En medio de la conmoción en el país por el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, apenas diez días después de ser notificada de la muerte bajo custodia de su hijo preso político -que el Estado ocultó más de nueve meses- la noche de este 18 de mayo se anunciaron las excarcelaciones de dos mujeres presas políticas víctimas del Sippenhaft, castigo implementado por la Alemania nazi que consiste en secuestrar o detener a familiares de objetivos políticos para hacerlos doblegar.
La primera excarcelada fue Samanta Hernández, la última adolescente que permanecía detenida por razones políticas. A la niña se la llevaron tras una irrupción violenta en la casa de sus abuelos en Caracas, el 19 de noviembre de 2025 solo por ser hermana menor del teniente disidente Cristian Hernández.
Durante casi un mes su paradero fue desconocido. El 10 de diciembre de 2025, su caso tomó notoriedad internacional cuando el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, lo utilizó como ejemplo de la represión en Venezuela durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.
Ni siquiera los hechos del 3 de enero de 2026 limitaron el ensañamiento penal en su contra. El 15 de enero de 2026, fue imputada en audiencia preliminar por los cargos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Posteriormente, su audiencia de juicio fue diferida en al menos seis ocasiones y se le negó la amnistía.
Hasta el momento de su excarcelación estuvo recluida en la Entidad de Atención de Menores en Antímano, Caracas. Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, precisó que la adolescente salió de la cárcel con una medida cautelar sustitutiva.
“Nunca debió estar privada de libertad. Fueron meses de sufrimiento, daño acumulado y afectación a sus derechos como adolescente. Gracias a quienes acompañaron, insistieron y no guardaron silencio. El juicio continúa y seguiremos ejerciendo su defensa hasta lograr justicia”, escribió en su cuenta en X, junto a una gráfica en donde se aprecia a Samantha acompañada por sus abuelos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón celebró que Samantha pueda regresar a su casa, pero destacó que las medidas de excarcelación condicionadas “no constituyen un acto de justicia plena”. Asimismo, recordaron que el patrón de represalia familiar del que fue víctima no ha terminado pues, su hermana, Aranza de los Ángeles Hernández Castilllo, de 19 años, también fue arrestada apenas dos días después de que se llevaron a Samantha y sigue detenida.
“Exigimos que esta medida de liberación se extienda de forma inmediata, incondicional y con libertad plena a Aranza”, insistieron.
El “delito” de Merys: ser mamá
La noche de este 18 de mayo también fue excarcelada la adulta mayor Merys Torres de Sequea, madre del capitán de la GNB, Antonio Sequea, preso político. En redes sociales se difundió el momento en el que se abraza junto a una familiar.
LIBEREARON A LA SRA MERYS TORRES DE SEQUEA Hoy celebramos su libertad, pero también recordamos que jamás debió estar presa.
Que su caso no sea olvidado.
Que nunca más una madre sea castigada por amar y defender a su familia.Libertad para todos los presos políticos.#Libertad pic.twitter.com/xaiVVa7dip
— Xiomara Ortiz (@XiomaraOrtizr16) May 19, 2026
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su detención califica igualmente dentro de la táctica de castigo familiar Sippenhaft. A la señora Sequea la detuvieron individuos encapuchados en Guatire, estado Miranda, el 20 de septiembre de 2025. El arresto ocurrió junto al de su sobrina, Zoris Gutiérrez Torres, cuando salían con la intención de llevar alimentos y medicinas a su hijo en el Centro Penitenciario El Rodeo I. También estuvo en situación de desaparición forzosa y con riesgo vital, ya que a sus 71 años padece hipertensión y artritis crónica que requieren atención constante.
Durante estos ocho meses que la mantuvieron presa se violó el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que prohíbe cárcel común para mayores de 70 años. A su favor se emitieron medidas cautelares por parte de la CIDH que fueron ignoradas por el Estado.
Su hijo, el capitán Sequea, sigue detenido y cumple una condena de 24 años de prisión por su presunta vinculación con la incursión marítima del año 2020, conocida como la Operación Gedeón. Su familia ha denunciado que ha sufrido torturas y malos tratos como aislamiento prolongado y mantenerlo desnudo y esposado. Antes de ser detenida, la señora Merys reclamó en varias ocasiones la libertad de su hijo.

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