Alí Daniels, Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui pidieron cambios reales y el desmontaje del aparato represivo del Estado
Golpeados, rociados con gas pimienta y despojados de sus pertenencias. Así fueron reprimidos, al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa este 9 de abril en Caracas, mientras cubrían una marcha que fue convocada por gremios y estudiantes para exigir salarios y pensiones dignas.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no solo atacaron a los comunicadores sino que también agredieron a manifestantes que se habían concentrado en Plaza Venezuela y que programaron llegar hasta el Palacio de Miraflores.
Este hecho demostró que la represión en Venezuela sigue siendo una política de Estado y todo esto sucede justo un día después de que Delcy Rodríguez, encargada de la administración de Venezuela, habló de corregir «los errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlos». Pero este jueves en Caracas ocurrió todo lo contrario.
El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo en entrevista con El Pitazo que la represión en Venezuela sigue intacta, se manifiesta de muchas maneras, a pesar de que desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a inicios de este año por fuerzas militares estadounidenses el número de detenciones arbitrarias ha disminuido. Pero ese es apenas un indicador del aparato represivo que instaló el chavismo a lo largo de las últimas dos décadas en el país.
Las detenciones arbitrarias disminuyeron pero continúan. No ha habido un solo cambio en el aparato represivo del Estado
Alí Daniels
Es por eso que, por ejemplo, cada vez que los gremios o sindicatos en Maturín convocan manifestaciones o concentraciones, incluso antes de que lleguen los voceros, se instalan en las plazas o instituciones hombres vestidos de civil y muchas veces con gorras. Graban a los sindicalistas, a los manifestantes e incluso a los periodistas, y en ocasiones hasta se hacen pasar por comunicadores.
Sin embargo, esta práctica «cotidiana» hizo que los convocantes a esas jornadas identificaran a esos hombres con funcionarios de los cuerpos de inteligencia del Estado: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes llegan a cada actividad para hacer un registro fotográfico y de video de esas actividades pacíficas.
La represión no es solo detenciones arbitrarias
Que un policía exija un soborno en una alcabala, que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anule pasaportes a activistas de derechos humanos, políticos y periodistas, que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) mantenga el bloqueo contra más de 60 medios digitales independientes o que haya personas con procesos judiciales abiertos por mensajes en Whatsapp o en redes sociales son muestras de que en el país la vigilancia, el hostigamiento y la persecución no ha cesado.
«Las detenciones arbitrarias disminuyeron pero continúan, no ha habido un solo cambio en el aparato represivo del Estado», advirtió Daniels. Un ejemplo reciente fue la detención del joven de 19 años, José Antonio Sáenz, el pasado 25 de marzo cuando participaba en una marcha hacia la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, estado Táchira. Lo liberaron ese mismo día en la tarde, después de que hombres vestidos de civil lo apresaran. Es miembro del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), partido que se sumó a una movilización de trabajadores públicos hacia esa dependencia institucional. «Fui detenido y reseñado como un delincuente. Me abrieron un expediente y ahora tengo antecedentes penales sin haber cometido ningún delito», dijo.
Daniels insistió en que «las manifestaciones de la represión en Venezuela son tan amplias que decir que haya disminuido porque casi no tenemos detenciones arbitrarias, no es verdad».
La corresponsabilidad de Estados Unidos
El coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, afirmó a El Pitazo que lo que ocurra desde el 3 de enero en adelante en el país es una corresponsabilidad de la Casa Blanca, toda vez que la administración de Donald Trump mantiene un tutelaje sobre el chavismo mientras lleva adelante su plan de tres fases sobre el país: estabilización, recuperación económica y transición.
«Estamos frente a un cogobierno, aquí no tenemos solo gobierno, tenemos un gobierno norteamericano; por lo tanto lo que ocurra bueno o malo es responsabilidad de los dos y en este sentido el hecho de que se mantenga la estructura represiva evidentemente hay una corresponsabilidad de los norteamericanos que pareciera que lo que les preocupa es que haya condiciones para las inversiones económicas, pero lo fundamental de la estructura represiva se mantiene y mientras esté habrá riesgo», cuestionó el activista de derechos humanos.
Donald Trump ordenó la captura de Nicolás Maduro y aceptó el nombramiento de Delcy Rodríguez como su reemplazo en Miraflores
La designación de Gustavo González López como ministro de la Defensa, en reemplazo de Vladimir Padrino López, es uno de los argumentos para sostener que la represión también se ratificó con su nombramiento.
Como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) este funcionario estuvo en los dos periodos de mayor represión del chavismo contra la población civil venezolana y también lo hizo desde su puesto como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. «La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión», denunció en el año 2020 la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU.
