La ONG Laboratorio de Paz señaló que la reciente designación de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa implica riesgos para una transición democrática.
La ONG, a través del informe titulado “Expediente Gustavo González López Responsabilidad de mando, DDHH y aparato de inteligencia en Venezuela”, alertó que colocar al frente del aparato militar a una figura vinculada al sistema de represión documentado por organismos internacionales es “incompatible con una transición democrática basada en derechos humanos”.
La organización advirtió que la llegada de González López al Ministerio de Defensa proyecta sobre el ámbito militar una “trayectoria asociada a prácticas de represión” que no constituye una señal de cambio, sino de continuidad en el modelo de gestión del poder basado en el control y la coerción.
“En el contexto de un eventual proceso de transición, la permanencia o designación de personas vinculadas a violaciones de derechos humanos en posiciones clave del sector seguridad constituye un obstáculo estructural para la reforma institucional, la rendición de cuentas y la construcción de garantías de no repetición”, se lee en el informe.
A continuación los hallazgos más relevantes del informe:
Existencia de un patrón sistemático de represión
Los hechos documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos evidencian la existencia de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual.
Laboratorio de Paz señaló que en Venezuela no se trató de excesos aislados, sino de un sistema organizado de represión y dentro de ese sistema, Gustavo González López ocupó una posición relevante de dirección.
Sebin como instrumento de control
En el informe, la ONG destacó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) operó como un instrumento fundamental dentro de esta política, utilizando la inteligencia para identificar, vigilar y neutralizar a personas consideradas opositoras o críticas del poder.
“La inteligencia fue utilizada no para proteger al Estado, sino para controlar a la sociedad. Este modo de operación fue consolidado y sostenido por directores del organismo, entre ellos Gustavo González López“, indicó el informe.
Responsabilidad de mando
Según refiere el informe de Laboratorio de Paz, los elementos documentados permiten sostener que Gustavo González López, en su condición de director general del Sebin, ejercía control efectivo sobre el organismo, ordenaba operaciones y tenía conocimiento —o debía tenerlo— de las violaciones que se cometieron en la última década.
La Misión encontró motivos razonables para creer que tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
“No se trata de responsabilidad meramente indirecta: existen elementos que apuntan a control, conocimiento y participación. Organizaciones
como Human Rights Watch lo han identificado como uno de los altos funcionarios a cargo de estructuras implicadas en abusos”, afirmó el estudio.
Inserción en una cadena de mando político
El estudio apuntó a que la actuación del Sebin se encontraba articulada con decisiones de alto nivel, lo que indica que las violaciones formaban parte de una política estatal orientada a la represión de la disidencia.
La represión no fue el resultado de excesos aislados de funcionarios, sino de una política que descendía a través de la cadena de mando.
Calificación jurídica de los hechos
Las conductas documentadas en distintos informes de organizaciones defensoras de derechos humanos constituyen graves violaciones de derechos humanos y, en determinados casos, pueden encuadrarse dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, en tanto forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
Laboratorio de Paz reseña que los elementos analizados en este informe permiten sostener que existen motivos razonables para atribuir responsabilidad de mando a Gustavo González López, sin perjuicio de las determinaciones que correspondan a instancias judiciales competentes.
Reconocimiento internacional de la gravedad de los hechos
La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa implica que una persona señalada por organismos internacionales en
relación con graves violaciones de derechos humanos asume el control de la Fuerza Armada.
La imposición de sanciones por parte de múltiples jurisdicciones —incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá— refleja una valoración coincidente sobre la gravedad de las acusaciones vinculadas a su actuación.
“No se trata de un señalamiento aislado, sino de una preocupación sostenida en distintos ámbitos internacionales”, señaló la ONG.
Implicaciones de su designación como Ministro de Defensa
La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa proyecta sobre el ámbito militar una trayectoria asociada al aparato de inteligencia y represión del Estado, y plantea riesgos significativos en relación con la continuidad de prácticas incompatibles con estándares democráticos, concluye Laboratorio de Paz.
En palabras de Human Rights Watch en 2019: “El nombramiento de González López debería encender las alarmas internacionales debido a su deplorable récord de atrocidades en el pasado”. Esta advertencia, según el informe de Laboratorio de Paz, adquiere renovada vigencia en el contexto actual.
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