Caracas.- Las presuntas irregularidades que rodean la gestión de Antonio «El Potro» Álvarez en el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) no operaron en el vacío. La maquinaria de persecución, según denuncias, comenzaban con una citación bajo engaño o un operativo sorpresa.
El brazo ejecutor era la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que desde su sede en El Helicoide activaba brigadas lideradas por el comisario jefe José Leonardo Márquez.
Estos funcionarios se desplazaban desde El Helicoide hacia todo el país en búsqueda de personas que previamente habían sido incluidas en una «lista» de la presidencia del INH. Según las denuncias, en dicha lista figuraban quienes recibieron una advertencia previa y, al no pagar las sumas exigidas, se ordenaba su detención.
“La mayoría de esas movilizaciones de los policías las pagaba Ángel Pino, presidente de Corporación El Inmejorable”, asegura una de las fuentes consultadas por El Pitazo.
Una vez que la persona ingresaba al Helicoide, los efectivos del DAET presentaban, en varios de los casos, expedientes prefabricados que compartían casi las mismas características, según denuncian familiares de los detenidos.
Una fuente reveló a El Pitazo que los ciudadanos eran acusados de terrorismo, asociación para delinquir y lavado de dinero incluso antes de iniciarse la investigación; una herramienta jurídica diseñada para justificar la detención inmediata.
El paso por El Helicoide
Las víctimas eran recluidas para ser investigadas sin importar si poseían antecedentes penales. Una vez allí, los funcionarios presuntamente exigían «pagos» en divisas, mientras que en las inspecciones los detenidos era despojados de pertenencias como equipos tecnológicos y documentación personal.
La irregularidad continuaba con el manejo de los tiempos legales: fiscales y jueces excedía el lapso reglamentario de 48 horas para ser presentados ante la Fiscalía. Esta práctica se agudizó tras el 28 de julio de 2024, cuando algunos empresarios comenzaron a ser acusados de financiar protestas en contra de Nicolás Maduro.
Tras la audiencia en el Tribunal de Control, los señalados eran devueltos al Helicoide para quedar a la orden de un Tribunal de Juicio. En esta fase, uno de los actores principales en las acusaciones de terrorismo era el fiscal Ángel Fuenmayor quien, de acuerdo con información obtenida por El Pitazo, habría recibido pagos irregulares, razón por la cual se encuentra actualmente detenido bajo cargos de corrupción. Asimismo, se conoció que Fuenmayor contaría con un importante empresario venezolano como testaferro de sus negocios.
Otra de las personas señaladas en esta estructura era Omar Guerrero, quien ejerció como fiscal superior del estado Portuguesa. Tras enfrentar denuncias por presunta corrupción en dicha entidad, Guerrero fue removido de su cargo en el interior del país y trasladado nuevamente a la ciudad de Caracas, donde se reincorporó al entorno operativo de Antonio ‘El Potro’ Álvarez.
Sin derecho a la defensa
El patrón se repetía en la etapa final del proceso. A los acusados se les impedía el acceso a una defensa privada, obligándolos a aceptar defensores públicos cuyo modus operandi incluía no solicitar medidas sustitutivas de libertad y mostrar un desconocimiento deliberado del caso. Esta actitud confirmaba que dichos ‘defensores’ formaban parte del esquema de control operado desde el INH.
El resultado eran condenas de entre 6 y 14 años de prisión sin posibilidad de apelación, engrosando la lista de imputados por razones políticas. Así, la red vinculada a ‘El Potro’ Álvarez abarcaba desde funcionarios de la PNB y el DAET hasta tribunales de juicio y de terrorismo, encabezados en aquel momento por el juez Carlos Liendo.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
