El boletín semanal de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, correspondiente a la semana del 28 de abril al 4 de mayo, concluyó que Venezuela se “normaliza” para los negocios, pero no para los derechos.
“La normalización internacional y la apertura económica no equivalen, por sí mismas, a una mejora real en la situación de derechos humanos”, señaló el boletín.
El informe explicó que mientras el gobierno venezolano —bajo la tutela de Estados Unidos— acelera acuerdos energéticos, reabre rutas aéreas y exhibe señales de “apertura económica”, el panorama interno de derechos humanos sigue marcado por la “opacidad, precarización y ausencia de garantías efectivas“.
En el monitoreo realizado por la ONG, reflejó que a pesar de los acuerdos firmados con la petrolera ENI y empresas estadounidenses, las inversiones por más de 500 millones de dólares y las visitas de delegaciones energéticas y mineras; la apertura no se traduce en mejoras para la población.
Privación de libertad, sistema penitenciario
La situación de las personas privadas de libertad en Venezuela volvió a ocupar un lugar central dentro del panorama de derechos humanos, según la ONG.
El reporte indicó que el período analizado estuvo marcado por la visita de familiares de presos políticos a la Defensoría del Pueblo, el anuncio de una coordinación binacional entre la Defensoría venezolana y la Defensoría del Pueblo de Colombia respecto de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, y una nueva muerte bajo custodia reportada en Maracaibo.
La ONG señaló que el Observatorio Venezolano de Prisiones reportó una nueva muerte bajo custodia en Maracaibo, lo que volvió a evidenciar la gravedad estructural del sistema penitenciario venezolano.
“Cada fallecimiento de una persona bajo custodia estatal compromete directamente la responsabilidad del Estado, debido a su obligación reforzada de garantizar la vida, integridad personal, salud y condiciones de detención compatibles con la dignidad humana”, se lee en el informe.
La ONG reseñó que las declaraciones del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien desestimó las denuncias sobre personas detenidas por razones políticas y negó la existencia de privaciones arbitrarias de libertad, provocaron el rechazo de familiares y organizaciones como Clippve.
Restricciones y violaciones a la libertad de expresión
Para Un Mundo Sin Mordaza, la situación de la libertad de expresión en Venezuela continuó reflejando un entorno restrictivo, caracterizado por agresiones a periodistas, limitaciones al acceso a la información y señalamientos internacionales sobre el deterioro del ecosistema mediático.
Los reportes de Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodistas confirmaron la continuidad de un patrón sistemático de violaciones a la libertad de expresión. En el período analizado ocurrieron 238 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante 2025. Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas reportó 87 agresiones contra la prensa en lo que va de 2026.
Reporteros Sin Fronteras también expuso que Venezuela continúa ubicándose entre los países más restrictivos para el ejercicio de la libertad de prensa.
Derechos laborales, conflictividad social y precarización salarial
Durante la semana analizada, los derechos laborales volvieron a ubicarse en el centro de la conflictividad social venezolana. El informe señaló que la crisis laboral venezolana no se limita al bajo ingreso mensual, sino que abarca una afectación más amplia del derecho al salario suficiente, la negociación colectiva, la libertad sindical, la seguridad social y la protesta pacífica.
La política de bonificación, además, sigue profundizando la separación entre ingreso recibido y salario jurídicamente protegido.
La implementación práctica del ajuste, a través de la Plataforma Patria bajo la figura de un retroactivo del denominado “Bono Incremento
Integral”, confirmó que no se trató de una recuperación salarial, sino de una ampliación del modelo de bonificación.
La organización indicó que las protestas del 1° de mayo confirmaron que la conflictividad laboral sigue abierta y que los mecanismos institucionales de diálogo continúan siendo insuficientes. También que aumento de bonos sin incremento del salario mínimo consolidó la desalarización del ingreso y profundizó esquemas de discriminación laboral entre sectores y generaciones.
Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros exigió al Ejecutivo retomar la negociación de la convención colectiva, en un contexto donde los anuncios salariales recientes no incluyeron un aumento formal del salario base. Esta exigencia pone en evidencia la paralización del diálogo social en uno de los sectores más estratégicos del país.
Crisis prolongada en servicios públicos
La situación de los derechos económicos y sociales volvió a evidenciarse a través de varias expresiones distintas pero conectadas entre sí: la crisis de acceso al agua potable en el estado Sucre, la alta mortalidad asociada a accidentes de tránsito en el país y las expectativas sobre una posible reactivación del crédito hipotecario.
Aunque se trata de ámbitos diferentes, todos reflejan déficits estructurales de prevención, mantenimiento, respuesta institucional y garantía efectiva de condiciones materiales de vida digna.
La asignación de 2 millones de dólares por parte de la ONU para atender la crisis de agua en Sucre confirmó la gravedad de una emergencia prolongada de servicios públicos.
El reporte de 360 muertes por accidentes de tránsito en el primer trimestre de 2026 evidenció una crisis persistente de seguridad vial con impacto directo sobre el derecho a la vida.
Derechos rezagados
El llamado de Fedeagro a garantizar seguridad jurídica evidenció que la reactivación económica sigue condicionada por debilidades estructurales del Estado de derecho.
Aunque se renovó parcialmente el TSJ y avanzó el Comité de Postulaciones Judiciales, las organizaciones de la sociedad civil alertan que no existen garantías de transparencia ni independencia.
El regreso de American Airlines y la propuesta de consulados digitales en Perú muestran avances puntuales, pero insuficientes frente a los vacíos de protección consular y las barreras económicas para la movilidad.
Puede leer el informe AQUÍ
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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