Alvarado sostuvo que no solo se trata de los organismos de inteligencia del Estado. Consideró que si bajo este nuevo momento político el chavismo quiere avanzar hacia una verdadera reconciliación debe dar muestra de ello con la designación de un fiscal general de la República independiente.
«No se trata solo de desmantelar la estructura represiva, sino que quien asuma el Ministerio Público tendrá como responsabilidad investigar a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad que sean perpetrado en el país y si bien no hay una renovación en los convenios o la Fiscalía de Corte Penal Internacional no quiere decir que el principio de complementariedad no está vigente, por lo tanto además de desmantelar la estructura debe investigarse y sancionarse a los responsables de los crímenes», exigió.
No se trata solo de desmantelar la estructura represiva, sino que quien asuma el Ministerio Público tendrá como responsabilidad investigar a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad
Marino Alvarado
A medida que la situación en el país comenzó a cambiar desde enero, los movimientos sociales, gremiales y partidos políticos perdieron el miedo y volvieron a las calles, con algunos bemoles. En los Valles del Tuy, estado Miranda, los colectivos infundieron temor en las primeras de cambio, controlaron la distribución del combustible en la zona con las llamadas Cuadrillas de Paz (Cupaz), pero a partir de marzo la gente comenzó manifestarse y la vigilancia de estos grupos bajó, como si le hubiesen dado la orden de repliegue.
Otro activista de derechos humanos venezolano, Rafael Uzcátegui, dijo a El Pitazo que aún en el país no hay condiciones dadas para el regreso de los exiliados, ni siquiera de quienes han pedido la amnistía. «A las personas que nos preguntan (si pueden regresar al país) les decimos que hay que esperar hasta el mes de noviembre, donde el resultado electoral de Estados Unidos puede mantener o flexibilizar el tutelaje. Hacen falta decisiones institucionales, como la derogación de leyes represivas, suspender la eliminación de documentos de identidad y retenciones en puntos migratorios, la sustitución de funcionarios violadores de derechos humanos y el desmontaje/restructuración de los cuerpos de seguridad». Dicho todo lo anterior, la posibilidad que regrese María Corina Machado también será un indicador sobre la posibilidad del retorno del exilio social y político del país», explicó.
Gustavo González López, con denuncias de violaciones de DDHH, es ahora el ministro de la Defensa
Nombramiento de González López: una mala señal
Como codirector del centro de pensamiento Laboratorio de Paz denunció hace varias semanas que el nombramiento de Gustavo González López era una mala señal para el intento de Miraflores de impulsar un mensaje de cambio o acercamiento real entre los venezolanos.
«La designación de González López es una mala señal, anunciando que desplegará dispositivos de inteligencia, que es una de sus especialidades, a lo interior de la Fuerza Armada Nacional para detectar posibles descontentos. Después de Maduro y Cabello, es el funcionario más nombrado en los informes internacionales de Derechos Humanos. Además, intentará recomponer las líneas de mando y la autoridad a lo interno del ejército, seriamente lesionadas por los hechos del 3E», analizó.
Daniels aseguró que otra forma represiva la llevan ahora los jueces encargados de la Ley de Amnistía, quienes han negado el mecanismo a grupos de personas de forma arbitraria. «Se ha convertido en un viacrucis donde el Poder Judicial nunca se ha comprometido con su cumplimiento ni ha establecido una política pública que permita facilitar la aplicación de la amnistía, por el contrario, han puesto trabas», criticó.
La designación de González López es una mala señal, anunciando que desplegará dispositivos de inteligencia, que es una de sus especialidades, a lo interior de la Fuerza Armada Nacional
Rafael Uzcátegui
Derogar leyes represivas
Los tres defensores de derechos humanos piden que una señal más clara debe ir en sintonía con la derogación de leyes represivas, entre las que están la Ley contra el Odio, la Simón Bolívar y la que va en contra de las organizaciones no gubernamentales.
Uzcátegui señaló que deben derogarse estas leyes represivas: «empezando por el decreto de Estado de Conmoción Exterior. Luego, sustitución de funcionarios violadores de DD. HH. y, en tercer lugar, la reestructuración de la GNB, Dgcim, Sebin y PNB. Para todo esto las autoridades deben reconocer explícitamente que son responsables de violaciones de DD. HH. y que se van a establecer garantías de no repetición de los hechos. Sin embargo, este no es el espíritu por el que se ha aplicado la ‘Ley de Amnistía’, que sigue considerando a sus beneficiarios como delincuentes. Y en todo este proceso, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos», demandó.
Daniels en esa misma sintonía, que la Ley de Amnistía no es el único mecanismo que tiene el chavismo para liberar a personas presas por razones políticas. «Hay 689 detenidos, un mes después de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía estamos hablando de que no se liberó ni a una tercera parte de presos, la Ley de Amnistía ha sido una decepción y no hay voluntad para aplicarla», lamentó.
