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Caracas, 16 septiembre, (batalladeideas.com).- Un aumento de países caribeños y latinoamericanos, con Venezuela y Colombia a la cabeza, han presentado una fuerte acusación contra Estados Unidos (EE. UU.), señalándolo por transformar el Caribe en una «zona de ejecuciones extrajudiciales» mediante operaciones militares que, en las últimas dos semanas, causaron la muerte de al menos 14 personas.
Según informes, las acciones, justificadas por la administración de Donald Trump como parte de una «lucha contra narcoterroristas», se realizaron sin mostrar pruebas que relacionen a las víctimas con actividades ilegales ni revelar sus identidades.
Por lo tanto, esta ausencia de transparencia ha generado graves inquietudes sobre la legitimidad de las acciones estadounidenses.
Ejecuciones fuera del sistema judicial en suelo extranjero.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela, mediante su presidente, Nicolás Maduro, describe estos hechos como «ejecuciones extrajudiciales en un territorio extranjero«. Claro, infringen de forma evidente el derecho internacional y la soberanía de los países de la zona.
Colombia, por su parte, se unió a la denuncia, indicando que el empleo de la fuerza unilateral por parte de EE. UU. en la zona es una grave transgresión de los principios de no intervención y respeto a la soberanía nacional.
Esa alerta superó los límites del continente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha intervenido en el tema y ha solicitado a EE. UU. que «detenga su guerra ilegal». La organización internacional recordó que el uso unilateral de la fuerza es contrario a la Carta de las Naciones Unidas e instó a la administración de Trump a acatar los principios del derecho internacional.
VENEZUELA NEWS/BDI
