Para varios defensores de derechos humanos y abogados venezolanos, la negación de la amnistía a algunos presos políticos constituye una nueva violacion flagrante a los derechos humanos.
Así lo expuso, Liliana Ortega, cofundadora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 conocido como “El Caracazo” (Cofavic), quien expresó a través de su cuenta de X que la paz sin justicia, verdad y reparación no es paz: es silencio impuesto.
“Y que quede claro, las violaciones de los derechos humanos nunca podrán calificarse de infracciones como tampoco intentar obviar la triada de verdad, justicia y reparación en nombre de la paz”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, codirector de la ONG Laboratorio de Paz calificó la aprobada por la Asamblea Nacional Ley de Amnistía como “chucuta” y denunció que las autoridades siguen considerando a los beneficiarios de la norma como delincuentes. “Incluso, instándolos a no cometer esos mismos supuestos delitos en el futuro”.
El exmiembro de la ONG Provea indicó que esto es el reflejo de que el Estado no ha reconocido su responsabilidad en “graves violaciones de derechos humanos”.
Para Uzcátegui, más que ser considerado un proceso de reparación integral, la ley representa un acto mediático para reiterar la impunidad de los victimarios, bajo la “banalización del perdón sin justicia y el diálogo”.
“Proponer que victimarios y víctimas se encuentren y dialoguen suena lindo y hasta muy cristiano. Pero sería un profundo y terrible error en estas circunstancias. Bajo este ambiente, juntar responsables y afectados en una mesa será revictimizar, nuevamente, a quienes han sufrido abuso de poder”, dijo el defensor de DDHH.
En este sentido, el abogado Joel García, sostuvo en una publicación en X que la libertad no puede ser una concesión discrecional cuando se fundamenta en la inocencia probada y el respeto a los derechos, en referencia a la situación del también profesional del derecho, Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto en su casa portando un grillete electrónico.
”Sostengo que dicha ley es un fraude jurídico, carece de generalidad y progresividad. Al excluir lapsos temporales críticos y omitir la interpretación pro homine, se convierte en un instrumento de control político y no en un mecanismo de justicia restaurativa”, escribió el abogado.
En referencia a su colega Rocha, García dijo que la justicia no se negocia bajo simulacros legales que niegan la dignidad humana.
“Una amnistía que no es general no protege al perseguido por sus ideas, contraviene la ontoepistemología del Derecho Penal democrático”, puntualizó.
Asimismo, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol lamentó que buena parte de los presos políticos sigan sin ser liberados.
“La patraña de una presunta Ley de Amnistía sigue y presuntos jueces la aplican. Una verdadera desgracia, muy lejos de la transición a la democracia”, escribió en X.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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