“No puedes apelar”. Esa es la orden que hay en los tribunales de Terrorismo para los defensores públicos y familiares de los presos políticos a los que les negaron la amnistía. No hay ni siquiera una notificación por escrito sobre la negativa, no hay una opción para defenderse.
Esta situación la vive el preso político Frank Cabañas, detenido en 2017 por una vinculación con la sublevación cometida por el detective Óscar Pérez. Los tribunales le negaron cualquier posibilidad de ser beneficiado con la Ley de Amnistía, denunció su esposa Nesmar Silvera.
“El 24 de marzo me dicen verbalmente que le negaron la amnistía. Pido la notificación para poder apelar, y me dijeron que yo no puedo apelar que debe hacerlo el defensor público”, explicó Silvera.
El abogado asignado a Cabañas tampoco accedió a apelar la negativa de la amnistía. “Me dijo que él no puede apelar y que no va a pedir la notificación porque las órdenes son que no pueden pedir nada, no pueden hacer la solicitud de notificación y no pueden apelar”, agregó.
Ante las trabas, Silvera insistió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del tribunal para introducir la apelación y no se la aceptaron. “Nos cierran las puertas de la amnistía”, denunció
El caso de Cabañas está en el Tribunal 1 de funciones de Terrorismo, es 1 de los 4 de control que hay en el país y que enjuiciaron a cientos de personas por motivos políticos. Su caso no es el único, lo que hace entender a abogados y defensores de derechos humanos consultados por El Pitazo que las decisiones en los tribunales siguen tuteladas por quienes manejan el poder.
“Los jueces de terrorismo están interpretando la ley con una mentalidad de represión punitiva y no precisamente para favorecer la convivencia y la paz”, alertó Marino Alvarado, presidente del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
Beneficios con discrecionalidad
El abogado Gonzalo Himiob, directivo de la ONG Foro Penal, intuye que los beneficios se manejan con discrecionalidad. “Quizás tenga que ver con el hecho de que los tribunales que están decidiendo sobre las amnistías son los mismos que originalmente metieron presa a muchas personas de manera arbitraria y por motivos políticos. Entonces, posiblemente estén esperando instrucciones en ciertos y determinados casos”, indicó.
El exfiscal Zair Mundaray está convencido que es el Ejecutivo el que decide en materia de justicia. “No se decide ni sacar una copia sino está controlado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal, y de ahí por la Sala Penal y el poder. Si uno quiere saber qué pasa con la Ley de Amnistía y el fraude que ha implicado en su aplicación, hay que mirar los tribunales de terrorismo”, denunció el especialista en derecho penal, criminalística y derechos humanos.
Cifras de una ley restrictiva
Alvarado explicó que el defecto de la Ley de Amnistía es que se rige para beneficiar a detenidos por hechos asociados a protestas, pero en el país -dijo- hay presos más allá del contexto de las manifestaciones porque se ha sufrido de una represión sistemática.
“Si bien es cierto que la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Ley ha manejado algunos casos con flexibilidad, no lo vienen realizando los tribunales de terrorismo, que deben interpretar la ley con dos principios: en caso de duda se debe favorecer a la persona procesada y, el segundo, debe interpretarse la ley a favor de la convivencia y la paz”.
Hasta el 24 de marzo, la Comisión de la Asamblea Nacional que vela por el cumplimiento de la Ley de Amnistía recibió 11.432 solicitudes válidas, el 25 por ciento fueron negadas por no estar dentro de los hechos indicados en la norma.
Sólo 302 personas presas salieron de la cárcel por amnistía desde el 19 de febrero cuando entró en vigencia la ley y el mayor número (7.782) se trata de beneficiarios que tenían medidas cautelares, según los datos de la comisión parlamentaria conocidos por El Pitazo.
Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, documenta una cifra inferior: 259 liberados por amnistía, de los cuales 177 tenían registrados como detenidos por razones políticas y otros 82 que no tenían en su lista, precisó Himiob.
Los defensores no identifican un patrón que revele quiénes pueden ser beneficiados y quienes no. “La ley es muy restrictiva pero pareciera ser que los criterios para su aplicación son muy variados. Hay grupos de detenidos, imputados por la misma causa, los mismos delitos y los mismos hechos, en los que a algunos se les concede amnistía y a otros no y no sabemos por qué”, dijo Himiob.
Mundaray coincidió con Himiob. “Se toma con pinza a quién se le da y a quién no. Se han impedido el ejercicio de los recursos. Tienen una cantidad de obstaculos que son estructurales de los tribunales de terrorismo, impide el acceso a las pruebas”.
Un asunto político
Los tribunales con competencia en terrorismo en Venezuela fueron creados en 2012 por una resolución del Tribunal Supremo de Justicia para procesar delitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, norma que no ordenaba la constitución de juzgados para tal fin.
“Son una competencia creada con objetivos políticos, sus jueces los escoge directamente el Ejecutivo. Sus decisiones son ordenadas, pero gustosamente cumplen con ello. Cuando una persona está enjuiciada en uno de esos tribunales, es un preso del poder, un preso de Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez”, denunció el exfiscal.
El director de Provea concluyó que el argumento más que jurídico es político. “Es la voluntad que se tenga de quienes están gobernando de lograr el propósito de que se abran las rejas para todos los presos políticos”, dijo Alvarado, quien -a pesar de la irregularidades- considera positivo la promulgación de ley, porque ha permitido la libertad de decenas de personas detenidas injustamente.
La diputada Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión que vela por el cumplimiento de la amnistía, reconoció que la ley es un instrumento político que “no tiene nada que ver con el perdón”, sino que es una “extinción de lo que es el supuesto delito”.
“Es una ley que nos está sirviendo para sacar a los presos políticos y que regresen los exiliados. No estamos satisfechos, pero creo que ha tenido beneficios importantes”, dijo en un foro con el medio Runrunes.
Resaltó que las cifras de privados de libertad por razones políticas que registraron fue un reflejo de que “el poder de justicia se convirtió en un brazo de persecución de la disidencia”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
