A las afueras de la cárcel de Yare II, una mujer permanece sentada sobre un pequeño muro de concreto que se ha convertido en su refugio. Su nombre es Vilma García, madre de Antony Lamuño García, de 30 años, detenido desde el 14 de abril de 2025 en Caracas. Lleva cinco semanas sin moverse de allí, tras conocer sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. Han sido días de sol, lluvia, cansancio, esperanza y miedo.
Antony, oriundo de San Fernando de Apure, está recluido en el módulo tres del penal junto con al menos otros 160 detenidos por razones políticas. Su madre lo describe como un joven trabajador. “Mi hijo no es un delincuente, no es un terrorista. Es padre, hermano, hijo, un muchacho de familia”, repite desde las afueras del centro de detención ubicado en en los Valles del Tuy, estado Miranda.
El 14 de abril del año pasado, Antony asistió a una actividad pública donde estaría presente Nicolás Maduro. El muchacho, quien para entonces era dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) en San Fernando de Apure, grabó con su teléfono el momento de la llegada del líder oficialista mientras hablaba con un tío al que llaman “Show”.
Esa palabra quedó registrada en el video que luego subió a su estado de WhatsApp. Para alguien cercano al PSUV, aquello fue suficiente para acusarlo de burla y delatarlo con las autoridades. Horas después, fue detenido por la Dgcim.
Durante la revisión de sus redes sociales los funcionarios encontraron una fotografía tomada hace diez años junto al dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup. Esa imagen antigua se convirtió en otro argumento para mantenerlo bajo custodia.
Una familia rota
Antony tiene tres hijos: un niño de nueve años, otro de seis y una niña de dos. Dos de ellos ya no están en Venezuela. El mayor vive en Colombia; la pequeña, en Ecuador.
“El papá no sabe que sus hijos se fueron. Cuando él pregunta por ellos, yo le digo que están bien, que la niña ya camina… pero la verdad es que no están aquí. ¿Cómo le digo eso estando en una cárcel?”, cuenta Vilma con la voz quebrada.
Ella duerme en la casa de una amiga que decidió darle abrigo en los Valles del Tuy, una subregión del estado Miranda que queda a siete horas de San Fernando de Apure por vía terrestre. Come lo que puede. A veces se descompensa, a veces llora, a veces ríe con otras madres que también esperan.
“Aquí enfermamos, sanamos, lloramos y reímos, pero aquí estamos. No me quiero ir sin mi hijo. No puedo”, dice entre lágrimas.
Desde que se habló públicamente de posibles liberaciones, ella tiene todo listo en casa: la ropa limpia, la comida favorita de Antony, el cuarto ordenado. “Estamos preparados para recibirlo. Solo falta que lo dejen salir”.
Entre las heridas y la sanación
Vilma no pide beneficios, ni medidas especiales. Pide libertad plena. “Grabar un video no es un delito. Tomarse una foto con un personaje público tampoco. Mi hijo no hizo nada malo”, insiste.
Al cierre de la entrevista deja una frase que resume el dolor de todas las familias que esperan afuera de Yare: «Dicen que quieren sanar heridas. Sanen las nuestras entregándonos a nuestros hijos”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
