Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha desplegado una campaña militar sostenida en aguas del Caribe y del Pacífico que ha dejado un saldo creciente de muertos en ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar droga.
Lo que Washington presenta como un nuevo capítulo de su «guerra contra el narcotráfico» —y que empezó siendo, de facto, una de las vertientes más agresivas de presión contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela— ha sido calificado por expertos de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y varios juristas como una cadena de ejecuciones extrajudiciales.
La última de esas operaciones terminó el pasado domingo con tres nuevas víctimas mortales. Los funcionarios estadounidenses, basándose en «información de inteligencia», aseguran que eran «narcoterroristas» que transitaban por «rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe» y participaban «en operaciones de narcotráfico».
Sin embargo, esta última operación apenas ha trascendido en los medios, al menos en comparación con la cobertura y análisis que recibieron los primeros ataques a supuestas ‘narcolanchas’ en el marco de la llamada ‘Operación lanza del Sur’.
La frecuencia sostenida de estos ataques ha generado cierta ‘normalización’ en la percepción pública. Además, el recrudecimiento de la violencia contra Irán y el Líbano, así como las consecuencias globales del conflicto en Asia occidental, han desplazado el foco de atención. Esta agresiva campaña perpetrada por Washington al margen de la legalidad internacional —que ya ha dejado al menos 180 muertos— queda así en penumbra y, por el momento, no muestra signos de detenerse.
Ejecuciones extrajudiciales
La controversia por las implicaciones legales o jurídicas de esta manera de combatir el narcotráfico (o el «narcoterrorismo», si se acepta el neologismo que la Administración Trump ha logrado introducir en su discurso) ha sido una constante desde el principio.
Para el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, ni siquiera hay mucho espacio para la controversia: estos ataques constituyen «ejecuciones extrajudiciales en serie» que violan gravemente el derecho a la vida. En la misma línea se pronunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien señaló que los bombardeos carecen de justificación en el derecho internacional.
El núcleo de estas críticas es que la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de aplicación de la ley, no un conflicto armado. Por tanto, está regida por el derecho internacional, que limita estrictamente el uso de la fuerza letal a situaciones de amenaza inminente. Nada en la información disponible indica que las embarcaciones atacadas cumplieran ese criterio.
«No hay ningún debido proceso»
Ese incumplimiento no es ni mucho menos el único defecto jurídico de los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas. El jurista y politólogo Jorge Vicente Paladines explica a RT que «no hay ningún debido proceso, no hay ninguna persona tripulante de las denominadas ‘narcolanchas’ que haya sido detenida para ser juzgada en tribunales penales o militares».
Para contextualizar, Paladines cita algunos territorios como China, Irán e incluso algunos estados de EE.UU. donde es posible ser condenado a muerte por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Pero «incluso en esas jurisdicciones, con el grado de controversia que haya, y con todo lo discutibles que sean, esas condenas ocurren en el marco de un debido proceso jurídico».
«Podríamos estar ante la comisión de crímenes de Estado en nombre de la guerra contra las drogas»
Paladines considera que lo que hace el Gobierno de EE.UU. mediante estos bombardeos es la aplicación de una «pena de muerte sin juicio previo». Pero la aberración jurídica va más allá: «No hay una captura de evidencias para hacer un análisis que permita comprobar qué sustancias llevaban», denuncia el jurista. A los tripulantes de las embarcaciones atacadas «se les imputa de antemano un delito sin haberse demostrado su culpabilidad» y «se supone sin pruebas que el destino era EE.UU. cuando las embarcaciones se encuentran a miles de kilómetros de sus costas», añadió.
Por todo ello, Paladines sospecha que «podríamos estar ante la comisión de crímenes de Estado en nombre de la guerra contra las drogas».
Normas incumplidas
Otro asunto grave es que estos bombardeos contravienen no solo la normativa internacional, sino también «el propio ordenamiento jurídico estadounidense», que exige una declaración de guerra formal (con aprobación del Congreso) para efectuar este tipo de ataques en los que se pueda prescindir del debido proceso.
Paladines recuerda que Washington incumple además una amplia serie de protocolos y acuerdos bilaterales firmados en las últimas décadas con países de la región, como Costa Rica (1999), Ecuador (2006) o Perú (2010), que contienen directrices sobre cómo abordar el tráfico de drogas y con garantías jurídicas.
La inacción de la ONU y el silencio de los organismos multilaterales
Pese a la gravedad de las acusaciones, la respuesta de la comunidad internacional ha sido, hasta ahora, sorprendentemente tenue. Más allá de declaraciones de preocupación y advertencias formales, los grandes mecanismos de gobernanza global no han activado herramientas eficaces de investigación ni de rendición de cuentas.
Ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni otras instancias multilaterales han impulsado medidas coercitivas o procesos independientes con capacidad vinculante. En la práctica, la reacción se ha quedado en el terreno declarativo, sin consecuencias políticas o jurídicas tangibles para Washington.
Detrás de esta parálisis operan factores bien conocidos en la arquitectura internacional. El primero es el peso estructural de Estados Unidos dentro del propio sistema. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Washington dispone de derecho de veto, lo que le permite bloquear cualquier iniciativa que pueda derivar en sanciones o en una investigación formal sobre sus propias actuaciones.
A ello se suma la limitada capacidad ejecutiva de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pueden documentar, denunciar y recomendar, pero carecen de instrumentos para imponer sus conclusiones. Sus informes, aunque relevantes desde el punto de vista jurídico y moral, dependen en última instancia de la voluntad de los Estados para traducirse en acciones concretas.
El tercer elemento es de naturaleza política. Buena parte de los países que podrían promover una respuesta más contundente mantienen relaciones estratégicas, económicas o militares con Estados Unidos, lo que reduce significativamente el margen para una confrontación abierta. En este contexto, incluso ante denuncias de gran calado, prevalece una lógica de cautela que termina desactivando cualquier intento de presión efectiva.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
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