No es paranoia ni una teoría conspirativa. En Venezuela existe un aparato de vigilancia para el control político y social de la población, que facilita la represión sistemática de la disidencia. Se calcula que la infraestructura tecnológica que se utiliza ha costado más de mil millones de dólares.
Un análisis de la organización Conexión Segura y Libre, junto al Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, detalla cómo el Estado combina sistemas de monitoreo en video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques, entre otros, para espiar a la ciudadanía. Aseguraron que estas prácticas siguen vigentes pese a la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.
El informe señala que la aplicación de distintos métodos en simultáneo “transforma la participación política, protegida constitucionalmente, en actividades de alto riesgo que requieren medidas de seguridad operativas”. Recalcan que esta infraestructura de vigilancia trasciende tecnologías individuales y actores institucionales y crean una severa restricción del espacio cívico.
Destacaron la necesidad de exigirles responsabilidad a los proveedores de estas tecnologías, ya que estos contribuyen a la violación de los derechos humanos de las y los venezolanos.
Videovigilancia, drones y GPS
La investigación indica que la infraestructura del circuito cerrado de televisión (CCTV) ha pasado de ser una herramienta para la seguridad pública a un arma de control político.
“Las capacidades avanzadas de reconocimiento facial y detección de matrículas, reforzadas además con inteligencia artificial, operan sin protección de la privacidad, supervisión judicial ni mecanismos de consentimiento ciudadano”, explicaron.
Señalan al sistema de respuesta a emergencia VEN911, que integra extensas redes de cámaras, “lo que permite la rápida identificación y localización de disidentes, manifestantes y opositores políticos”.
Además, las fuerzas de seguridad del Estado, hacen un uso sofisticado de drones que operan sin regulación ni supervisión, “combinando sistemas técnicos avanzados con tácticas de guerra psicológica”.
Estos drones suelen realizar vuelos nocturnos en zonas de protesta y zonas residenciales donde viven actores de la oposición con dos objetivos: recopilar información sobre patrones de movimiento y al mismo tiempo crear un efecto disuasorio y de intimidación.
También destacaron el empleo de dispositivos de rastreo GPS “que fueron descubiertos en vehículos de familiares de presos políticos y que contaban con funciones de escucha revelan el uso de capas de vigilancia encubierta que proporcionan datos continuos de ubicación y audio ambiental”.
🚨DENUNCIA URGENTE | Funcionarios no explican la naturaleza del dispositivo puesto en el vehículo de Margareth Baduel durante el cierre de la #RutaGlobalPorLaJusticia
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciamos un hecho de extrema gravedad ocurrido el… pic.twitter.com/iabu391LwK
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 19, 2025
El Sistema Patria, la VenApp y el ciberpatrullaje
El informe “Los vigilantes en la mira. Tecnologías para el control político en Venezuela”, advierte que el Sistema Patria revela el uso de plataformas digitales al servicio del control ciudadano, donde el acceso a los beneficios sociales se condiciona al registro obligatorio y al suministro continuo de información personal. El hecho de que su dirección web está registrada a nombre del PSUV, “demuestra hasta qué punto están integrados de modo operativo el aparato estatal y la estructura del partido”.
El diseño técnico del Sistema Patria “permite mapear las relaciones de los usuarios con otras personas e instituciones, lo que permite a quienes administran la plataforma crear redes de conexión detalladas incluso de personas no usuarias”.
Entre otros aspectos, cuestionan la aplicación VenApp para facilitar la denuncia sistemática de actividades críticas al Gobierno. También señalan que el ciberpatrullaje sistemático a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería “se ha convertido en una maquinaria integral de persecución digital que criminaliza la expresión en línea”.
Recordaron cómo la Operación Tun Tun en 2024 integró múltiples vías de vigilancia en mecanismos coordinados para la persecución: La VenApp, grupos en Telegram que filtraron datos personales, campañas de intimidación en Instagram y arrestos de puerta a puerta.
Comunicaciones pinchadas, ciberataques y revisión de celulares
Los expertos indican que la intercepción de las telecomunicaciones es el componente más intrusivo del aparato de vigilancia en Venezuela y se ha documentado que no tienen una justificación legal legítima.
Por su parte, CANTV ofrece acceso directo “a datos de telecomunicaciones y capacidades de vigilancia del tráfico de Internet”. A esto se suma que las leyes facilitan el abuso: el Código Procesal Penal exige que, las instituciones de telecomunicaciones mantengan disponibilidad 24/7 para procesar solicitudes de intercepción. Además, no existe una supervisión independiente a estas acciones.
El informe afirma que el Estado impulsa de manera sistemática ciberataques y combina capacidades técnicas con la coordinación entre múltiples entidades gubernamentales. Como ejemplo mencionan las cómo campañas de phishing (ciberataque que usa el engaño) a gran escala sabotearon iniciativas de la oposición como Voluntarios por Venezuela y Héroes de la Salud, las redes de Comanditos.
Además, el reporte destaca cómo la revisión de celulares sin orden judicial se ha convertido en una práctica generalizada que combina control, intimidación, castigo y extorsión, y viola normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, personas de alto perfil pueden ser sometidas a inspecciones de equipos en aeropuertos, durante las cuales se pueden llevar a cabo análisis forenses.
El análisis plantea que las organizaciones de la sociedad civil deben promover la capacitación en materia de seguridad digital para las poblaciones más vulnerables. También llaman a organizarse para exigir responsabilidades a los proveedores de tecnología de vigilancia, así como para establecer mecanismos de seguimiento e intercambio para facilitar la documentación de estas prácticas y sus impactos en los derechos humanos de las y los venezolanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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