Caracas.- La reciente reunión en Washington entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado fue calificada por analistas como un movimiento estratégico que clarifica la ruta política de Venezuela bajo la administración de Donald Trump. Para los expertos, el encuentro de este martes 31 de marzo no solo reafirma el reconocimiento mutuo entre ambos actores, sino que establece las bases de una transición que, según los expertos, se aleja de las soluciones precipitadas para enfocarse en la reconstrucción institucional y la estabilidad democrática.
«Esta reunión demuestra lo contrario que María Corina Machado está en la agenda, la están tomando en cuenta. Y, por supuesto, una cuestión que le interesa mucho a Estados Unidos es que María Corina se coordine con ellos en las acciones que piensan tomar», afirmó el analista político José Vicente Carrasquero al evaluar el impacto del encuentro.
Para el experto, que conversó telefónicamente con El Pitazo, este acercamiento desmiente versiones sobre un distanciamiento entre Machado y la Casa Blanca, subrayando que Washington mantiene una suerte de «tutela» sobre el proceso venezolano y busca mantener una coordinación estrecha con los actores claves de las fuerzas democráticas para evitar acciones que puedan comprometer la imagen de seguridad o fortalecer la capacidad represiva del entorno que aún mantiene parte del control interno en el país.
El horizonte electoral
La analista Carmen Beatriz Fernández coincide con Carrasquero en la necesidad de gestionar las expectativas sobre la rapidez del cambio político.
Recordó que apenas han transcurrido tres meses desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, momento en el cual Delcy Rodríguez, encargada de la administración de Venezuela, asumió el mando. Al respecto, los analistas advierten sobre los riesgos de la cultura política de la inmediatez.
«Cuando tú precipitas las cosas, hay una serie de condiciones que no están dadas, lo que puede resultar muy peligroso para tus deseos», dijo Carrasquero.
Fernández, por su parte, señaló que, si bien una parte mayoritaria de la sociedad demanda elecciones este mismo año, existe un «horizonte electoral» que la reunión entre Rubio y Machado parece empezar a definir, anticipando incluso una posible fecha para la «vuelta a casa» de la dirigente.
La viabilidad de este cronograma electoral, que Carrasquero estima podría concretarse en un margen de 6 a 18 meses, depende estrictamente de una renovación profunda del sistema.
Ambos expertos coinciden en que es imposible ir a las urnas con el actual Consejo Nacional Electoral (CNE). Carrasquero calificó a la directiva actual como «violadora de derechos humanos» por su actuación el 28 de julio de 2024 y enfatizó que Machado debe presionar por un organismo integrado por personas «verdaderamente independientes» que no hayan ocupado cargos gubernamentales previos.
Inversión petrolera supeditada al imperio de la ley
Los expertos también coinciden en la relación intrínseca entre la democracia y la recuperación económica a través de la industria petrolera. Sobre el tema Marco Rubio manifestó que la administración Trump está «complacida» con el marco legal creado para que empresas estadounidenses inicien la comercialización de crudo venezolano. Sin embargo, Carmen Beatriz Fernández sugiere que la estabilidad requerida para inversiones de gran escala aún no se ha consolidado.
Fernández distingue entre las empresas con «costo hundido», como Chevron o Repsol —que están más dispuestas a operar bajo condiciones mínimas—, y los «inversionistas de largo plazo», que son los necesarios para elevar la producción a siete millones de barriles diarios.
Según la analista, estas firmas «no estaban dispuestas a participar en tanto no hubiera una clara estabilidad en Venezuela, y esa clara estabilidad en Venezuela se refería al imperio de la ley». Esta visión ha sido asimilada por el Departamento de Estado, que ahora entiende que en el contexto venezolano «estabilidad es sinónimo de democracia» y no simplemente ausencia de conflicto.
Esta necesidad de seguridad jurídica se vincula con la desconfianza que aún generan los actores que permanecen en el aparato estatal. Carrasquero apuntó que las petroleras no se sienten cómodas invirtiendo mientras el control esté en manos de quienes previamente han «espoliado» activos y no ofrecen garantías institucionales reales. Por ello, la renovación de los poderes públicos no son vistas como una opción, sino como un requisito para que la transición sea sostenible.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
