La organización Provea presentó este 14 de mayo su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. En sus estudios dedicados al derecho al trabajo y la previsión social, la ONG documenta cómo la política económica del Estado ha consolidado un modelo de exclusión que ignora la protección de los trabajadores y recorta derechos que, por ley, deberían ser intocables, como los contemplados en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 95 y 97 de la Constitución de Venezuela.
A lo largo de 2025, el derecho laboral y la seguridad social enfrentaron un deterioro a nivel estructural. La investigación detalla que el Estado ha abandonado su rol permitiendo que la inflación y la devaluación destruyan el valor del esfuerzo humano mientras se mantiene la opacidad sobre el manejo de los recursos públicos.
Los datos recopilados muestran que 34,1% de los trabajadores venezolanos se desempeñaba en el sector informal en 2025 y la estimación del desempleo en 2024 alcanzó 40,3%.
“La brecha entre quienes perciben ingresos en divisas y quienes dependen exclusivamente del salario oficial profundizó la desigualdad estructural. Las protestas laborales representaron 26% de las movilizaciones registradas en 2025, a pesar de la represión”, describen.
Vivir con nada
El informe de Derecho al Trabajo destaca que el salario mínimo se ha mantenido estancado en 130 por más de 1300 días, lo que al cierre del año 2025 representaba apenas 0,45 centavos de dólar al mes. Esta cifra sitúa a Venezuela con el ingreso más bajo de la región, sin poder cubrir el costo de una Canasta Alimentaria Familiar que, según El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), alcanzó en abril un valor de 693 dólares.
Provea advierte que esta “desalarización” afectó el cálculo de las prestaciones sociales, jubilaciones, indemnizaciones y pensiones, ya que el oficialismo ha sustituido el sueldo por bonos que no impactan en la seguridad social al igual que se está rompiendo con la estabilidad necesaria para que un trabajador pueda planificar su futuro o el de su familia.
Igualmente, el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída drástica debido a la devaluación del bolívar, que alcanzó hasta un 479%, y el ingreso mínimo resultó ser insuficiente para detener la migración forzada de los profesionales, dejando áreas en un estado crítico con falta de personal que compromete la operatividad de las instituciones nacionales.
La vejez en el olvido
Un sector que ha sido especialmente maltratado es el de los pensionados y jubilados. El informe de Seguridad Social indica que el Estado ha reducido este derecho a un simple sistema que no garantiza la protección ante las contingencias como enfermedades catastróficas o riesgos laborales. La investigación resalta que la seguridad social en Venezuela padece de opacidad, pues el Estado no publica cifras actualizadas sobre el presupuesto real destinado a este rubro, lo que impide el conocimiento del uso de los fondos del IVSS mientras la devaluación constante de la moneda termina de asfixiar cualquier capacidad de respuesta institucional.
Para los adultos mayores, la seguridad social ha dejado de ser una garantía de vida para convertirse en desprotección total, ya que el sistema ha fallado en asegurar una existencia digna y obliga a la tercera edad a enfrentar la vida sin fondos esperables ni suficientes.
Lejos de ser un derecho universal, la seguridad social hoy se gestiona de forma ineficiente y deja a los jubilados y pensionados a merced de una crisis que los ha sacado de las “prioridades” de la nueva agenda.
Sindicalismo criminalizado
Durante 2025 Provea registró que la criminalización de los sindicatos se ha convertido en un obstáculo para las exigencias de condiciones dignas vulnerando los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio destaca que la persecución por razones gremiales constituye una violación grave de los derechos humanos y busca silenciar los reclamos de mejores salarios y beneficios.
La detención de dirigentes sindicales y defensores laborales han sido utilizados como herramientas de control estatal. Provea exige la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente y el cese de las prácticas de discriminación laboral, especialmente en el sector público.
La dignidad laboral
La situación explicada por Provea revela que el país transita hacia una realidad donde el trabajo ha dejado de ser un camino hacia el ascenso social para convertirse en vulnerabilidad. El Estado ha permitido que el salario pierda su función de proporcionar una existencia digna y que el ciudadano quede atrapado entre ingresos que no son suficientes y un sistema de seguridad social que ya no lo protege.
La organización detalló varias recomendaciones para revertir esta circunstancias, entre ellas, la reactivación efectiva de la Mesa de Diálogo Social, un espacio de negociación para discutir políticas laborales y socioeconómicas, en el que se deben diseñar resultados concretos en materia de salario mínimo y libertad sindical.
Finalmente, la investigación concluye que una recuperación real del país exige detener la criminalización de la actividad gremial, la discriminación política y devolver al salario y a la pensión la protección y la dignidad que la Constitución establece.
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