La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, anunció este 15 de abril que su misión en Caracas “llegó a su fin”. A través de su cuenta en Instagram, Dogu informó que sería sustituida por el diplomático de carrera John Barrett, encargado de negocios en Guatemala desde el pasado mes de enero.
Analistas consultados por Runrun.es consideran que su figura podría ser clave en una nueva fase de las etapas que se ha planteado el gobierno de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: estabilización, recuperación y finalmente, la transición democrática.
La internacionalista Elsa Cardozo consideró que Laura Dogu “cumplió su misión en la fase de estabilización” y podría haber sido requerida nuevamente como asesora en el ámbito militar -ya que retomará su antiguo cargo como asesora del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Cain- en el marco de la complicación de las operaciones militares de EE.UU e Israel en Irán y debido a la cercanía de las elecciones de medio término y las promesas electorales del republicano no implicarse en conflictos lejanos que exigieran cantidades importantes de recursos y riesgos de vidas estadounidenses.
El cambio de Laura Dogu por John Barrett, además de haber podido estar mediado por ese contexto internacional, responde a una variación en las prioridades de Estados Unidos en Venezuela: se busca mantener la estabilidad y asegurar recursos energéticos, pero en medio de una “encrucijada” marcada por limitaciones en la apertura política.
Explicó que la recuperación del sector petrolero en el país, a la que ha apuntado el gobierno de Trump, avanza en paralelo a restricciones en el proceso de transición, con decisiones del gobierno interino que generan “temores de continuidad”, como el manejo del régimen de amnistía, la respuesta a protestas y designaciones institucionales cuestionadas, en referencia al nombramiento de un nuevo fiscal general y de una nueva defensora.
En ese contexto, señaló que la llegada de Barrett apunta a atender un aspecto que, a su juicio, ha quedado rezagado: el cuidado institucional. “Se llama a otro funcionario, al señor Barret, a un diplomático de carrera para atender lo necesario y lo que debería estar solapado a la estabilización”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de evitar que el proceso derive en la consolidación del interinato sin avances hacia la transición democrática.
Cardozo destacó que el perfil de Barrett —con experiencia reciente en Guatemala y trayectoria en países como Panamá, Perú, Brasil y El Salvador— sugiere una línea de acción enfocada en incidir en procesos institucionales y en garantizar la preservación de las instituciones democráticas. Recordó que en Guatemala se pronunció contra maniobras para designar -en la Corte Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral- a autoridades vinculadas al crimen organizado, postura respaldada de forma bipartidista en Estados Unidos.
A su juicio, esa “voluntad de incidir” podría trasladarse al caso venezolano y podría tener incluso más fuerza, partiendo del punto de que se trata de un gobierno bajo tutela de EE.UU.: “El cambio de Dogu por Barret puede tener implicaciones favorables en el futuro de Venezuela, en el marco de esta encrucijada en la que se juega la llamada fase de elección y
transición a la democracia, para que se prepare de manera franca y para que, aún en medio de las complejidades, no sea obstaculizada por un gobierno interino que está procurando quedarse en la fase de estabilización y recuperación económica en sus términos”, Amplió.
Generar confianza para la transición
José de Bastos, analista con maestría en Ciencias Políticas en E.UU. y en Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Madrid (2012), considera que el nuevo encargado de negocios, John Barrett, llega con un perfil que podría profundizar la línea que siguió su antecesora Laura Dogu, pero con mayor alcance operativo.
Destaca su experiencia en contextos complejos y su capacidad para generar interlocución simultánea con distintos actores: desde el gobierno de Delcy Rodríguez hasta líderes opositores como María Corina Machado, pasando por empresas, inversionistas y gobiernos aliados. A su juicio, esa versatilidad será clave en un escenario donde no solo se busca estabilidad, sino también consolidar redes de confianza política y económica que sostengan el proceso en el mediano plazo.
