las competencias del Parlamento venezolano que controlaba la oposición de forma abrumadora.
Los representantes opositores visibles en ese diálogo fueron Julio Borges, Gerardo Blyde, Luis Florido y Manuel Rosales.
México, Barbados y el fraude de 2024
De nuevo, con el interinato de Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países del mundo como presidente encargado de Venezuela, las partes volvieron a una mesa de negociación. Esta vez, el Reino de Noruega se embarcó como el mediador y puso todo su empeño en cristalizar acuerdos favorables a las partes desde el año 2021.
El chavismo con Jorge Rodríguez a la cabeza y la Plataforma Unitaria Democrática con Gerardo Blyde como su vocero, intentaron por cuatro años generar algunos acuerdos en medio del deterioro económico, el aumento de la migración de miles de venezolanos y una represión sostenida por el régimen.
Primero fue Ciudad de México el país que acogió el proceso dilatado por el chavismo con tácticas como la incorporación del entonces preso en Estados Unidos, Alex Saab, a la mesa. Se pararon, protestaron su detención en 2020 y lo incorporaron. Hablaron de acuerdos sociales en principio, marcados por la pandemia del OVID-19 y la necesidad de obtener recursos congelados por Estados Unidos después de las sanciones impuestas por Donald Trump a Maduro durante su primer gobierno.
Lo primero que alcanzaron fue el Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado el 26 de noviembre de 2022 en Ciudad de México, que tenía como fin el desbloqueo de 2.700 millones de dólares que se emplearían en sectores como salud y educación, con la garantía de que una agencia de la ONU fuese el administrador de los recursos, a través de un fondo fiduciario único implementado con el apoyo de las Naciones Unidas.
Estados Unidos decidió levantar sanciones parciales para permitir la operatividad de Chevron, esto como un incentivo de avance del proceso.
Un año después, se alcanzó el Acuerdo de Barbados que permitiría a la oposición celebrar sus elecciones primarias, el chavismo no interferiría en ellas, que además se comprometió a revisar las inhabilitaciones políticas. La gestión de Joe Biden dio a Chevron la licencia para volver a explotar petróleo venezolano en respuesta a ese logro.
El chavismo incumplió con el pacto de Barbados
Sin embargo, una vez que las primarias se celebraron en octubre de 2023, el chavismo inició la persecución judicial del proceso tras la abrumadora mayoría que obtuvo María Corina Machado. En enero de 2024 el TSJ ratificó una inhabilitación de la Contraloría General de la República y lo mismo hizo con otros dirigentes como Henrique Capriles Radonski y alcaldes opositores en ejercicio.
En febrero, el CNE presidido por Elvis Amoroso convocó las presidenciales para el 28 de julio de 2024. En ese interín comenzó una férrea persecución contra las estructuras políticas de Vente Venezuela, al momento de inscripción de candidatos se bloqueó la de Corina Yoris, la sustituya de Machado, aunque después se aceptó que fuese Edmundo González Urrutia.
Tras los comicios, el CNE proclamó a Maduro sin mostrar las actas de votación, lo que sí logró la oposición con las que demostró el triunfo de González Urrutia. Esto fue posible con el aval del Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, las únicas dos instancias internacionales independientes que se permitieron para observar ese proceso.
Las protestas posteriores a la proclamación de Maduro dejaron 25 fallecidos, miles de detenidos, entre ellos 158 adolescentes y una crisis que desembocó en la captura del exlíder chavista y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, tras un intenso bombardeo de fuerzas militares estadounidenses sobre Caracas.
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Qué pasará con el nuevo diálogo
Ahora, tutelados por Estados Unidos, tanto el chavismo como la oposición se verán las caras nuevamente. El Departamento de Estado y Marco Rubio lideran un proceso, que en el plan de tres fases que dispuso la Casa Blanca para Venezuela sería la de la transición.
Con los antecedentes, las expectativas no son muy altas. Analistas piden cautela, pese a la presencia estadounidense. El proceso que arrancó formalmente el pasado 1 de agosto con una llamada entre Dinorah Figuera, la representante opositora escogida por Rubio, y Jorge Rodríguez, por el chavismo, se instalará formalmente esta semana en Caracas.
Por la AN de 2015 estarán Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Servio Vergara, con el acompañamiento de Elimar Díaz, Julio César Moreno, Macario González y Desiré Barboza. Este grupo pertenece a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, los dos únicos dentro de la Plataforma Unitaria que le han expresado públicamente su respaldo.
El chavismo tendrá a Jorge Rodríguez, Pedro Infante, América Pérez, Génesis Garvett, Jorge Arreaza y la ministra Ana María San Juan como sus voceros. Hablarán de la atención a las víctimas de los terremotos, el fortalecimiento de la democracia y de garantías y derechos políticos.
La gran ausente es María Corina Machado a la que Estados Unidos deliberadamente excluyó de las conversaciones, pese a ser el principal referente opositor venezolano.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
