Nada fue fortuito. Detrás del arresto del exgobernante venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, hay años de investigaciones, documentos, grabaciones y evidencias.
Fue en 2020 cuando, por primera vez, se supo que el entonces presidente venezolano estaba en la mira de la justicia de Estados Unidos y que lo vinculaban con el tráfico de drogas. Pero la historia comenzó mucho antes.
Aquellos señalamientos de 2020 estaban contenidos en la primera “Acusación formal del gran jurado”, también conocida como indictment, contra Maduro. En Estados Unidos, la Fiscalía no puede actuar de manera directa cuando se trata de delitos federales graves, sino que debe cumplir con un protocolo: consignar un escrito acusatorio preliminar ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que esta lo someta a la revisión y aprobación del “gran jurado”.
Este gran jurado no tiene nada que ver con el que podría estar dentro de un posible juicio contra el exgobernante. Este grupo –que suele estar compuesto por entre 16 y 23 ciudadanos estadounidenses, mayores de 18 años y que residen en la jurisdicción del tribunal– solo se ocupa de asuntos penales preliminares y actúa de manera independiente bajo la guía de fiscales federales.
Para aprobar estos escritos acusatorios, los miembros del gran jurado –que no pueden ser funcionarios judiciales, ni pueden haber sido condenados por delitos graves– se reúnen en audiencias privadas para evaluar las pruebas presentadas por el fiscal y determinar si existen “motivos fundados” (probable cause) para creer que una persona cometió un delito y debe ser juzgada.
El gran jurado sí creyó que Maduro había cometido no uno sino varios delitos. Por eso emitió el indictment de 2020 y listó los cargos.
Pero las investigaciones no llegaron hasta allí. Continuaron y, por eso, la versión de 2020 cambió y debió ser sometida a otra revisión del gran jurado. El nuevo documento se conoció en enero de 2026, justo después de que Estados Unidos arrestó a Maduro y Flores en Caracas en medio de bombardeos selectivos que les permitieron actuar a sus anchas en territorio venezolano. Además de Maduro, el indictment de 2026 incluye a Flores, al diputado Nicolás Maduro Guerra (hijo de Maduro), al actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; y el exministro Ramón Rodríguez Chacín.
Hoy, la otrora pareja presidencial pasa sus días en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad que alberga detenidos antes del juicio y es famosa por alojar a reclusos de alto perfil.
Al momento de la publicación de este reportaje, Maduro y Flores están en apenas en la fase discovery, que es cuando la Fiscalía muestra a los abogados de los acusados todas las pruebas recabadas, incluso aquellas que puedan sugerir la inocencia del matrimonio. Mientras que Maduro está señalado por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y otras armas, y conspiración para poseer ametralladoras y otras armas; Flores enfrenta los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y otras armas, y conspiración para poseer ametralladoras y otras armas.
Durante esta etapa, los abogados de la expareja presidencial ya introdujeron una moción sobre el cobro de los honorarios de la defensa de Maduro a Flores al Estado venezolano, sobre la cual se espera respuesta. Además, se prevé que los defensores también añadan mociones sobre la inmunidad presidencial de Maduro y la manera en la que fue extraído de Venezuela.
De acuerdo con páginas especializadas en procesos judiciales federales, la moción más común se usa para suprimir evidencia y evitar que, durante el juicio, la Fiscalía presente pruebas obtenidas de forma ilegal.
Si esto sucede, ocurre un audiencia de supresión que se lleva a cabo en corte abierta y con la asistencia de testigos. El defensor puede contra-interrogar a los testigos de la Fiscalía y presentar sus propios testigos.
Al final de estas audiencias, Maduro y Flores podrían llegar a un acuerdo con la Fiscalía (Plea Agreement) para cooperar con la justicia. El escrito debe detallar el pacto entre la parte acusadora y la defensa, señalar los cargos que se asumen y los que se descartan y puede incluir un estimado de la sentencia.
Este no es un documento definitivo, ya que el juez debe revisarlo y aceptarlo y hasta puede imponer una sentencia distinta a la del acuerdo.
Si Maduro y Flores se declaran “no culpables” deben ir a juicio, un proceso que avanza a medida de que la Fiscalía presente las evidencias a los jurados.
Durante esas audiencias, tanto Maduro como Flores pueden decidir testificar o permanecer en silencio. Ni la Fiscalía ni el jurado pueden usar este silencio en su contra.
Al final del proceso, el jurado se retira para deliberar y dar un veredicto que debe ser unánime. Si no logran ponerse de acuerdo, el juicio podría declararse nulo.
Si la expareja presidencial es hallada culpable, debe esperar por la sentencia del juez y apelarla, en caso de que así lo desee.
Si la corte de apelaciones halla un error significativo en la sentencia, se revoca la decisión del juez. Todos o algunos de los cargos pueden ser descartados o desestimados.
En este último caso, el acusado podría ser sometido a un nuevo juicio o le pueden modificar la condena e imponer una nueva sentencia.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
