La justicia de Argentina, a través de un tribunal federal, emitió una solicitud de extradición contra el excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se encuentra en España y es acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en las protestas antigubernamentales de 2014 en Venezuela.
Es requerido por el asesinato de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años. Militares la atacaron en febrero de 2014 cuando la joven participaba en una manifestación en el estado Carabobo.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune. Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, dice Rosa Orozco, madre de Geraldine y fundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en una nota de prensa de InterJust publicada este 1 de junio.
Verdú Torrelles se encuentra en Galicia, España, y un juez argentino dictó una orden de extradición que el Ministerio de Relaciones llevó a autoridades españolas.
En marzo de 2026, el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso, que se encuentra ahora ante el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2 de la Audiencia Nacional.
“Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas”, afirmó Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust.
La causa en contra de Verdú Torrelles y otros 13 militares venezolanos se abrió en 2023 tras la presentación de una denuncia de la organización InterJust que tomó en consideración la jurisprudencia de Argentina en casos de violaciones de derechos humanos.
Interjust se fundó en 2022 y busca la rendición de cuentas por crímenes internacionales, principalmente alentando a las autoridades fiscales nacionales a abrir investigaciones y emitir órdenes de arresto en su mayoría en Ucrania, pero también colabora en Venezuela.
Igualmente se basa en los principios de jurisdicción universal y prevención de graves violaciones de DD.HH. de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar a autores de estos delitos en cualquier lugar y sin distinción de la nacionalidad del victimario o la víctima.
El coronel Verdú Torrelles era segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de Tocuyito, estado Carabobo en 2014, y es uno de los imputados en esa causa.
¿Quién es Ephraín Verdú?
El exfuncionario es muy activo en sus redes sociales, actualiza su información con frecuencia, y según su perfil en la plataforma de LinkedIn, actualmente está radicado en Vigo en la comunidad de Galicia, España, donde trabaja desde julio de 2025 en la empresa Grupo Eulen. Hasta 2021 estuvo en Venezuela y ejerció su último cargo como coronel del Regimiento Guardia del Pueblo del estado Aragua.
El Grupo Eulen fue fundado en 1992 y es líder en España en la prestación de servicios generales a empresas, especialista en las actividades de limpieza, seguridad, logística, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. La compañía está presente en 14 países y tiene una plantilla de más de 78.000 personas, según su página web.
“Profesional con amplia experiencia en el sector de la seguridad privada, actualmente con TIP vigente para desempeñar funciones como vigilante de seguridad, jefe de seguridad y director de seguridad”, se lee en la información que Verdú comparte.
La Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) es un certificado que garantiza que los aspirantes a ser vigilantes de seguridad están habilitados y debidamente cualificados para desarrollar sus funciones en todo el territorio nacional.
Según su perfil de LinkedIn, se mudó de Venezuela a Sevilla, España, después de noviembre de 2021, donde trabajó 8 meses (nov 2021-junio 2022) en De Todo Ya Delivery, repartidor de la cadena Burger King durante 4 meses (junio-septiembre 2022), aprendiz en TXT Transporte y Logística (julio 2022 a septiembre 2022) y Circet como instalador de fibra óptica durante 10 meses (julio 2022-abril 2023).
Prestó al menos 23 años de servicio en diferentes cargos dentro del Ministerio de Defensa entre julio de 1998 y agosto de 2021. Verdú egresó en la II Promoción Batalla de Vigirima el 5 de julio de 1998, con número de mérito 28.
Caso Geraldine Moreno
Geraldine Moreno murió el 22 de febrero de 2014, luego de que el día 19 de ese mes, durante una protesta cercana a su residencia en la urbanización Tazaja de Naguanagua, en el estado Carabobo, funcionarios de la Guardia Nacional le dispararon perdigones en el ojo «a quema ropa», tal y como lo ha denunciado en reiteradas oportunidades su madre Rosa Orozco.
El 19 de febrero de 2014, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Geraldin Moreno, de 23 años, deportista y estudiante se encontraba participando en una manifestación pacífica en la puerta del edificio donde residía, cuando un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana desde sus motos comenzaron a disparar. Geraldin corrió y cayó herida, en ese momento uno de los guardias bajó de la motocicleta y le disparó a corta distancia al rostro y el cuerpo.
Por el crimen de Geraldine, luego de 33 meses de juicio, el Ministerio Público (MP) condenó a 30 años de prisión al sargento Albín Bonilla Rojas, por el delito de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles y trato cruel, en grado de complicidad. También fue condenado Francisco Caridad Barroso, a cumplir una pena de 16 años y seis meses por complicidad no necesaria y uso indebido del arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales y trato cruel a la víctima.
La madre precisó que en su momento, el tribunal encargado del caso de Geraldine le aseguró que toda la línea de mando iba a ser imputada. En el año 2018 dijo: “Seguiré denunciando a nivel internacional el caso de mi hija hasta que se haga justicia. No es posible que el Poder Ejecutivo y el Judicial se sigan burlando de las madres, esposas y todas las víctimas de la represión”.
