Valentina trabaja 12 horas diarias y 6 días a la semana. Su tarea es acomodar cortinas, toallas, tazas, envases, flores, vasos, platos, o cualquier artículo que le asignen. Su descanso es sólo para comer y apenas tiene una hora al día; el resto del tiempo debe permanecer de pie.
Tiene 18 años y dejó de estudiar en un parasistema para trabajar y poder llevar el sustento a su casa. “Yo quería estudiar; pero si no trabajo, de qué voy a vivir. Y aquí, no te queda tiempo para estudiar”, comenta la joven mientras ordena una pila de cortinas.
Aunque trabaja 12 horas diarias, la remuneración no es gratificante para el horario. Su salario es de 180 dólares mensuales, 0,6 dólares la hora. El pago no es en divisa, sino en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela, la cual se mantiene rezagada en el mercado frente al dólar paralelo. Valentina trabaja en una cadena de tiendas por departamento, que contrata, generalmente, a jóvenes no mayores de 25 años para hacer esa labor de explotación en los pasillos del almacén.
El caso de Valentina encaja en lo que los organismos internacionales denominan esclavitud moderna. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta no requiere de cadenas físicas. Se manifiesta cuando una persona no puede rechazar o abandonar un trabajo debido a amenazas, coacción o, como en este caso, una extrema necesidad económica.
Trabajar 72 horas semanales por un sueldo que no cubre la canasta básica, sin tiempo para el desarrollo personal o la educación, es una forma contemporánea de explotación que atrapa a los jóvenes más vulnerables.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) en Venezuela establece una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 8 horas diarias, de lunes a viernes. El instrumento legal garantiza dos días de descanso continuos y remunerados, siendo el domingo uno de ellos. La jornada diurna es de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta de 7,5 horas; sin embargo, en el caso de Florlinda, otra joven empleada, eso no se cumple.
Ella, al igual que Valentina, trabaja en una tienda por departamento y tuvo que dejar sus estudios universitarios. Además de que devenga un sueldo ínfimo, labora dos horas más de lo que establece la ley y descansa solo un día.
“La necesidad te obliga a aguantar, cuando uno es pobre, no tiene otra alternativa que aceptar lo que venga con tal de llevar comida a la mesa. Tengo un niño de 1 año que estoy criando con la ayuda de mi mamá”, dice la joven de 21 años, residente del estado Miranda.
Casos como el de Valentina y el de Florlinda se repiten en empresas de todo el país, especialmente tiendas, donde las jornadas de hasta 12 horas de trabajo diarias son la norma desde el ingreso. Una joven caraqueña contó a El Pitazo que recibió una oferta de una reconocida tienda de tecnología. Su tarea era generar contenidos para las redes sociales, pero su jornada debía ser de 12 horas diarias, comenzando a las 8:00 am, de lunes a sábado, por un sueldo de 400 dólares.
“Pagados en bolívares a BCV, por supuesto. Sin bonos ni otros beneficios”, dijo. Durante la entrevista, la empresa insistió en la necesidad de que la joven garantizara tener transporte para llegar a tiempo a la oficina todos los días, ya que el trabajo era presencial, sin opción a una jornada híbrida o remota.
“Literalmente me dijeron que ellos eran una empresa con un muy buen ambiente y que eran muy chéveres en la oficina, entonces si necesitaba hacer algo un sábado y ya había terminado mis tareas, podían ver si me dejaban ir antes. Lo contaron como si fuera un súper beneficio”, relató. Esta joven no aceptó esa propuesta laboral y continuó con su búsqueda de empleo, pero a muchos venezolanos, la urgencia de un ingreso los obliga a aceptar este tipo de condiciones.
Anthony Vásquez, de 26 años, joven portugueseño y extrabajador de una cadena de tiendas de tecnología y electrodomésticos, relató que durante su tiempo en la empresa debía cumplir funciones que, según afirma, iban más allá de lo establecido en su contrato laboral.
“Me contrataron como vendedor, pero también tenía que descargar mercancía. Eso no debería ser así, porque para eso están los almacenistas. Eran camiones completos o gandolas, y después de descargar, tenía que salir directo a vender”, explicó.
Vásquez indicó que laboró por un periodo de casi siete meses en la tienda ubicada en el Centro Comercial Llano Mall, en el estado Portuguesa. Señaló además que el salario recibido no era suficiente para cubrir sus gastos básicos. “A veces no tenía ni para el pasaje. Si salía temprano, me tocaba redoblar obligado para poder agarrar el transporte, porque la empresa solo lo ofrecía en las noches”, afirmó.
Asimismo, detalló que una parte importante de sus ingresos dependía del nivel de ventas alcanzado. “Tenías que vender miles de dólares para poder ganar alrededor de 200 dólares. Era un esfuerzo enorme para lo poco que se podía sacar al mes”, añadió.
Una extrabajadora de una conocida cadena de tiendas de telas también se refirió a las bajas comisiones que percibía frente a las altas metas de ventas. “No recuerdo bien los montos, porque fue hace dos años, pero eran como 1.000 dólares quincenales en ese momento, para poder cobrar la comisión. Ahí incluso me hicieron firmar la renuncia al momento de ingresar, así me podían despedir cuando quisieran”, dijo la joven caraqueña que pidió el anonimato.
