Tras permanecer un año y un mes detenida en la cárcel de mujeres La Crisálida, este sábado 28 de marzo excarcelaron a la abogada Blanca Suárez, apoderada del diario La Voz. Así lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) en su cuenta de X.
A Suárez la detuvieron el 25 de febrero de 2025. De acuerdo con las actas procesales, su aprehensión estuvo vinculada a su rol como apoderada judicial del Diario La Voz en un recurso contencioso tributario.
Le imputaron los delitos de asociación para delinquir, retraso u omisión intencional de funciones y ventaja o beneficio económico de funcionarios públicos.
Sus familiares denunciaron que aunque la abogada sufría de crisis de presión arterial con frecuencia, no había recibido atención médica especializada.
Sus abogados introdujeron una solicitud de sobreseimiento del caso, en el marco de la Ley de Amnistía, el 5 de marzo pasado. “Sin embargo, recibió la libertad por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa”, precisó el Sntp.
Un cierre cuestionado
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenó el cierre del diario La Voz el 2 de octubre de 2024. El periódico tenía 58 años de circulación en 21 municipios del estado Miranda.
Previamente funcionarios del ente habían visitado las oficinas del medio y alegaron que su cartelera fiscal estaba desactualizada y ordenaron el cierre por unos días. Sin embargo, en octubre se presentaron a los galpones donde se imprimía el periódico y clausuró las instalaciones.
“Rechazamos la censura indirecta contra medios y periodistas”, escribió entonces el Sntp en X. Además cuestionaron que la acción dejaba al personal sin empleo. Otros activistas cuestionaron la medida y afirmaron que era una vulneración a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
El 2 de marzo pasado el Sntp y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) recordaron que se cumplían 600 días del cierre del medio de comunicación y que este se ejecutó por razones políticas. El CNP cuestionó que el sistema judicial impuso medidas cautelares exageradas contra los accionistas del periódico incluyendo el bloqueo de sus cuentas bancarias, la prohibición de vender sus bienes y restricciones para salir del país.
“Asimismo, el sistema judicial mantiene la detención del juez que dictó el Amparo Constitucional en favor del medio, una decisión que hasta la fecha no ha sido acatada”, añadió el sindicato.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
