Caracas.- Al menos 485 personas permanecen privadas de libertad, a pesar de la entrada en vigor de una ley de amnistía en febrero de 2026 que prometía aliviar la crisis de derechos humanos en Venezuela, señala la ONG Amnistía Internacional.
Diferentes organizaciones denuncian que la aplicación de la amnistía ha resultado parcial e inconsistente. Aunque más de 8.000 personas han obtenido beneficios, muchas otras han visto rechazadas sus solicitudes o han enfrentado cambios posteriores en su estatus judicial.
Casos como los de Samantha Hernández, de 16 años, y Aranza Hernández, de 19, reflejan la gravedad de la situación. Ambas permanecen detenidas desde noviembre de 2025 bajo cargos de terrorismo.
A ellas se suman figuras como Javier Tarazona y el periodista Rory Branker, quienes obtuvieron libertades condicionadas pero luego enfrentaron la negativa de sus solicitudes de amnistía.
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Asimismo, las autoridades también han reactivado investigaciones contra personas previamente beneficiadas. Martha Lía Grajales, por ejemplo, recibió una amnistía que cerró su caso, pero posteriormente enfrentó nuevas acciones judiciales, incluyendo peritajes a su teléfono por parte de la Fiscalía.
Amnistía Internacional ha documentado durante años el uso sistemático de la detención arbitraria como herramienta de persecución política. Sus informes destacan prácticas como la desaparición forzada, especialmente entre 2024 y 2025, y la llamada “puerta giratoria”, en la que liberaciones temporales dan paso a nuevas detenciones.
El impacto se intensificó tras las elecciones del 28 de julio de 2024. En ese periodo, autoridades detuvieron a más de 2.000 personas por motivos políticos, muchas bajo acusaciones de terrorismo o incitación al odio. Entre los afectados figuran menores de edad y personas con discapacidad, lo que agrava las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Aunque algunas personas han recibido amnistías, excarcelaciones o libertades provisionales, un grupo significativo sigue detenido. Otros permanecen bajo arresto domiciliario o enfrentan procesos judiciales abiertos que limitan su libertad y generan un clima de temor constante.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente. También reclaman el fin de las prácticas que prolongan la persecución, incluso después de otorgar medidas de excarcelación.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
