José Antonio Kast, presidente de Chile, envió al Congreso dos reformas destinadas a reforzar el control migratorio. Entre las medidas planteadas figura la ampliación del período de retención de extranjeros en situación irregular, que pasaría de cinco a 60 días prorrogables para facilitar la ejecución de expulsiones.
“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo cinco días”, afirmó Kast.
El mandatario realizó el anuncio desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica, el domingo.
La propuesta contempla una reforma constitucional que permitiría modificar la Ley de Migración y Extranjería. El proyecto incluye la posibilidad de aplicar hasta dos extensiones adicionales de 60 días, siempre que existan fundamentos que las justifiquen.
Según explicó Kast, la medida busca otorgar mayores facultades al Estado para ejecutar órdenes de expulsión: “Son más herramientas que podría tener el Estado para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que cae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión”.
El mandatario informó además sobre una iniciativa legal orientada a sancionar tanto el ingreso como la salida irregular de migrantes. La propuesta también busca castigar a quienes colaboren con su traslado.
“Estamos planteando una modificación al Código Penal para que también sea constitutivo de delito y un agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación, y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular”, señaló.
Cifras de inmigración irregular
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualmente hay más de 330.000 extranjeros en condición migratoria irregular en Chile.
Durante 2025, se registraron 26.275 denuncias por ingresos a través de pasos no habilitados. La cifra representa una reducción de 10,2% en comparación con 2024 y de 53,6% frente al récord alcanzado en 2021, cuando se contabilizaron 56.586 denuncias. Las autoridades han señalado que la mayoría corresponde a ciudadanos venezolanos.
El año pasado se dictaron 23.778 expulsiones administrativas, la cifra más alta desde 2016. Del total, 64,2% afectó a venezolanos, 12,7% a colombianos y 11,9% a bolivianos.
Sin embargo, entre las expulsiones efectivamente ejecutadas, los ciudadanos colombianos representaron el 50,7%. Esta situación se produjo luego de que Chile y Venezuela suspendieran relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, lo que impidió la deportación de venezolanos.
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