Del sufrimiento y la resiliencia, a un plan de acción para avanzar. En alianza con más de 15 organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional organizó una Jornada de Derechos Humanos para construir una agenda de cara a la reparación y recuperación progresiva de las libertades civiles y la seguridad jurídica de las y los venezolanos
El encuentro de dos días en Caracas, que reunió activistas, defensores, académicos y líderes sociales, sirvió para ofrecer un diagnóstico sobre la libertad de expresión, la libertad personal y las condiciones de vida en Venezuela, así como sobre la realidad de la diáspora. Especialmente, buscó trazar una ruta sobre las medidas y políticas públicas más urgentes ante una posible transición a la democracia.
Muchas propuestas coincidieron en la necesidad de reinstitucionalizar el país, reformar el Estado, cumplir las leyes vigentes y revisar aquellas normativas obsoletas, o que el poder político actual instrumentaliza en contra de la disidencia.
El derecho a una vida digna
Ante la expectativa de una recuperación económica en el país, se expuso que garantizar una vida digna implica mejorar en el corto plazo el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar a toda la población, incluyendo los pueblos indígenas, acceso a servicios básicos de calidad, como la salud y la educación.
Hubo tensiones entre la vocería sobre las posibilidades reales del Estado y las empresas para aumentar salarios pronto, y el desgaste de los trabajadores y sus familias durante años de crisis, a la espera de un mejor escenario.
El economista Asdrubal Oliveros enumeró tres acciones que considera necesarias: auditar los ingresos y gastos del Estado, eliminar partidas innecesarias para reasignar esos recursos a la inversión social y, bajo esa reconfiguración, aumentar progresivamente los ingresos de la población.
Por su parte, José Patines, miembro de la Coalición Sindical, insistió en la necesidad de mantener la presión en las calles para exigir a quienes hoy gobiernan el país, bajo el tutelaje de los Estados Unidos, que garanticen condiciones salariales justas. Anunció que realizarán asambleas en distintas regiones para coordinar acciones de protesta.
La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, planteó que se debe continuar exigiendo a los actores del Estado venezolano para que se aboquen a la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria, escuelas, y a la reconstrucción del sistema de seguridad social.
Como el país no es solo Caracas, José David González, coordinador del Comité de DDHH de la Guajira, recalcó que se debe formar a los pueblos indígenas, a sus líderes y lideresas, en temas de exigibilidad. Destacó la necesidad de que se hagan cumplir las leyes para que sea efectiva su participación en las decisiones, así como que se respeten sus costumbres y de garantizar la protección de sus territorios.
#18May En la apertura de la Jornada de DDHH organizada por Amnistía Internacional en Caracas, hubo un minuto de silencio por Carmen Teresa Navas. Andreína Baduel, del @clippve, expresó:
«La señora Carmen representa el calvario que vivimos las familias de los perseguidos» pic.twitter.com/JwGqynFene— Runrunes (@RunRunesWeb) May 18, 2026
Garantías para la justicia y libertad personal
Ante un contexto de inseguridad jurídica en Venezuela, detenciones arbitrarias, desviaciones del sistema de justicia y personas procesadas por motivos políticos, se destacó la necesidad de rescatar la meritocracia y la independencia de poderes.
La secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Magaly Vásquez, expresó quemás que las leyes se debe sustituir a los operadores del sistema de justicia actual, y que los nuevos sean seleccionados a través de criterios técnicos.
Propuso implementar mecanismos de justicia transicional y conformar comisiones de la verdad con participación de las víctimas, para la reparación y no repetición de estas violaciones de derechos humanos. Añadió que es indispensable que exista una rendición de cuentas y generación de estadísticas por parte del sistema de justicia. Consideró que la academia debe trabajar en superar el miedo, debido a la represión de los últimos años, y contribuir con pronunciamientos oportunos.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Santa María, Joel García, resumió que se debe aplicar la Constitución, abrir concursos de oposición públicos y despolitizar la forma de ingreso a la carrera judicial en el país. También recalcó que se debe separar, orgánica y presupuestariamente, los cuerpos forenses y de criminalística de los organismos policiales.
Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, planteó reformar la reciente Ley de Amnistía para que verdaderamente funcione o se aplique como debería, y cumpla con su propósito. Hizo un llamado además a que se respete el conocimiento y la academia.
Preservar la libertad de expresión
En un escenario de restricciones a la libertad de expresión, censura, cierre de medios y leyes represivas, así como la persecución contra quienes informan en el país, se insistió en la necesidad de garantizar la protección a este derecho dentro y fuera del país.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, mencionó entre las acciones inmediatas que se puedan aplicar el desbloqueo de los medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos por parte de los principales proveedores de Internet en el país. También, hizo un llamado a la derogación de la Ley contra el Odio.
La secretaria del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón, insistió en que se debe garantizar el acceso a la información pública y el acceso a las fuentes oficiales.
Mientras que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, propuso la ejecución de un plan integral de reparación para periodistas, así como la creación de una Ley Orgánica para periodistas y trabajadores de la prensa similar al formato de la Unesco.
Los derechos de la diáspora
Durante la jornada también se dedicó un espacio para hablar de la diáspora, de sus necesidades en los países de acogida y de cómo pueden mantener el vínculo con el país, aún a kilómetros de distancia. El panel expuso que se les debe garantizar su derecho al voto, el acceso a la identidad y su documentación. Se propuso asimismo reformar los servicios consulares y consolidar representaciones políticas en el extranjero.
El politólogo Ismael Pérez Vigil consideró que hay que reformar la legislación electoral actual que limita el voto de la diáspora, específicamente el artículo 124 de la Lopre, que supedita el derecho al voto a la “residencia legal” en el país de acogida, lo cual es considerado una discriminación inconstitucional. Explicó que esto podría hacerse tanto por una sentencia del TSJ que modifique la ley, a través de la Asamblea Nacional o vía la modificación del reglamento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El especialista insistió en que se debe abrir el registro electoral en el extrajero, bien sea a través de las embajadas y consulados o un proyecto telemático. También, opinó que se debe hacer un trabajo pedagógico de “convencer y enseñar a esos 11 millones de venezolanos en el exterior menores de 30 años que no conocen la democracia de forma directa qué es y por qué vale la pena rescatarla”.
Carlos Carrasco, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco-UCV), propuso a la sociedad civil emprender una labor pedagógica, pero para combatir narrativas que nos dividen. En este contexto, es importante hacer entender que las personas que emigraron no perdieron derechos ni abandonaron la lucha, que también dan a conocer lo que pasa en el país y que pueden formar parte de lo que viene para el futuro. Esto implica reconocer que la diáspora es parte de la memoria histórica y hay una tarea pendiente: que no pierdan el vínculo.
Carlos Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, llamó a la organización y movilización de los connacionales en el extranjero, para documentar sus carencias actuales y sus propuestas. En esto coincidió Marysabel Rodríguez, de la CDH-UCAB y la ONG Espacio Público. Dijo que es necesario integrar las demandas para que migrantes y refugiados tengan mejores garantías en el ejercicio de sus derechos, vuelvan o no al país.
Sin seguridad jurídica no hay paraíso
“Lo peor que le puede pasar a un ciudadano venezolano es encontrarse con el Estado. Desde un portero de un Ministerio hasta un juez ejercen poder sobre el vulnerable en Venezuela, a dos cuadras de aquí había una alcabala con funcionarios policiales que actúan con absoluta discrecionalidad”, dijo Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Daniels fue ponente en el segundo día de las disertaciones, donde evaluó la seguridad jurídica junto a la profesora universitaria, Tamara Bechar; el coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado; el director de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani; el abogado en el área jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Ronnie Boquier y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Lusverti.
“Tenemos un daño antropológico, la sociedad hoy en día es menos democrática que hace 27 años. En las cosas cotidianas, como una alcabala policial, se ve que no hay seguridad jurídica. Extorsionar al pobre y vulnerable se ha convertido en una práctica recurrente”, añadió Daniels.
“Todos los ciudadanos en Venezuela estamos expuestos a ser sometidos a un proceso penal”, sentenció Bechar. “Como me dijo la mamá de Juan Pablo Pernalete (a quien mataron en las protestas antigubernamentales de 2017), ‘la justicia no prescribe pero los seres humanos sí, y yo quiero ver justicia para mi hijo’”, agregó la docente universitaria.
