A través de un boletín trimestral en el que evalúan la evolución de la situación de Derechos Humanos en el país, la ONG Defiende Venezuela expuso que la aplicación de las amnistías han sido selectivas, limitadas y discrecionales y han dejado por fuera a numerosas personas que han podido beneficiarse.
De acuerdo a la organización, la discrecionalidad en la aplicación del documento legal aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional compromete el derecho a la libertad personal y afecta los principios de igualdad y seguridad jurídica.
La ONG expuso que la reiterada negativa de conceder amnistía a algunos expresos políticos y personas con medidas cautelares pone en entredicho su efectividad real como mecanismo de reconciliación.
“Más allá del texto legal, los hechos evidencian una implementación condicionada por criterios políticos, lo que limita su alcance y profundiza la desconfianza en las instituciones de justicia”, reza el comunicado.
La organización indicó que diversas decisiones judiciales han rechazado solicitudes de amnistía mediante interpretaciones restrictivas, lo que evidencia que no se trata de situaciones aisladas, sino de un criterio reiterado.
Destacaron la negativa de amnistía a los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, detenidos entre el 4 y 7 de julio de 2022.
Igualmente, resaltaron la exclusión de la amnistía de los denominados “policías metropolitanos” detenidos por los hechos del 11 abril de 2002 en Puente Llaguno.
Designaciones que crean suspicacia
De acuerdo a Defiende Venezuela, las designaciones de Larry Davoe como fiscal general de la República y Eglée González Lobato como defensora del pueblo, fueron “opacas, inapropiadas y políticamente motivadas”.
Según la ONG, Davoe ha sido cuestionado por sus lazos con el gobierno, habiendo servido como abogado del Estado en causas internacionales por violaciones de derechos humanos y como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Por su parte, González ha sido asociada con sectores moderados de oposición y fungido como asesora para el Consejo Nacional Electoral.
Para Defiende Venezuela, la selección de estos funcionarios no garantizan la independencia de poderes públicos y una transición a la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
Anuncios vacíos
La organización sostuvo que los anuncios hechos la semana pasada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no llenaron las expectativas del Pueblo.
No se habló de la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la convocatoria a elecciones presidenciales.
La mandataria interina se limitó a informar sobre un “aumento responsable” del salario mínimo en Venezuela, equivalente a 27 centavos de dólar, de acuerdo con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
“Las medidas anunciadas no fueron concretadas con cifras o indicadores específicos, haciendo difícil para los expertos determinar su idoneidad”, denuncia la ONG.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
