Una protesta nacional signada por la decepción y la certeza de ausencia de voluntad política para dar respuestas a la masa laboral fue protagonizada por los trabajadores venezolanos en diversas ciudades de país este Día Internacional del Trabajador.
En Caracas, Puerto Ordaz, Maiquetía, Maracaibo, Valles del Tuy, San Cristóbal, Acarigua o Maturín, la expresión de los trabajadores públicos, jubilados y pensionados de Venezuela, fue común: rechazo y frustración por el anuncio realizado por la administración de Delcy Rodríguez este viernes 30 de abril, donde se fijó el llamado ingreso mínimo integral de trabajadores activos en 240 dólares y de pensionados en 70 dólares, dejando el salario mínimo en 130 bolívares (0,26 centavos de dólar).
Así mismo, los trabajadores rechazaron abiertamente la política de bonificación que mantiene el Ejecutivo Nacional, calificando como burla las declaraciones de Rodríguez, al hablar de “aumento histórico”.
El Pitazo registró las manifestaciones realizadas en Caracas, así como en los estados Zulia, Miranda, Bolívar, Táchira, Portuguesa, Barinas, Monagas y Vargas. En estas entidades los manifestantes cumplieron con su ruta, no se presentaron incidentes de represión, aunque si una alta presencia de funcionarios de organismos de seguridad durante los recorridos.
Otro detalle, fue la inventiva de los participantes, para exigir las reivindicaciones sociales que aspiran. Desde un ataúd para el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que dejó sin efecto a las contrataciones colectivas, trajes con billetes de diversos conos monetarios para mostrar la devaluación, la presencia del activista Rafael Araujo, el popular «señor del papagayo» y consignas cargadas de sarcasmo, acompañaron las manifestaciones
En Caracas, la movilización salió desde la plaza Brion de Chacaíto sentido a la plaza Morelos en el centro de Caracas. Piquetes de la Policía Nacional Bolivariana bloquearon algunos accesos, pero habilitaron algunas avenidas para el desarrollo de la movilización, la cual se realizó sin contratiempos.
«En casa se me han dañado todos los electrodomésticos y no puedo comprarlos de nuevo. Nos han robado en 27 años y pretenden seguir haciéndolo», dijo Elidia Torrealba, quien, con 30 años como educadora, expresó sentir “decepción” por el anuncio salarial realizado este 30 de abril.
En Bolívar, Rubén González, presidente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, calificó el ajuste como una burla y recalcó que el salario mínimo continúa en 130 bolívares.
“Salimos a la calle porque esto que nos hicieron ayer es una burla total para todos los trabajadores. Ya este gobierno nos ha demostrado que no son capaces de mejorar el país ni de ofrecer los beneficios a los trabajadores, así que la solución es que se vayan. Exigimos un cronograma electoral cuanto antes”.
Por su parte, en un comunicado, la coalición intergremial de Portuguesa declaró a la administración de Delcy Rodríguez como «enemiga de los trabajadores» y calificó el aumento del ingreso mínimo como humillante.
Esa humillación es la misma que percibe Maritza Colmenares, una maestra del estado Zulia con 20 años de servicio, que llegó con su bandera de Venezuela y un cartel en el que se leía “Salario digno, YA” a la protesta que recorrió desde el Parque Urdaneta y la Iglesia Santa Bárbara, hasta la sede del paraninfo de la Universidad del Zulia en la avenida El Milagro. “Esto fue una burla. Aquí nos quedamos sin vacaciones, sin aguinaldos, sin prestaciones, porque no hubo aumento de salario. Nosotros no queremos esos bonos que no nos alcanzan ni para cubrir la mitad de la canasta alimentaria”, remarcó la docente.
Seguir en la calle
Voceros sindicales coincidieron en que, ante el panorama, la única opción es mantener activa la protesta. “Debemos continuar en la calle, no puede ser posible que se culpe al salario de la inflación cuando desde el 2022 aquí no hay aumento de salario y la inflación siguió disparada. Eso es un tabú”, aseguró el presidente del Sindicato Unitario del Magisterio Zuliano, Gualberto Mas y Rubí.
Alexis Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, advirtió “que el ingreso mínimo integral de 240 dólares no impacta en prestaciones ni utilidades, y se convertirá en sal y agua. La aspiración de los trabajadores era un salario mínimo entre 600 y 700 dólares como base para recuperar el poder adquisitivo perdido. Por ese reclamo nos mantenemos en protesta”.
Efraín Bandes, de la Plataforma Unitaria Democrática de Tomás Lander en el estado Miranda, sostuvo que “los 240 dólares son apenas un paño tibio frente a las demandas reales de la población. Por eso la movilización no se detiene y la calle vuelve a ser el espacio central de la lucha social”.
“No vamos a dejar de reclamar por sueldos. Los bonos no representan absolutamente nada. Queremos trabajar dignamente. Que nuestras jubilaciones no sean una miseria”, acotó desde la protesta escenificada en San Cristóbal, capital del estado Táchira, la docente universitaria Carolina Casanova.
En oriente, la postura gremial es la misma que en el centro y el occidente de Venezuela. El profesor jubilado de la Universidad de Oriente, Freddy Millán, sostuvo que después de trabajar 30 años salió sin “indemnización” y pese a tener maestrías y especializaciones su salario quincenal es de 500 bolívares. “El aumento que ocurrió ayer no tiene justificación, es una ofensa al pueblo venezolano”.
No solo reivindicaciones salariales
Manifestantes que salieron a la calle este 1 de mayo, no solo exigieron reivindicaciones laborales, también alzaron la voz por la libertad de los presos políticos y elecciones libres con un árbitro imparcial.
“Los venezolanos, hoy por hoy, debemos tener claro cuál es el objetivo: organizarnos para lograr elecciones libres lo antes posible”, declaró desde Barinas, Yanny González, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en ese estado, quien fue detenida tras la elección presidencial del 2024 y excarcelada en enero de este año.
En Barinas la manifestación estuvo encabezada por dirigentes regionales acompañados de José Patines de la Coalición Sindical Nacional.
«Este anuncio de Delcy Rodríguez es una muestra de la falta de voluntad política que tiene el patrono para con la masa laboral. Tener un Estado de Derecho que garantice nuestro poder de exigir pasa por tener una garantía de democracia y un nuevo liderazgo. No podemos hablar de justicia laboral, mientras hay trabajadores detenidos y somos sometidos a bonificaciones que no inciden en mejoras salariales», expreso la docente y abogada Ana Mercedes Aponte, vocera del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Vargas (Sitravargas).
En cuanto a los derechos vulnerados, en el estado Táchira, la docente Wendy Zambrano denunció que funcionarios de la Guardia Nacional pusieron obstáculos a la unidad de transporte que movilizaría a protestantes desde el municipio Junín hasta San Cristóbal. «Habíamos contratado una unidad de transporte privada y ante la negativa de dejar salir del terminal, pues decidimos movilizarnos por separado. No íbamos a dejar de venir a protestar a pesar de las alcabalas».
Con información de Mairen Dona, Carlos Suniaga, Rossana Batistelli, Nadeska Noriega, Lorena Bornacelly, Mariángel Moro Colmenarez y Ronny Rodríguez
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