Para Trapani, cuando el derecho deja de funcionar en un Estado, el niño, niña y adolescente (NNA) es el primer afectado.
“Gracias a la labor de ONG y periodistas determinamos que había 220 adolescentes detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, eso fue un trabajo en conjunto, en derechos humanos la información y la unión es poder”, indicó Trapani.
Daniels precisó que desde el año 2021 en Venezuela hay 93 Gacetas Oficiales pérdidas. “Que no sabemos qué contienen”. Bechar añadió que desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 1999, los venezolanos viven en una especie de Estado fallido.
“Pero el problema no es el COPP, es quienes lo ejecutan. Más de 80% de los jueces en Venezuela son provisorios, padecemos la politización del sistema judicial”, dijo la docente.
Bechar insistió en resaltar que en Venezuela no se respeta el principio de presunción de inocencia: “Más del 90% de los casos no se deciden y 80% no se denuncian, no hay nadie que esté exento de sufrir un tipo de extorsión en el sistema judicial”, acotó.
Procesar a los responsables y acompañar a las víctimas
A juicio de Marino Alvarado, el problema fundamental en Venezuela radica en la falta de voluntad política para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos, además de la impunidad. El coordinador de Provea considera que se debe reclamar a las autoridades locales que se identifique a los presuntos responsables de los crímenes que ha descrito en sus reportes la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
“La Misión se creó en 2019 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos y violencia sexual, entonces es hora de exigirle al nuevo fiscal general, Larry Devoe, que indague”, dijo Alvarado.
Lusverti informó que la Misión recomendó la instalación de una comisión de investigación y el gobierno venezolano pidió hacerlo a través de un memorando confidencial “La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué confidencial?”.
Por su parte, Boquier afirmó que de 30 sentencias con respecto a Venezuela que ha emitido el Sistema Interamericano de DDHH, una sola ha sido cumplida.
“Desde el Caracazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado con la mirada fija en Venezuela”, apuntó el abogado de Cofavic.
Alvarado destacó que el gobierno puede hacer gestos que impacten positivamente en la sociedad sin que les acarree costos políticos ni financieros. Entre estos, enumeró que el sistema penitenciario permita que la Cruz Rojas entre a las cárceles, liberar a todos los presos políticos, derogar leyes como las del Odio, Simón Bolívar y Antibloqueo, o permitir que en el Palacio de Justicia acepten los habeas corpus.
Para Bechar es perentorio reinstitucionalizar el Poder Judicial, reabrir las escuelas de fiscales, crear mecanismos de rendición de cuentas, procurar cooperación de instancias internacionales y fijar sueldos justos para funcionarios públicos.
“El punto de partida tiene que ser el acompañamiento a las víctimas”, puntualizó Trapani. Boquier lo secundó: las víctimas tienen que ser el centro de la discusión.
“La Ley de Amnistía lo que ha hecho es profundizar las heridas, no hay reconocimiento de responsabilidad en el Estado. En el caso de Victor Hugo Quero nunca se aplicó el protocolo de Minnesota, el Estado no atiende a las recomendaciones”, dijo el abogado de Cofavic.
El reinicio de una agenda colectiva
A juicio de Erika Guevara Rosas, directora senior global de investigación, campaña, incidencia y política de Amnistía Internacional, significa un paso importante para los defensores de derechos humanos en Venezuela quepuedan reunirse públicamente a exponer la realidad del país y hacer peticiones a organismos nacionales e internacionales, después de más de un año en el que muchos tuvieron que optar por bajar el perfil o, incluso, por el silencio.
“Aquí participaron personas que estuvieron detenidas solo por el hecho de defender sus derechos, hoy se encuentran excarceladas, no en libertad plena, sin embargo, eso nos parece un paso importante”, señaló Guevara.
“Este es el reinicio de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, en el que hacemos un llamado tanto al Estado venezolano como a la comunidad internacional para que atiendan las recomendaciones de preservar la verdad y memoria de las voces de quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos”, opinó finalmente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
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