Barquisimeto.- La noche de este martes 24 de marzo, el Tribunal Primero de Control del estado Lara otorgó libertad bajo medidas cautelares a todos los ciudadanos implicados en el caso de directivos, médicos y obreros acusados de presunta corrupción en la entidad, confirmó una fuente inmersa en el caso a El Pitazo.
Este escándalo mantuvo durante más de siete meses la atención pública sobre la gestión sanitaria del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) en Barquisimeto, mientras los familiares de los detenidos defendían su inocencia mediante protestas, grafitazos y pancartazos.
La medida beneficia a la totalidad de los señalados en el expediente, entre ellos Javier Cabrera, exsecretario de Salud de la entidad, así como médicos neurocirujanos y otros trabajadores del sector que aún se encuentran bajo investigación.
Dentro de las medidas, se les impone un régimen de presentación obligatoria cada 30 días.
Antecedentes del caso
En agosto de 2025, obreros y médicos, junto a autoridades del centro de salud como Javier Cabrera, fueron detenidos por funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) en el HCUAMP por presunto ocultamiento de insumos médicos, alquiler de equipos hospitalarios y venta ilegal de medicamentos.
Los familiares han denunciado irregularidades en el proceso judicial. Señalan que los acusados fueron presentados cinco días después de su detención, cuando la ley establece un máximo de 48 horas y durante la audiencia preliminar, a cargo de la jueza Marjouri Vargas, fue retirado uno de los defensores, hecho que motivó la interposición de nueve apelaciones, todas declaradas sin lugar.
Los familiares también critican que 12 de los detenidos están siendo imputados bajo la figura de coautoría, sin que se hayan presentado pruebas que demuestren vínculos entre ellos. Según afirman, el expediente fiscal se sustenta principalmente en “hechos narrativos”.
Cargos y posibles sanciones
Los imputados aún enfrentan cargos por: Extravío, pérdida, deterioro y daños a bienes del patrimonio público; Obtención de ventaja o beneficio económico por parte de funcionarios; Utilidad ilegal en actos de la administración pública; Acaparamiento. Y Asociación para delinquir.
De comprobarse los delitos, podrían enfrentar penas de hasta 28 años de prisión.
El caso continúa abierto y, mientras tanto, los implicados seguirán bajo supervisión judicial, enfrentando un proceso cuya culminación aún es incierta.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
