La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictaminó en contra de la demanda de nulidad presentada contra el proyecto de construcción de Puerto Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí. Este fallo pone fin a una larga batalla legal entre dos magnates estadounidenses por el destino de una de las zonas ecológicas más valiosas del país.
El veredicto favorece al empresario John McKeown, director de Ocean Pacific Investments (OPI) y promotor del proyecto portuario, mientras que representa un revés para Louis Bacon, dueño de un complejo ecoturístico en la región, quien había expresado su preocupación por los posibles daños ambientales que podría generar la obra.
Decisión judicial
El tribunal declaró válida una resolución emitida en enero de 2024 por el Ministerio de Ambiente de Panamá, que había aprobado el estudio de impacto ambiental del proyecto. Según la sentencia, los demandantes no lograron demostrar las supuestas violaciones legales alegadas, y se determinó que no existe superposición entre el proyecto y el área de manglar, lo que permite a OPI avanzar con sus inversiones.
Origen del conflicto
El litigio surgió cuando varias organizaciones sin fines de lucro impugnaron la aprobación ambiental otorgada a OPI. Estas entidades argumentaron que el futuro puerto podría afectar negativamente una zona ecológicamente sensible de Panamá, a pesar de que los promotores del proyecto aseguran que será gestionado bajo estándares "verdes" y contribuirá a reducir la presión sobre los centros comerciales de Ciudad de Panamá.
Reacciones
"Aceptamos esta decisión con respeto y responsabilidad. Siempre hemos creído en las instituciones panameñas", declaró Ismael González, director general de Puerto Barú en David. "Chiriquí tendrá su puerto", destacó.
Por su parte, seis organizaciones ambientalistas manifestaron, a través de un comunicado difundido el 30 de octubre por la prensa, que aunque respetan la sentencia, su demanda no buscaba probar una superposición entre el proyecto y el área de manglar. En cambio, su objetivo era demostrar que el polígono del proyecto, incluido su canal de navegación, se solapaba con un área protegida.
El Ministerio de Ambiente de Panamá, por su lado, acató la resolución y aclaró que el estudio de impacto ambiental "sigue vigente". Ahora, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
El proyecto de Puerto Barú, con una inversión privada estimada en 250 millones de dólares, continuará su desarrollo conforme al marco legal y ambiental aplicable, así como a las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.