En redes sociales, las denuncias abundan. En Instagram un usuario publicó la denuncia a una sede de una tienda por departamentos en Anzoátegui, donde presuntamente incurren en abusos, descuentos ilegales a los trabajadores y maltrato al personal”.
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Malas condiciones y maltrato
Fuera del área comercial, en una empresa pequeña ubicada en el este de Caracas, un trabajador denuncia malas condiciones de trabajo, e incluso maltrato por parte de sus empleadores, pero destaca que la necesidad de un ingreso los obliga a mantenerse ahí.
“Nosotros sí cumplimos con un régimen presencial de ocho horas, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., pero es un trabajo que fácilmente puede ser híbrido o remoto. Ya el traslado al sitio supone un gasto, que me parece innecesario tratándose de un sitio en el que no tenemos ni un solo beneficio, ni cotización en el seguro social, ni un seguro médico. A esto se suma que en diciembre eligen las vacaciones de acuerdo al criterio de las dueñas y sin ningún tipo de bonificación”.
Este trabajador, que pidió el anonimato, relató una serie de irregularidades que van desde lo económico hasta lo humano: pagos fuera de tiempo con tasas que no corresponden y la negativa de entregar cartas de trabajo. En este contexto, denunció que el bienestar físico no es prioridad, mencionando sillas vencidas que afectan la salud lumbar de los 14 trabajadores, la falta de aire acondicionado y la prohibición de enfermarse viernes y lunes.
«Estaban pintando y, en lugar de decirnos que nos fuéramos a la casa, nos exigieron quedarnos a pesar del olor a pintura”, contó.
Este caraqueño dijo que en algunas ocasiones les piden cumplir horas extra adicionales a sus jornadas o los fines de semana, sin remuneración adicional. “Uno puede entender el hecho de querer ayudar para que las empresas privadas surjan, porque sabemos que estamos en una situación difícil del país, pero es muy difícil ayudar cuando te exigen trabajar horas extras los sábados a las ocho de la noche, y después tienes que llegar igual el lunes a las 8:00 am, y hay una persecución y acoso”.
El testimonio de este joven es el rostro humano de una realidad: la pobreza es uno de los factores que aumenta el riesgo de caer en redes de explotación.
Un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) presentado en 2025 revela que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles alarmantemente altos, alcanzando el 86 % en 2024. Este análisis, realizado en 2024, abarcó cuatro municipios en los estados Zulia, Miranda, Cojedes y Aragua.
Juan Andrés es un ejemplo. El hombre de 31 años de edad trabaja en una fábrica que elabora plantas eléctricas en Estados Unidos. Emigró a este país hace cinco años y, aunque cuenta con mejores ingresos económicos, su desgaste físico y mental ya lo hacen pensar en regresar.
En Estados Unidos trabaja 12 horas en horario nocturno. “Es un trabajo forzado, porque toda la jornada laboral estoy de pie y solo me dan media hora para comer. Cuando comienzo la digestión ya tengo que regresar a trabajar”, señaló a El Pitazo el 27 de abril.
El venezolano explica que al llegar a casa “caigo rendido en la cama”, y, cuando se despierta, solo tiene tiempo de prepararse la comida y regresar a trabajar. “Esto no es vida, pero en estos momentos no me queda de otra”, admite.
Aunque la ONU y la OIT condenan sin fisuras la explotación laboral a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y convenios internacionales, las redes de esclavitud moderna siguen ganando terreno y perfeccionando sus métodos.
Según la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, unos 50 millones de personas en el mundo están sometidas a esclavitud moderna: 28 millones en trabajos forzados. Las mujeres y los niños siguen siendo los más vulnerables de una manera desproporcionada.
Sin supervisión
En Venezuela el salario mínimo se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, monto que actualmente equivale a 0,27 dólares. El pasado 30 de abril, Delcy Rodríguez anunció un incremento al ingreso mínimo integral al equivalente a 240 dólares para los trabajadores activos y 70 dólares para los pensionados. Este monto de ingreso integral, que es el mínimo que ahora deben pagar las empresas privadas, se paga a través del sistema Patria, no tiene incidencia salarial, y además se ubica por debajo de la canasta alimentaria, que actualmente ronda los 700 dólares.
Aunque la legislación venezolana establece sanciones y el Ministerio del Trabajo tiene la obligación de canalizar denuncias sobre este tipo de irregularidades en el país, la falta de inspecciones permite que las empresas operen violando la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) con total impunidad.
A pesar de este vacío de supervisión directa, el Ministerio del Trabajo, a través de sus canales oficiales, invita a los trabajadores que enfrentan jornadas abusivas a formalizar su denuncia ante la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción, presentando su identificación y los datos de la empresa.
Según el artículo 513 de la Lottt, este proceso inicia con una fase de mediación para exigir el cumplimiento de los horarios legales y el pago de retroactivos. El Ministerio del Trabajo también dispone de la línea gratuita 0-800-TRABAJO (0800-8722256) para brindar asesoría legal inmediata, mientras que casos de fatiga extrema pueden reportarse al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) para evaluar riesgos a la salud.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
