Por Andrea Barrios
Barquisimeto.- Organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones a los derechos humanos exigieron este 1 de septiembre al fiscal general de la República Larry Devoe Márquez la apertura inmediata de investigaciones contra el militar venezolano Rafael Quero Silva, deportado desde Estados Unidos el pasado 18 de agosto.
Denuncias acumuladas en el estado Lara
En las fiscalías 21 y 9 del estado Lara reposan más de una decena de denuncias por torturas y amedrentamiento a la sociedad civil. Estos hechos ocurrieron durante la represión postelectoral de 2013 y las protestas civiles de 2014, ejecutados por el Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), bajo el mando de Quero Silva. Así lo señaló Manuel Virguez, director de la ONG Movimiento Vinotinto, durante una rueda de prensa, en la que además señaló que los casos están amparados por la legislación nacional e internacional:
“En el Ministerio Público reposan esas denuncias, no deben haber sido desestimadas porque la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes todavía está vigente en este país, establece que esos son crímenes de lesa humanidad y no prescriben y estamos hablando de la legislación venezolana. Asimismo, está la Ley de Protección hacia las Víctimas, Testigos y otros Sujetos Procesales que establece que debe establecerse una protección a las víctimas que están en el país que en este momento tienen el temor de dónde está el señor Rafael Quero Silva”, dijo Virguez.
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Casos documentados de tortura y represión
Durante la presentación a medios, Virguez destacó expedientes específicos de abusos cometidos por los efectivos militares:
Uno de ellos, Ehisler Vásquez, quien fue herido gravemente con cinco perdigones que le desfiguraron el rostro en 2013. Ivonne Echengucia, víctima de descargas eléctricas, quien actualmente está en el exilio. Así como tres jóvenes estudiantes de la Universidad Fermín Toro, a quienes les cortaron el cabello y bañaron en orine en 2014.
De acuerdo a Virguez, Movimiento Vinotinto documentó 110 detenciones arbitrarias de manifestantes en 2013, principalmente en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Barquisimeto. Para el año 2014, la cifra superó las 700 detenciones, generando 334 procesos penales que motivaron la creación de dicha organización defensora de derechos humanos.
Testimonio directo de las agresiones
Gaetano Acosta, víctima de la represión en 2014, narró a los presentes los abusos sufridos junto a otros 10 compañeros dentro del Destacamento 47:
“Fui subido a la tanqueta golpeado, esposado y amenazado con la ruleta rusa de las armas que cargaban la GNB contra mi persona. Nos disparaban para ver si esa bala iba a la cabeza de nosotros o éramos llevados a Uribana (cárcel). Él mismo (Rafael Quero Silva), personalmente, yo lo ví cuando dio la orden de actuar contra nosotros física y psicológicamente. Nos daban golpes en diferentes partes del cuerpo, nos amenazaban de muerte y fuimos interrogados por el Sebin, nos obligaban a dar declaraciones en contra de nuestra voluntad”
Por su parte, Guillermo Palacios, diputado ante la Asamblea Nacional de 2015, presentó un informe sobre torturas y tratos crueles, señalando además la participación de colectivos armados en los hechos violentos de aquellos años. La Red de Derechos Humanos respaldó la solicitud de justicia ante las instancias judiciales.
Estatus legal y paradero desconocido
Rafael Quero Silva, antiguo comandante del Destacamento 47 de la GNB (actual Destacamento 121), residía en condición irregular en Florida desde 2016. En febrero de 2025 fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Tras enfrentar procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos, un tribunal migratorio ordenó su deportación a Venezuela el 18 de agosto. Desde su llegada al país, su paradero es desconocido y las autoridades venezolanas mantienen hermetismo sobre su ubicación y estatus legal actual, mientras que sus víctimas exigen justicia.
