Un grupo de trabajadores de la Defensoría del Pueblo alertó sobre una ola de despidos y situaciones de acoso laboral tras el cambio de gestión en la institución. Según los denunciantes, al menos 25 funcionarios han sido removidos de sus puestos en la sede capitalina, en un proceso que ha generado malestar y preocupación entre el personal.
Caso emblemático: jubilación denegada Entre las situaciones más graves se encuentra el de una funcionaria de 61 años, con 18 años de servicio en la institución, a quien se le habrían negado los beneficios de su jubilación especial antes de ser despedida.
Reorganización cuestionada Los afectados aseguran que, desde la llegada de la nueva directiva, se ha iniciado un desmantelamiento de los equipos técnicos, lo que ha afectado el funcionamiento interno de la Defensoría.
"No es solo una reestructuración, es una persecución contra quienes llevamos años sirviendo a la institución".
