El Senado francés ha dado luz verde a una normativa que establece la responsabilidad financiera compartida entre quienes participen en protestas donde se registren saqueos o disturbios. De acuerdo con el texto legal, los manifestantes podrán ser obligados a reparar los perjuicios económicos causados durante las movilizaciones, incluso si no fueron los autores directos de los actos vándalos. Además, la medida afectará también a quienes decidan permanecer en zonas conflictivas tras una orden policial de desalojo.
La aprobación se concretó con 229 votos a favor y 105 en contra. El proyecto avanzó gracias al respaldo del partido de derecha Agrupación Nacional, pese a las críticas de la izquierda, que califica varias de sus disposiciones como inconstitucionales. Actualmente, la ley pasa a debate en la Asamblea Nacional, donde ningún grupo político cuenta con mayoría absoluta, según informaciones de *Le Monde*.
Medidas previas del Gobierno
Antes de la votación, el Ejecutivo francés ya había adoptado una postura más firme frente a las manifestaciones. El 22 de octubre, el presidente Emmanuel Macron anunció la prohibición de concentraciones no sindicales en los próximos días:
"Allí donde podamos, prohibiremos"
Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, solicitó a las empresas de telecomunicaciones que se preparen para suspender el acceso a redes sociales en caso de nuevos brotes de violencia.
Origen y expansión de las protestas
Las movilizaciones en Francia surgieron a mediados de septiembre, impulsadas por estudiantes de secundaria que denunciaban la escasez de docentes, el hacinamiento en las aulas y el deterioro de las infraestructuras educativas. Con el tiempo, el descontento se extendió a otros sectores, incorporando reclamos contra el alza del costo de vida. El 17 de octubre, una jornada nacional de protestas derivó en saqueos, incendios y enfrentamientos en varias ciudades.
El malestar social ya ha traspasado fronteras. Países como España, Bélgica, Grecia, Portugal, Italia y Albania han sido escenario de manifestaciones, algunas de las cuales han derivado en actos violentos. Las causas incluyen desde la crisis habitacional hasta el deterioro del sistema educativo o el incremento en el precio de los combustibles.
