Adalis Monterola Cisneros vive con un miedo que la consume día tras día. Ella es paciente oncológica y, en medio de ciclos de quimioterapia que la debilitan, carga además con un dolor que no tiene tratamiento: la incertidumbre sobre las condiciones en las que se encuentra su hijo Leonardo Hernández Monterola (40).
Hernández es escolta. Fue detenido hace 11 meses en Caracas en el marco del llamado “Caso Fuerte Tiuna”, junto con otras 22 personas —civiles, policías y militares—. Actualmente está recluido en la cárcel Yare II, en los Valles del Tuy, estado Miranda.
Desde su detención, la familia no ha podido acceder al expediente del caso ni a una defensa privada. La opacidad judicial se ha convertido en una barrera que profundiza la angustia de una madre que siente que el tiempo se le agota.
“No me quiero morir sin saber de mi hijo. Aunque sea que me haga una llamada. Me estoy haciendo quimio y no sé si me vaya sin verlo. Por favor, ayúdenme, pónganse la mano en el corazón”, suplica Adalis, con la voz quebrada por el dolor y la desesperación.
Un caso marcado por irregularidades
Hernández Monterola fue detenido el 30 de abril de 2025 en un operativo que sus familiares describen como confuso y lleno de inconsistencias. Ese día un grupo de uniformados realizó un allanamiento en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Venezuela.
Antes de que se conociera su paradero, pasó 60 días desaparecido; un período que para su familia significó noches interminables de angustia y silencio oficial. La misma incertidumbre vivieron los parientes del resto de los aprehendidos.
El caso está identificado con el expediente 459-2025, bajo la jurisdicción del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero. Inicialmente lo llevó el fiscal Luis Ernesto Dueñez, pero actualmente está en manos de la fiscal Eleen Nastassja Levinzon (Expediente MP: 102107-2025).
Fue acusado de secuestro agravado, asociación para delinquir y porte ilícito de arma de fuego. Entre los privados de libertad hay dos mujeres que permanecen en el penal Las Crisálidas en Los Teques.
Salud en riesgo
A la incertidumbre judicial se suma la preocupación por la salud de Hernández Monterola. Su madre explicó a El Pitazo que antes de ser detenido sufrió un accidente y fue operado del brazo derecho. Sin embargo, rechazó el material de osteosíntesis y actualmente presenta un absceso. Requiere atención médica especializada y una nueva intervención quirúrgica, pero no ha recibido la atención adecuada.
Monterola insiste en que a su hijo le están vulnerando derechos fundamentales: el acceso a la defensa, a la salud y a la justicia. Pide que se investiguen las circunstancias de la detención y se garantice el debido proceso, no solo a su hijo, sino a todos los detenidos.
También recuerda que Hernández Monterola es padre de cuatro hijos —dos adultos y dos adolescentes de 14 y 15 años— que esperan respuestas y que viven con la misma incertidumbre que su abuela.
En medio de su dolor hizo un llamado a las autoridades: “Por favor, ayúdenme, pónganse la mano en el corazón”. Confía en que su clamor será escuchado.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
