La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles 10 de junio el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocido como El Helicoide, luego de emitir un fallo en el caso de la detención y reclusión en ese lugar de Jorge Rojas Riera
“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención El Helicoide”, indicó en un comunicado la CorteIDH.
En la sentencia, el organismo internacional indicó que constató que varios organismos internacionales, los cuales monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela, han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“La Corte concluyó que El Helicoide no cumple con los requisitos materiales mínimos para el tratamiento digno de las personas privadas de la libertad, por lo que determinó que la permanencia en ese centro constituye per se un trato violatorio del derecho a la integridad personal”, expuso el manifiesto.
La CorteIDH recordó que la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), indicó que había motivos suficientes para afirmar que un número importante de personas privadas de la libertad en El Helicoide fueron víctimas de detención arbitraria, así como de torturas.
La instancia declaró responsable al Estado venezolano por restringir la participación de Rojas en una protesta pacífica, así como violar su libertad de pensamiento y expresión. Rojas fue detenido durante un operativo policial realizado por agentes de la desaparecida Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira de Caracas, en el marco de una jornada de protestas contra el entonces presidente Hugo Chávez.
“Rojas fue objeto de actos de tortura, golpeado en distintas partes de su cuerpo, objeto de amenazas de violencia sexual, numerosos vejámenes, apuntado con armas de fuego, y objeto de simulacros de ejecución”, expuso el comunicado de la instancia internacional.
En agosto de 2004, un tribunal venezolano sentenció a Rojas a cuatro años y seis meses de cárcel por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. La defensa legal de Rojas presentó recursos de apelación, pero fueron declarados inválidos por la Corte de Apelaciones. En junio de 2009 el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró la extinción de la responsabilidad penal de Rojas y ordenó su libertad plena.
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