La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, estará un año más en el poder. La Asamblea Nacional, que controla el sandinismo, aprobó una reforma constitucional -la segunda en año y medio- que extenderá de seis a siete años el mandato presidencial, la de los cargos de elección popular y de las principales instituciones del país centroamericano, entre ellas la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, alcaldías e incluso los mandatos policiales y del Ejército.
En una sesión que se celebró en la ciudad de León, lejos de Managua, se votó por «unanimidad» los cambios constitucionales que no solo crearán un mandato de siete años, sino que además prohibirán a la oposición participar en los comicios, algo que por la vía de los hechos ya el régimen había hecho en el año 2021 cuando en las últimas presidenciales detuvo a candidatos opositores y eliminó los principales partidos políticos que adversaban a Ortega y Murillo.
El pasado 19 de julio, en un acto por la celebración de los 47 años de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza y la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega proclamó que en el país «no va a haber más elecciones», lo que desató una ola de condena internacional por el nuevo intento de perpetuarse en el poder.
A los pocos días se conoció que los cambios serían por una reforma constitucional, una que se da después de la hecha en el año 2025 cuando se creó la «copresidencia», se eliminó la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, al crearse una Procuraduría General de Justicia, convertida desde entonces como un superministerio que no solo se encarga de procesar a señalados de corrupción, sino también de entregar concesiones mineras y recaudar impuestos nacionales y aduanas, entre otras importantes funciones.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, anunció que los cambios constitucionales serán para los artículos 2, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166.
Daniel Ortega anuncia el fin de la alternancia en Nicaragua: aquí no volverá a haber elecciones
Mandatos presidenciales de siete años
La reforma se centra en «establecer períodos de mandatos de siete años para cargos de elección popular, funcionarios electos por la presidencia o los electos o ratificados por la Asamblea Nacional, así mismo normar constitucionalmente el período de siete años para el Comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y para los jefes de las fuerzas policiales de la Policía Nacional», explicó Porras, un operador político del régimen.
Otro cambio introducido fue el de impedir que las leyes, decisiones o actuaciones tomadas por instancias internacionales no tengan aplicación dentro de Nicaragua.
Porras explicó que ese cambio específico es el de «no permitir la aplicación de leyes extraterritoriales por parte de cualquier Estado, grupo de Estados u organismos internacionales, prohibir optar a cargos públicos de elección popular a quienes participen en actos golpistas, traición a la patria, soliciten intervención militar, injerencia extranjera, incluyendo sanciones o financiamiento externo, así como cualquier violación a los principios fundamentales de la Constitución Política de la República de Nicaragua».
Así respondió la dictadura a la decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de convocar una reunión consultiva de cancilleres de sus países miembros para tomar medidas específicas contra Ortega y Murillo.
La reforma electoral de Daniel Ortega en Nicaragua plantea un mandato de siete años «renovables»
Estados Unidos pide romper relaciones con Nicaragua
Una de las principales reacciones ante esta decisión del régimen vino de Estados Unidos, que este año ha sometido a sanciones a los principales operadores políticos, económicos y funcionarios del sandinismo.
En un comunicado de prensa, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó la decisión como una medida de Ortega y Murillo para «afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas».
Llamó a los países de la región a romper relaciones políticas y económicas con la dictadura de Nicaragua ante este nuevo cambio constitucional.
«Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisférica. Estados Unidos insta a los socios internacionales a cesar de inmediato las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura», expresó Rubio.
Muere preso político de Nicaragua Brooklyn Rivera: estuvo en desaparición forzada por más de 900 días
Murillo desafía al continente
Horas antes de la votación legislativa, la codictadora Rosario Murillo en su mensaje diario al país afirmó que «nunca claudicaremos en la defensa de nuestro derecho a ser consecuentes, leales con los ideales y valores del cristianismo y de nuestra revolución», según los medios independientes nicaragüenses desde el exilio.
Porras al presentar el documento añadió desde León que “el pueblo presidente (como se hace llamar el régimen) considera que estas reformas representan una garantía para que las y los vendepatrias, las y los golpistas, y aquellos que pongan en riesgos los principios fundamentales de nuestra Constitución Política no pueden ni podrán participar en la vida política nacional”.
Un mensaje dirigido a los dirigentes políticos opositores en el exilio, a quienes primero encarcelaron y después expulsaron de Nicaragua hacia países como Estados Unidos y Guatemala desde el año 2023. No conforme con eso, los desnacionalizaron e intervenieron sus bienes en territorio nicaragüense.
Ahora, los comicios presidenciales no se celebrarán en el año 2027 como lo fijó la reforma del año 2025, sino en noviembre de 2028. También se extenderá a siete años el mandato para alcaldes, vicealcaldes y concejales, diputados del Parlamento Centroamericano, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y los que designe la Presidencia de la República de Nicaragua.
En un cambio más cosmético, la toma de posesión se trasladó del 10 de enero, cuando se recordaba el asesinato de Pedro Chamorro a manos de la dictadura de Somoza, al 18 de enero para hacerla coincidir con el día del nacimiento del poeta Ruben Darío.
