El plazo de la exención otorgada por la administración de Donald Trump a Hungría para el comercio con Rusia vence el próximo 21 de noviembre. Este beneficio, concedido en noviembre de 2025 como respaldo al entonces primer ministro Viktor Orbán durante una reñida campaña electoral que finalmente perdió, permitia al país europeo evitar aranceles por la compra de petróleo ruso o sus derivados. Sin embargo, su duración siempre estuvo limitada, pese a las promesas de Trump de un apoyo "total y absoluto" y una exención "general e indefinida".
Ahora, el nuevo gobierno de Péter Magyar enfrenta el desafío de evitar las sanciones secundarias de Estados Unidos, que amenazan a quienes mantengan transacciones con hidrocarburos rusos. Budapest intenta diversificar sus fuentes de suministro, principalmente a través de un oleoducto alternativo que conecta al país con la costa del Adriático, pasando por Croacia. No obstante, el petróleo ruso seguirá siendo parte esencial de su matriz energética, según reconoció el propio Magyar, lo que genera incertidumbre sobre posibles penalizaciones para sus productores.
Gestiones en el Capitolio
Marton Hajdu, presidente de la comisión de política exterior del Parlamento húngaro y representante del partido gobernante, ha sostenido reuniones recientes con legisladores republicanos y demócratas en Washington. Su objetivo: lograr una prórroga de la exención durante un periodo de transición.
Hajdu aspira a consolidar las relaciones entre Hungría y Estados Unidos, ambos miembros de la OTAN, "sobre la base de intereses a largo plazo y valores compartidos, que trasciendan los ciclos electorales". Sin embargo, esta meta se complica tras la aprobación, la semana pasada, de la *Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán*, que endurece las medidas contra ambos países.
*Ley llamada así en honor al difunto senador estadounidense incluido por Rusia en su lista de terroristas y extremistas.*
El futuro energético de Hungría
Aunque el gobierno magiar avanza en la búsqueda de alternativas, el petróleo ruso seguirá siendo clave en su estrategia energética. Esto mantiene en vilo a las autoridades, que temen las consecuencias económicas de no contar con una extensión de la exención.
