Caracas.- El juez federal Alvin K. Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aceptó las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que permiten al Estado venezolano financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La decisión destraba un punto clave del proceso judicial, luego de semanas de disputa por las sanciones estadounidenses que impedían el uso de fondos venezolanos para cubrir honorarios legales. Las licencias modificadas autorizan ahora esos pagos bajo supervisión, lo que garantiza la continuidad del caso sin afectar el derecho a la defensa.
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El caso, identificado como 11 Cr. 205 (AKH), incluye cargos por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y delitos relacionados con armas. Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde enero de 2026, tras su captura en Caracas, y ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia.
En una orden fechada el 27 de abril, Hellerstein también dejó abierta la posibilidad de aprobar solicitudes conjuntas de la fiscalía y la defensa para aplazar audiencias y excluir tiempo del cómputo de la Ley de Juicio Rápido, una práctica habitual en procesos complejos con componentes internacionales.
El conflicto por el financiamiento surgió cuando las sanciones bloqueaban inicialmente cualquier pago desde Venezuela, lo que llevó a la defensa a cuestionar una posible vulneración del derecho constitucional a contar con abogados.
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Tras una carta conjunta presentada el 24 de abril, el Departamento del Tesoro ajustó las licencias y permitió el uso de fondos estatales para este fin.
«Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros»; anota el documento legal publicado el viernes.
De hecho, el propio sistema judicial estadounidense dio peso a ese argumento: garantizar la representación legal resulta clave para sostener la validez del proceso, incluso en casos de alto perfil político y sanciones internacionales.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
