🔴🔵 CLAVES | Informe de la CIDH expone la «consolidación de una dictadura en Venezuela»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves 23 de abril, su informe anual 2025 en donde expone la ruptura total del orden constitucional y la consolidación de una dictadura en Venezuela.

El informe de la CIDH señaló que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la posterior juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025 y el cierre del espacio cívico, dieron paso a una sistemática violación de derechos humanos y políticos que derivó en en la “concentración total de los poderes públicos en manos de las autoridades de facto”, según el propio informe.

La organización denunció que a la fecha aún persisten los patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas y violaciones del debido proceso, especialmente contra personas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos.

Edgar Stuardo Ralón, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en entrevista para EFE a proósito de la presentación del informe, advirtió que una transición demócratica en Venezuela debe implicar un acompañamiento de organizaciones que puedan monitorear la situación en ese país.

“Creemos que después de estar aislado y de no rendir cuentas Venezuela, este cambio debería ir acompañado de una apertura que le permita a la Comisión ir al terreno a verificar la situación de los derechos humanos”, dijo Orellana.

Orellana asomó la posibilidad de venir a Venezuela para verificar la situación de los derechos humanos de manera presencial y no a través de un monitoreo a distancia.

A continuación las 10 claves del informe de la CIDH sobre Venezuela

Sin independencia judicial

En el informe la CIDH advirtió que en Venezuela no hay independencia judicial lo que ha permitido la concentración del poder público en el Gobierno oficialista además de corrupción e impunidad por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, especialmente en contra de las voces críticas y disidentes.

La CIDH sumó que la erosión de la independencia judicial se debe a aspectos como: la alta provisionalidad de jueces, el nombramiento irregular de las más altas autoridades judiciales, ausencia de garantías de inamovilidad de jueces, y opacidad en el gobierno judicial y la administración de justicia.

Castigo por disentir e impunidad

La Comisión denunció que en 2025 se mantuvieron los patrones represivos identificados durante el proceso electoral de 2024, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y violaciones del debido proceso en perjuicio de personas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la organización Foro Penal, en 2025 se registraban 884 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Entre enero y agosto de ese año se documentaron al menos 200 detenciones arbitrarias.

La organización destacó que si bien se han producido un número importante de liberaciones, las personas excarceladas están sometidas a medidas restrictivas de su libertad personal.

Desapariciones forzadas e incomunicación

La CIDH expuso que en 2025 persistió en Venezuela la práctica de desapariciones forzadas como estrategias de persecución a personas percibidas como opositoras.

La comisión recordó que la renuencia deliberada de las autoridades a informar sobre el paradero de las personas detenidas, sumada a la omisión de presentarlas ante tribunales en el plazo legal de 48 horas, configura una desaparición forzada.

Violaciones al debido proceso y otras garantías judiciales

La CIDH denunció que en Venezuela, el Ministerio Público y el Poder Judicial forman parte del aparato represivo del régimen de facto, lo que ha derivado en la práctica inexistencia de garantías judiciales y de acceso efectivo a la justicia, en particular para las personas opositoras políticas o percibidas como tales.

Sobre esto, el informe señaló que diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado violaciones sistemáticas al debido proceso, entre ellas la imposición de defensores públicos de oficio sin consentimiento de la persona procesada, la realización de audiencias
telemáticas sin identificación de jueces o fiscales competentes, y la negativa a recibir recursos judiciales, incluido el habeas corpus.

Libertad de expresión en peligro

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) alerta sobre la continuidad de la represión y persecución contra la prensa independiente y las voces críticas en Venezuela, que se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó 18 casos de detenciones de periodistas en el ejercicio de su labor, entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Asimismo, el informe señaló que entre enero y junio de 2025 se registraron 144 ataques contra la libertad de expresión, incluidos 44 relacionados con incidentes en entornos digitales. Estos hechos formarían parte de un patrón de represión sostenida que restringe el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Criminalización de la protesta

El informe de la CIDH sobre “Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” publicado el 7 de enero de 2025, documentó graves abusos de fuerza pública entre el 28 y el 30 de julio de 2024, en el contexto de las manifestaciones poselectorales.

La organización documentó al menos 25 personas, todos hombres entre 15 y 56 años, fueron asesinadas. Diez de las muertes se atribuyen a fuerzas estatales (ocho a militares y dos a la policía) y seis a colectivos armados, los cuales operan con tolerancia o aquiescencia del Estado y están legalmente incorporados al “Sistema Popular de Protección para la Paz”.

Reducida libertad académica y cierre del espacio cívico

En 2025, el entorno universitario en Venezuela ha estado marcado por un ambiente hostil y violaciones a la libertad académica, que incluyen detenciones, persecución, hostigamiento y amenazas. Según organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad universitaria han sido objeto de represalias por ejercer su labor crítica.

Entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2025, al menos 22 personas con vínculos directos con el ámbito académico habrían sido detenidas y/o hostigadas —19 detenidas y 3 perseguidas—. Entre ellas se encuentran: nueve profesores universitarios, cinco estudiantes, dos trabajadores universitarios y defensores de derechos humanos, una investigadora, un representante de federación estudiantil y una de la asociación estudiantil.

La entrada en vigencia de la la Ley de “Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro” destinada a regular a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, redujeron el espacio cívico y obstruyeron su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Crisis económica y escasez de servicios básicos

La comisión destacó que la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) sigue con preocupación las serias vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

El informe destacó que en los cinco primeros meses de 2025, la inflación acumulada supera el 105,5%, con una proyección interanual que podría exceder el 200%. En un contexto donde el salario mínimo permanece congelado en niveles simbólicos y donde más del 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

La CIDH resaltó que el año pasado la agudización de la crisis económica y la persistente escasez de servicios básicos han tenido un impacto adverso en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población. Más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional198 y 13,5 millones enfrentan necesidades críticas.

Crisis económica, social y ambiental

La CIDH aseguró que persisten la escasez de servicios básicos, precariedad laboral y deterioro de salud, agua y alimentos. Se documentaron impactos graves por minería, afectación a comunidades y deterioro ambiental.

La CIDH identificó afectaciones graves en contra de defensores de derechos humanos, mujeres, migrantes, privados de libertad, personas con discapacidad, miembros de la comunidad LGBTI+ y pueblos indígenas.

La crisis ha provocado el desplazamiento de más de 6,8 millones de personas desde 2015.

En su reciente informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en fecha 26 de junio de 2025, la OACNUDH señaló que recibió acusaciones de que las actividades mineras ilegales continuaron en territorios indígenas en el estado de Amazonas, incluso en el Parque Nacional Yapacana, a pesar de haber sido declarado “libre de minería” en 2023.

Agregó que la minería de oro ilegal en los territorios de Ye’kwana en Amazonas supuestamente condujo a enfrentamientos violentos entre
las comunidades indígenas y las personas conectadas a las minas.

La Oficina expresó su preocupación por la demora en las investigaciones sobre los asesinatos previamente reportados y otras violaciones contra los pueblos indígenas.

Recomendaciones al Estado

Finalmente, la CIDH concluyó que la ausencia de un Estado de Derecho y de una institucionalidad guiada por la separación e independencia de los poderes públicos continúa siendo el desafío más grande para el respeto y la garantía de los derechos humanos en Venezuela.

En el informe la organización sostiene que es indispensable que se reconstruya la independencia del poder judicial para que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.