Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas se pronunciaron sobre el nombramiento de Larry Davoe y Eglée González Lobato como nuevo fiscal general de la República y Defensora del Pueblo respectivamente, al señalar que estas designaciones hechas por la Asamblea Nacional, con mayoría del chavismo, no constituye una reinstitucionalización del país.
«La reciente designación de los titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por parte de la Asamblea Nacional no constituye un avance hacia la reinstitucionalización del país; por el contrario, consolida una arquitectura diseñada para blindar al poder político frente al escrutinio internacional», dijo Justicia, Encuentro y Perdón, organización dedicada a la defensa de personas presas por razones políticas.
Mientras que el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), dedicada a la defensa de los DDHH y empoderamiento femenino, también cuestionó tales designaciones. Davoe ha sido parte de la estructura del chavismo en diferentes cargos diplomáticos ante organismos internacionales en los que ha negado las violaciones a los derechos humanos en el país, mientras que González Lobato es una académica y experta en temas electorales, quien en los últimos meses se convirtió en una fuerte crítica a la oposición encabezada por la líder opositora María Corina Machado.
Qué le pide Cepaz y otras ONG al Ministerio Público
Cepaz aseguró que los últimos tres meses, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses que los enviaron a una cárcel en Nueva York, ha «estado marcado por una grave distorsión funcional». Junto a otras ONG hicieron una serie de demandas para las cabezas del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
En el caso de la Fiscalía General de la República reclamaron que cese «de inmediato los procesos de investigación y enjuiciamiento por motivos políticos, solicitando los respectivos sobreseimientos y promoviendo la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas o por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como de aquellas personas excluidas arbitrariamente de beneficios previstos en la ley de amnistía».
También iniciar investigaciones contra las funcionarias y funcionarios señalados de graves delitos contra los DDHH por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU; así como cooperar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que investiga a la gestión de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Al igual le piden «preservar y resguardar toda la evidencia relacionada con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la persecución política, en especial aquella que pudiera encontrarse en centros de detención u otras dependencias estatales».
Justicia, Encuentro y Perdón sostuvo que la «selección de estos perfiles (Davoe y González Lobato) no responde a criterios de idoneidad técnica o independencia, sino a la especialización en la narrativa de negación de violaciones de derechos humanos», que ha mantenido el chavismo a lo largo de sus 27 años en el poder. Añadiero que el Ministerio Público se convirtió en estas casi tres décadas en «una herramienta de contención frente a la rendición de cuentas», pero no cumplió su papel de ser garante de la acción penal efectiva.
Sobre la Defensoría del Pueblo tampoco tuvieron reparos al criticar su papel. «La situación de la Defensoría del Pueblo refleja un proceso similar de desnaturalización institucional. La designación de su titular en un contexto de opacidad y sin auditoría social no solo debilita la legitimidad del cargo, sino que vacía de contenido su mandato. La Defensoría, concebida como la primera línea de defensa de los ciudadanos frente al abuso estatal, queda reducida a una instancia formal sin capacidad real de incomodar al poder o de documentar con rigor las violaciones de derechos humanos».
Más de 60 ONG rechazaron nombramiento de Davoe y González Lobato
Estos pronunciamientos surgieron en los últimos días. Uno de ellos que firmaron 60 organizaciones defensoras de derechos humanos el pasado 10 de abril, criticó al Poder Legislativo por escoger a personas con un perfil más político que técnico.
En un documento dijeron que al ser dos cargos de especial relevancia para la recuperación del país no era concecible que se hizo con «deficiencias en el proceso de selección» lo que hace dudar de la «legitimidad» de su nombramiento en el actual contexto de país, en el que las autoridades de la administración de Delcy Rodríguez hablan de paz, reconciliación y convivencia democrática.
Pese a ello consideraron que la defensora y el fiscal «reciben un mandato constitucional expreso. En consecuencia tienen la obligación jurídica, institucional y ética de actuar con independencia, objetividad y velar por la garantía, sin discriminación, de los derechos humanos».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
