La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, informó este martes 7 de abril en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual que de acuerdo a los registros de la organización aún quedan 674 presos políticos en Venezuela, de los cuales 49 se encuentran en grave estado de salud.
En la conversación que sostuvo con Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, la abogada sostuvo que desde el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a una “cifra importante de personas” el pasado 8 de enero, la ONG ha confirmado la salida de centros de reclusión en Venezuela de 709 presos políticos.
Tineo indicó que antes del 8 de enero, JEP tenía contabilizados 1.011 presos políticos.
“Y tal vez muchos más porque lamentablemente hay un subregistro, familiares que no se habían atrevido a denunciar sino hasta 2026, por intimidación, miedo o simplemente decisión personal”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
La directora de la ONG expuso que después del 3 de enero, fecha en la que se produjo la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, las condiciones en los centros de reclusión siguen siendo deplorables y si bien las organizaciones de la sociedad civil celebran la excarcelación de algunos presos políticos, por otro lado denuncian la precariedad de quienes se mantienen tras las rejas.
“Siguen habiendo personas que se encuentran en situación de desaparición, las condiciones en los centros de reclusión son inhumanas, antes de las excarcelaciones teníamos un registro de al menos 91 presos políticos enfermos y estoy hablando de patologías como cáncer, insuficiencia renal y padecimientos cardiovasculares”.
La abogada aseguró que hay denuncias de desnutrición y torturas a los presos políticos, entre quienes hay alrededor de 200 militares, adultos mayores y al menos 100 mujeres, entre quienes se encuentra una adolescente (Samantha Hernández), cuyo único “pecado” es ser hija de un militar.
“El maltrato y la violencia institucional contra los presos políticos y familiares igualmente se mantiene”, confesó la abogada.
Tineo explicó que la falta de normativas nunca ha sido impedimento para que se respete el debido proceso en Venezuela.
“La Ley de Amnistía ha sido un instrumento desordenado y que se aplica con discrecionalidad. Todas las detenciones han sido políticas, entonces las liberaciones también pasan por la política, además en Venezuela existe la figura del indulto, el problema aquí ha sido la violacion del ordenamiento jurídico”, aseveró Tineo.
La abogada indicó que en un principio, las autoridades de turno hablaron de que laLey de Amnistía iba a abarcar un periodo de 27 años, pero después aclararon que se trataba únicamente de 13 eventos a lo largo de ese tiempo.
“Cuando revisamos hay siete eventos donde ya no existían presos políticos, estaban judicializados, pero ya no en prisiones. El lapso de 2018 a 2023 quedó excluido de la norma y en ese período fueron detenidos un número considerable de personas por supuestas conspiraciones contra la Patria”, añadió la abogada.
Tineo expuso que la mayoría de las negativas a otorgar amnistía responden a la aplicación del artículo 9, el cual reza que “quedarán excluidos del beneficio aquellos que hayan cometido violaciones a los DDHH, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción, narcotráfico y promoción de acciones armadas extranjeras”.
“Hay que recordar que el sistema de justicia se ha caracterizado por criminalizar a disidentes, incluso acusándolos de delitos como estos”, sentenció Tineo.
La abogada expresó que la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional ha sido incapaz de elaborar al menos un listado con el total de beneficiados.
“Ha sido imposible para las ONG medir el alcance de esta ley, son cifras que no se han podido verificar”.
La abogada calificó la ley como revictimizante e irrespetuosa de los estándares internacionales.
“Era fundamental que se reconociera el daño, el compromiso de llevar a la justicia a los responsable y la garantía de reparación a las víctimas, esto pasa por una reinstitucionalización genuina del sistema de justicia, el aparato represivo se mantiene intacto, las leyes que han sido diseñadas para perseguir a la disidencia siguen vigentes”.
100 días de reinado tutelado
Blanco informó que el próximo lunes 13 de abril se cumplirán 100 días del 3 de enero, fecha en la que se produjo la detención de Maduro y Flores y que desencadenó la ascensión al poder de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Amaya aportó que desde la narrativa chavista se maneja la tesis de que Maduro ganó las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 y por ello la otrora vicepresidente debe culminar el mandato.
Por otro lado, Blanco dijo que la pausa de Semana Santa metió en el congelador la elección del fiscal general de la República y el defensor del pueblo, que se produjo apenas este jueves con la ratificación de Larry Devoe y la designación de Eglée González Lobato, respectivamente.
Amaya apuntó que la urgencia de la sociedad civil venezolana para establecer un camino electoral no pareciera ser la prioridad del chavismo y tampoco de la Casa Blanca.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
