La señora Carmen Teresa Navas pasó más de un año buscando a su hijo. Lo buscó en tribunales, en centros de reclusión, preguntó por él y denunció públicamente su desaparición mientras se aferraba a la esperanza de encontrarlo con vida. Este 7 de mayo, el Estado venezolano rompió su prolongado silencio y confirmó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, murió bajo custodia estatal el 24 julio de 2025.
Casi 10 meses después de la muerte de Quero Navas bajo custodia, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que había sido detenido el 3 de enero de 2025 y estaba recluido en el Internado Judicial Rodeo I. En el comunicado, el organismo se excusó en que, durante su tiempo de reclusión, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.
El 15 de julio de 2025, según el Ministerio, Quero Navas fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo“. Luego de 10 días, falleció “por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, según el certificado de defunción que su madre no conocía.
El Ministerio argumentó que, al estar bajo tutela del Estado y “ante la ausencia de sus familiares”, procedieron a ejecutar la “inhumación formal” del cuerpo el 30 de julio de 2025.
A pesar de que la señora Navas llevaba meses buscando a su hijo, las autoridades estatales atendieron sus solicitudes apenas en marzo de 2026. Ya habían pasado varios meses desde la muerte de Víctor Hugo cuando por fin decidieron escucharla. Señala el comunicado que el 10 de marzo de este año fue que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició una “investigación bajo noticia criminis por conocimiento a través de redes sociales de la presunta desaparición” de Quero Navas. Pero la señora Navas tenía más de un mes denunciando insistentemente la situación y exigiendo respuestas.
La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, señaló que es “imperioso” que las autoridades ordenen “una investigación exhaustiva, independiente y transparente” que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar justicia.
Mediante un comunicado, la defensora también afirmó que el caso evidencia “la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales” que persisten en el país. No fue sino hasta el fin de semana pasado que González Lobato difundió un video de la reunión que sostuvo con la madre del preso político fallecido, aunque ya tiene casi un mes al frente de ese cargo.
La inconsistencia de la Defensoría y el Ministerio
La confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano, tras diez meses de ocultamiento y silencio institucional, representa para las organizaciones de derechos humanos una evidencia irrefutable de la quiebra del Estado de derecho y un caso de desaparición forzada con desenlace fatal.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exige la “apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial” bajo el Protocolo de Minnesota, advirtiendo que “la investigación no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia”.
La organización señala la contradicción oficial: la Defensoría del Pueblo informó en octubre de 2025 que Quero estaba en el Rodeo I, pero el Ministerio para el Servicio Penitenciario sostiene ahora que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio del mismo año.
#ATENCIÓN Exigimos la apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), tras la admisión por parte del Estado de la… pic.twitter.com/QF4juZCWT2
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 7, 2026
El sistema penitenciario viola los DDHH
La organización de DDHH Laboratorio de Paz expone que la señora Carmen Teresa Navas buscó a su hijo durante meses “exigiendo una fe de vida”, mientras el Estado afirma que procedió a la inhumación por “ausencia de sus familiares”.
Mediante un comunicado, la ONG sentencia que este hecho “no constituye únicamente una irregularidad administrativa: representa una grave violación de derechos humanos que compromete la responsabilidad internacional del Estado venezolano”. Además, vincula el caso con un sistema donde “los presos políticos han terminado siendo un negocio económico para sus captores y fichas de canje para los procesos de negociación”.
“Cuando el Estado niega información, impide el acceso de las familias, oculta fallecimientos o normaliza la opacidad institucional, no solo profundiza el sufrimiento de las víctimas: erosiona las bases mínimas del Estado de derecho y alimenta patrones de impunidad que hoy continúan siendo documentados e investigados por mecanismos internacionales”, cuestiona la organización.
Laboratorio de Paz recordó que debido a la ausencia de respuesta estatal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 18 de abril de 2026, medidas cautelares a favor de Víctor Hugo y su madre. Ya habían transcurrido nueve meses del fallecimiento, pero el Estado tampoco respondió a este exhorto.
Tribunal negó amnistía a Víctor Quero, aunque ya había fallecido
A la opacidad del sistema penitenciario se suma la actuación incongruente del Tribunal Segundo de Control, que rechazó otorgar la amnistía solicitada para Quero Navas. A pesar de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario sitúa el fallecimiento en julio de 2025, el sistema judicial continuó tramitando su causa meses después, cuando ya presuntamente había fallecido.
El abogado Moisés Gutiérrez, representante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, explicó que el tribunal argumentó que los delitos imputados —”traición a la patria, conspiración y terrorismo”— no cumplían con los supuestos de la amnistía vigente. Según Gutiérrez, esta decisión judicial profundizaba la “incertidumbre” y obstaculizaba los esfuerzos por localizarlo.
Mientras el tribunal mantenía el proceso activo, su madre denunciaba que no había recibido ninguna comunicación oficial que confirmara si su hijo estaba con vida o dónde podría encontrarse.
El verdadero peregrinaje por la búsqueda de un hijo
A pesar de su avanzada edad, la señora Carmen recorrió durante meses diversos centros de detención en todo el país. Durante los primeros meses de 2025 acudió reiteradamente al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para denunciar la desaparición y exigir información sobre el paradero y estado de salud de su hijo.
En febrero de 2026 acudió a la cárcel del Rodeo I pidiendo una fe de vida de su hijo, tras revelar que en seis ocasiones había acudido hacia ese centro porque en los tribunales de Caracas le dijeron que estaba recluido allí, como se confirmó al anunciarse su deceso.
Más tarde, el 5 de marzo, la señora Carmen acudió ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea que atiende la Ley de Amnistía. Allí llenó una planilla formal para solicitar que su caso fuera atendido con urgencia. Y esto tampoco dio resultado.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a la señora Carmen Navas el 13 de marzo para rendir declaración, precisamente a raíz de sus denuncias previas sobre la desaparición de Víctor Hugo.
Esta secuencia demuestra que la señora Carmen Navas activó todos los mecanismos legales ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, tribunales, el Cicpc y el Ministerio Penitenciario, pero solo recibía como respuesta información contradictoria o silencio absoluto mientras su hijo ya había muerto bajo custodia.
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