En esa proyección, el analista advierte que Barrett podría asumir un rol más determinante si su permanencia en Caracas se extiende. Señala que su gestión estaría orientada a continuar la estabilización económica y avanzar progresivamente hacia condiciones electorales.
“Creo que este nuevo funcionario continuará con eso y, si se queda más tiempo, será el que probablemente también tenga un rol más importante en unas posibles próximas elecciones, que podrían ser más a mediano plazo que en lo inmediato. Si se mantiene mucho tiempo este será su rol: seguir concretando la transición económica, la estabilización y, eventualmente, llevar unas elecciones”, declaró a Runrun.es.
Para De Bastos es pertinente subrayar que unas elecciones no parecen ser la prioridad inmediata de Washington. Más bien, apunta a que el objetivo estadounidense es evitar una escalada del conflicto, reducir costos de intervención y transformar a Venezuela en un escenario de estabilidad funcional y aprovechamiento económico.
“Hay que tener claro que esa no es la prioridad del gobierno de Trump, sino que se vaya moviendo la situación y Estados Unidos no tenga que ocuparse demasiado por Venezuela, que no se convierta no digamos que en Irán, porque es una situación muy diferente, pero que no tenga que intervenir de nuevo militarmente, que no tengan que arriesgar vidas, ni enviar recursos extra, sino que Venezuela sea una ganancia económica para EE.UU”, profundizó.
En ese marco, concluye que la llegada de Barrett representa continuidad, pero también una posible fase de mayor ejecución dentro del plan estadounidense en Venezuela.
Diplomacia enfocada hacia el respeto a la institucionalidad
El diplomático estadounidense que llegará próximamente a Caracas ha cosechado una dilatada y fructífera carrera diplomática. Se estrenó en misiones especiales en China y Afganistán para tratar temas comerciales. Entre 2012 a 2015, fungió como consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Desde 2015 y hasta 2017 ejerció como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas. Posteriormente, asumió como consejero para Asuntos Económicos en Lima (2020-2023). También fue cónsul general en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil y ministro consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.
Durante su gestión en Panamá (2023-2025) y Guatemala (2026) lideró la cooperación bilateral en materia de seguridad. Ha enfatizado que el combate a las redes criminales transnacionales es vital para la estabilidad democrática y la “transparencia digital”. Antes de formar parte del Departamento de Estado, John Barrett ocupó cargos de planificación estratégica y comercial en grandes empresas como PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting. El diplomático domina a la perfección el español y el portugués. Obtuvo su licenciatura en Middlebury College y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.
Desde su llegada a Guatemala en enero de 2026, Barrett fue muy tajante sobre su misión de implementar la política “America First”: declaró que su prioridad absoluta era detener la migración irregular, el narcotráfico y la violencia antes de que llegaran a la frontera estadounidense. Afirmó igualmente que el sector privado guatemalteco es la “piedra angular” de la agenda de EE. UU. en el país, lo que generó debate sobre si la relación bilateral se estaba inclinando demasiado hacia los intereses empresariales por encima de los sociales.
A mediados de febrero de 2026, generó polémica en Guatemala al advertir que las autoridades universitarias de ese país “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes” en el proceso de selección de candidatos para integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que supervisará las elecciones generales de 2027.
“No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”, expuso en un comunicado.
Algunos actores políticos y judiciales en Guatemala calificaron las declaraciones y acciones de Barrett como una injerencia externa de los Estados Unidos en los asuntos internos del país. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, incluso denunció maniobras para simular que la embajada de EE.UU. a cargo de Barret, estaba presionando a favor de ciertos candidatos cuestionados.
No obstante, una carta firmada por senadores demócratas y republicanos en abril y remitida al secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que sus acciones se alinearon con la política exterior del gobierno de Donald Trump, que rechaza la penetración de las instituciones democráticas por redes criminales y narcotraficantes, por considerar que representan no solo una amenaza para ese país, sino para la seguridad regional y los intereses estratégicos de Estados Unidos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