Desacato del alcalde de San Diego
Cuando ocupaba el cargo de segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito dio testimonio en un proceso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra Vicencio Scarano Spisso, en ese momento alcalde del municipio San Diego, y Salvatore Lucchese Scaletta, director de la policía municipal.
La sentencia indica que ambos funcionarios incurrieron en desacato al incumplir un amparo cautelar que les obligaba a levantar barricadas y garantizar el libre tránsito durante las protestas de 2014.
Tras analizar diversos relatos y pruebas, el tribunal determinó que los acusados omitieron sus deberes de seguridad ciudadana y orden público. Como consecuencia, la Sala les impuso una pena de diez meses y quince días de prisión, además de la inhabilitación política inmediata y el cese de sus funciones públicas.
El testimonio de Verdú fue fundamental para que el TSJ determinara la responsabilidad de Scarano y Lucchese en el desacato del mandato judicial. Declaró que el 20 de febrero de 2014 tuvo que intervenir en la variante Bárbula y el distribuidor San Diego, de Carabobo, debido a que manifestantes lanzaban piedras, bombas molotov y habían colocado obstáculos como «miguelitos» y aceite en la vía.
Aseguró haber visto al alcalde Scarano junto a funcionarios y patrullas de la policía municipal en la avenida donde se desarrollaban los hechos, mencionando que incluso había motos policiales atravesadas junto a motos no oficiales.
También dijo que su comisión fue atacada con armas de fuego desde la urbanización Los Tulipanes, resultando herido el Capitán Contreras y siendo impactada una unidad de transporte.
La Sala Constitucional utilizó estas declaraciones para confirmar que, tras el amparo dictado el 12 de marzo, persistió una omisión deliberada por parte de las autoridades municipales en el ejercicio de sus competencias de seguridad y mantenimiento del orden público
Involucrado en otros casos
El 11 de diciembre de 2025, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (FFM, por sus siglas en inglés) declaró ante el Consejo de Derechos Humanos que considera que algunos agentes de la GNB, incluyendo a Verdú Torrelles, fueron cómplices de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el caso de Juan Manuel Carrasco González, estudiante hispano venezolano de 21 años de edad.
Carrasco fue detenido con otras tres personas el 13 de febrero de 2014 en una protesta cerca del Distribuidor El Trigal de Valencia. Funcionarios de la GNB lo persiguieron, dispararon gases lacrimógenos y perdigones. Para agarrarlo rompieron las ventanas y quemaron el auto en el que se ocultaba con otros manifestantes.
El sargento primero Luis Alejandro Blanco Cedeño lo agredió sexualmente con un rifle. «Se acercó por detrás a Carrasco y usó su rifle para bajarle el pantalón y la ropa interior y penetrarlo por el ano con la punta del arma», reseñó la Misión.
En ese momento, Verdú Torrelles estaba al mando del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la GNB en Carabobo, responsable de la detención y se negó a firmar el acta. Su esposa, Anahí Vargas, era la fiscal segunda auxiliar de Carabobo y quien inició la investigación penal contra Carrasco y otros 11 manifestantes.
“Durante la audiencia de presentación del 15 de febrero de 2014, Carrasco y las demás personas imputadas relataron las violencias sufridas y mostraron sus lesiones. Carrasco informó a la jueza y a la fiscal que había sido violado, que tenía dificultades para sentarse y que continuaba sangrando (…) A pesar de estos testimonios y de las observaciones médicas previas, la jueza no adoptó medida alguna para ordenar una investigación inmediata sobre los malos tratos y la violación denunciada”, reportó la Misión.
Una semana después de la audiencia, la jueza se limitó a imputar a Blanco y otro funcionario como autor material, pero no procesó a la cadena de mando. La relación marital entre Verdú Torrelles y la fiscal fue un impedimento para la aplicación de sanciones en su contra.
Verdú Torrelles figura en la denuncia de otra víctima de detención y agresiones durante las protestas de 2014. El 24 de febrero de 2014, Marvinia Jiménez Torres, de 36 años y costurera de profesión, fue detenida y brutalmente golpeada por una funcionaria de la Guardia del Pueblo en Valencia, Estado de Carabobo. En el momento de la detención, Jiménez se encontraba tomando fotos con su teléfono a vehículos blindados de la GNB que reprimían una protesta cerca de su vivienda, en la urbanización La Isabelica
El informe de la misión relata que el 12 de junio de 2017, su defensa presentó una nueva denuncia señalando que, pese a la existencia de la orden de aprehensión y de la identificación plena de los funcionarios responsables, esta no había sido ejecutada ni se había producido imputación formal alguna.
En esa misma denuncia se solicitó ampliar la investigación hacia la cadena de mando, incluyendo al coronel Ephrain Enrique Verdú Torrelles, comandante del Desur de Valencia, Carabobo y al coronel Aquiles Ramón Rojas Patiño, por su presunta participación en la agresión del 24 de mayo de 2017, que causó fracturas en las piernas de Jiménez.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
