Caracas.- El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores criticó las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, quien asomó un próximo incremento “responsable” de los ingresos mínimos en el país. La organización calificó este anuncio de “burla” y aseguró que carece de validez real al no especificar montos ni los mecanismos que se emplearán para su aplicación, lo que consideran un nuevo agravio contra los sectores más vulnerables de la población.
“Rechazamos categóricamente dicho anuncio, al no especificar montos ni mecanismos concretos de aplicación, y al diferirse hasta el 1 de mayo, lo cual constituye una nueva burla al pueblo trabajador venezolano, particularmente a los sectores más vulnerables como los pensionados del IVSS y los jubilados”, dijo la organización en un pronunciamiento realizado este miércoles 15 de abril en Barquisimeto, estado Lara.
La organización también aseguró que “detrás del denominado aumento ´responsable´ se esconde la continuidad de incrementos insuficientes y sin impacto real”. Recordó que los salarios y pensiones permanecen congelados desde 2022 en 130 bolívares, actualmente equivalentes a 0,27 dólares, “en abierta violación del artículo 91 de la Constitución”.
El gremio de adultos mayores denunció que la falta de claridad informativa por parte del Ejecutivo apunta a que se mantendrá la política de bonificación discrecional, esquema que no genera derechos laborales ni ofrece una protección social efectiva, dejando a los ancianos en condiciones de extrema precariedad. El Comité sostiene que estas bonificaciones son discriminatorias y profundizan la precarización del ingreso, debilitando estructuralmente el sistema de seguridad social venezolano.
Discurso oficial omite corrupción
El Comité también rechazó que se atribuya la situación salarial exclusivamente a las sanciones. En su lugar, el pronunciamiento señala que se omiten graves hechos de corrupción que han comprometido recursos públicos, los cuales pudieron destinarse a garantizar condiciones de vida dignas. La organización considera inaceptable que se hable de limitaciones económicas cuando el Estado recibe ingresos significativos provenientes del petróleo, el gas, el oro y una elevada recaudación fiscal.
Para los defensores de los derechos humanos, la actual gestión carece de voluntad política para priorizar salarios y pensiones dignas, a pesar de que los recursos financieros existen. Asimismo, el comunicado denuncia de cualquier narrativa oficial que presente a los pensionados como una “carga” para el Estado, al considerar esta visión como contraria a los principios fundamentales de los derechos humanos.
“Esta visión, contraria a los principios de derechos humanos, evidencia una política sistemática de abandono que ha derivado en lo que calificamos como un exterminio silencioso de más de cinco millones de adultos mayores”, dice el Comité en su pronunciamiento.
Destaca que esta situación se ve agravada por la persistencia de la represión contra las manifestaciones pacíficas que realizan trabajadores y jubilados para exigir sus derechos, lo que, a juicio de la organización, refleja una ausencia total de garantías fundamentales.
Sobre las propuestas de diálogo, el Comité manifestó su rechazo a la instalación de una nueva mesa de “diálogo laboral”, pues considera que este formato solo reproduce esquemas que han fallado desde el año 2022, sin arrojar resultados concretos para los trabajadores. Señala que estos mecanismos funcionan únicamente para dilatar las soluciones que ya están establecidas en el marco constitucional.
La organización ratifica que el país necesita el respeto pleno a la Constitución, especialmente en materia de derechos económicos y sociales, así como el respeto a la voluntad soberana expresada por el pueblo en las urnas. “Un aumento sin poder adquisitivo real no es justicia: es perpetuación de la pobreza”, finaliza el pronunciamiento.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
