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Bajo una consigna de unidad inquebrantable, representantes de la Confederación General de Trabajadores, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela y diversos gremios del estado Monagas alzaron su voz para convocar a una jornada de protesta nacional el viernes 1 de mayo.
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En rueda de prensa, que reunió a sectores de educación, salud, petroleros y jubilados, los líderes sindicales denunciaron que la clase trabajadora venezolana enfrenta una de las etapas más oscuras de su historia reciente, marcada por una asfixia económica que pulverizó el poder adquisitivo.
Héctor Villalba, presidente de la CTV en Monagas, enfatizó que la movilización no es solo una conmemoración, sino una exigencia de supervivencia frente a un escenario donde el sueldo mensual apenas alcanza los 28 centavos de dólar, mientras la inflación acumulada roza el 650%.
Los manifestantes denuncian que la brecha entre la realidad económica y las políticas del Estado es insostenible, dado que la canasta básica supera el millón de bolívares, dejando a los trabajadores activos y pensionados en la disyuntiva cruel de elegir entre alimentarse o comprar medicamentos.
La jornada de protesta en Maturín contará con tres puntos de concentración que convergerán en el cruce de la avenida Juncal con Bolívar. Las exigencias son claras: un salario mínimo base que parta de los 200 a 300 dólares, el cese de la política de bonificación sin incidencia salarial y la restitución inmediata de los contratos colectivos que han sido suspendidos de facto por el Ejecutivo.
Excluyen a miles de docentes
Además, los gremios de educación denunciaron la implementación arbitraria del Registro de Asignación de Cargos, un instrumento administrativo que ha servido para excluir de nómina a miles de docentes, afectando incluso a personas con enfermedades terminales y violando sistemáticamente el derecho al debido proceso.
Darío Lima, presidente del Sindicato Único del Magisterio en Monagas, señaló que la crisis de infraestructura también forma parte del pliego de reclamos, señalando que los servicios de salud y el Ipasme se encuentran en estado de colapso, obligando a los trabajadores a depender de remesas familiares para atender emergencias médicas ante la desaparición del seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad desde hace casi una década.
Los voceros advirtieron que la lucha no terminará el 1° de mayo, pues tienen previstas nuevas acciones ante el Ministerio Público para exigir el cumplimiento de las funciones constitucionales que el régimen ha abandonado, prometiendo mantener la presencia en las calles hasta lograr la democratización de las instituciones y un salario digno que permita el desarrollo real del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
