El abogado Omar Mora Tosta denunció este jueves, 28 de mayo, una nueva maniobra judicial que busca redistribuir las causas de múltiples presos políticos desde los Tribunales de Juicio en Terrorismo de Caracas hacia tribunales ordinarios en el interior del país.
Según denunció, esta medida intenta ocultar el “desmantelamiento” de una jurisdicción ilegal para procesar ahora a los detenidos por delitos comunes, tras años de mantenerlos bajo acusaciones de terrorismo basadas en falsos supuestos.
Mora Tosta, abogado defensor de los presos políticos excarcelados Víctor Castillo, Henry Alviarez y Dignora Hernández; informó que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo notificó que muchas de las causas que reposaban allí fueron solicitadas por la presidencia del circuito judicial penal de Caracas para ser enviadas a tribunales regionales, bajo la supuesta excusa de “descongestionar” el tribunal.
El abogado enfatizó que la única solución jurídica válida es la nulidad absoluta de todas las causas, argumentando que estos tribunales fueron creados mediante una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por una ley, como exige la Constitución. Además, “se trata de tribunales ad hoc“, proscritos internacionalmente, cuya única función ha sido juzgar por razones políticas. Finalmente, explica que se ha vulnerado sistemáticamente el debido proceso, el derecho a la defensa y el estado de derecho de ciudadanos que son inocentes.
Mora Tosta adelantó que los equipos de defensa se apersonarán en cada una de las jurisdicciones del interior del país a donde sean remitidos los expedientes para “hacer valer los derechos y garantías inherentes a la persona humana”.
Trasladar las causas a jueces ordinarios no subsana la ilegalidad
La ONG Acceso a la Justicia calificó de improcedente el movimiento de expedientes entre distintos tipos de tribunales sin una base legal. Para la organización, la naturaleza y el origen de los tribunales de terrorismo exigen que las resoluciones del TSJ que los crearon sean revocadas por inconstitucionales, en lugar de simplemente redistribuir los casos.
“Al ser juzgadas por tribunales que nacieron viciados de origen, no existe posibilidad alguna de convalidar sus decisiones ni los procesos que allí se tramitaron. En consecuencia, el hecho de distribuir los casos a jueces ordinarios no subsana las actuaciones realizadas”, sentenció la ONG.
Acceso a la Justicia exhortó a que se anulen todas las privaciones de libertad, acusaciones admitidas y sentencias dictadas bajo esta jurisdicción especial, exigiendo la inmediata puesta en libertad de todos los ciudadanos afectados.
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