Caracas.– El General de Brigada Héctor Hernández Da Costa cumplió en agosto de 2025 siete años de detención. El militar, quien recibió una condena de 16 años de prisión por el caso de los drones y un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, permanece recluido en el Internado Judicial Rodeo I, bajo un cuadro de salud que su entorno califica como delicado.
“Yo estuve presente en cada audiencia del Gral. Héctor Hernández Da Costa. Vi la evacuación de todas las ‘pruebas’ y puedo asegurar que la Fiscalía no probó NADA”, dijo el abogado Joel García resume el proceso judicial que llevó al oficial a cumplir condena. La defensa técnica sostiene que la detención responde a un capricho político y no a evidencias materiales de conspiración.
Un encierro marcado por enfermedades crónicas
La vida del general Hernández Da Costa dentro de la cárcel Rodeo I transcurre entre dificultades de salud. El oficial sufre de diabetes e hipertensión, dos patologías que demandan cuidados médicos constantes y una alimentación específica para evitar complicaciones fatales. Su detención inicial ocurrió el 13 de agosto de 2018, momento en que el militar aún estaba convaleciente tras una intervención quirúrgica en su domicilio.
Pese a su estado de convalecencia, funcionarios del Estado ejecutaron el arresto sin presentar una orden judicial previa. Tampoco existió una situación de flagrancia que justificara la acción policial inmediata. Desde ese traslado inicial, el deterioro de su salud es una constante que su defensa y familiares denuncian ante la opinión pública. La falta de atención médica especializada agrava el riesgo de vida para el oficial, quien ya suma 2.555 días bajo custodia del Estado.
Respaldo de la comunidad internacional
La permanencia del General en prisión genera reacciones en foros extranjeros debido a denuncias de irregularidades en el proceso y su condición física. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas emitió en 2020 un pronunciamiento a favor de su excarcelación. Este organismo considera que la privación de libertad del oficial carece de los estándares mínimos del debido proceso.
De igual manera, el Parlamento Europeo incluyó en 2024 el caso del militar en su lista de exigencias por el respeto a los derechos humanos en el país. Estos organismos internacionales coinciden en que la sentencia de 16 años por conspiración y el evento de los drones no cuenta con el respaldo de pruebas fehacientes.
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