La organización Cecodap cuestionó este martes la decisión de un tribunal con competencia en terrorismo que negó la aplicación de la ley de amnistía a una adolescente de 16 años, un caso que —advirtió— debe ser revisado por las implicaciones que tiene sobre los derechos y el desarrollo integral de la joven.
El pronunciamiento fue difundido por el coordinador general de la ONG, Carlos Trapani, quien insistió en que la norma no es de aplicación discrecional por parte de los jueces. En ese sentido, afirmó: “La ley de amnistía no es una opción que el juez puede aceptar o rechazar libremente. Es obligatoria. Si se cumplen sus condiciones, debe aplicarse”.
De acuerdo con Trapani, el tribunal habría sustentado su decisión en la calificación del delito como terrorismo. Sin embargo, el abogado recalcó que este argumento no se corresponde con el espíritu de la legislación vigente, ya que “no excluye delitos por su nombre sino por su naturaleza”, lo que exige una evaluación jurídica más rigurosa de los hechos.
El representante de Cecodap también sostuvo que la sentencia carece de una explicación detallada que justifique la exclusión de la adolescente de los beneficios de la amnistía. A su juicio, el tribunal asumió esta decisión sin desarrollar los argumentos necesarios que permitan comprender por qué el caso encajaría dentro de las excepciones previstas en la ley.
En ese contexto, reiteró que el marco legal es claro en cuanto a sus efectos. “La decisión trata la amnistía como si fuera una opción del juez, pero no lo es. La ley establece que, cuando se cumplen sus condiciones, la acción penal se extingue por efecto de la amnistía y el tribunal debe declarar el sobreseimiento”, señaló.
Protección y reintegración
Trapani también hizo énfasis en la condición de la persona involucrada, subrayando que se trata de una adolescente, lo que obliga a aplicar estándares diferenciados dentro del sistema de justicia penal. Recordó que, en estos casos, el enfoque debe estar orientado a la protección, la educación y la reintegración social.
Asimismo, planteó la necesidad de analizar el entorno en el que ocurrieron los hechos, especialmente cuando se trata de delitos de alta complejidad. En ese sentido, consideró clave determinar si la joven pudo haber sido “influenciado, instrumentalizado o utilizado por personas adultas”.
Según indicó, ese tipo de análisis no forma parte de la decisión judicial. “La sentencia no realiza este análisis. No examina el contexto, no identifica posibles relaciones de poder, ni valora si la adolescente pudo haber sido utilizada”, afirmó.
El abogado advirtió que imputar delitos de esta naturaleza sin un examen individualizado puede generar dudas sobre la legalidad del proceso y, además, derivar en situaciones de “victimización institucional”.
La ley de amnistía contempla hechos ocurridos desde 1999, aunque limita su aplicación a determinados supuestos específicos y excluye otros, como los vinculados a operaciones militares o delitos graves, lo que ha abierto el debate sobre los criterios utilizados por los tribunales para su interpretación.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
