Una familia emprendedora del estado Lara vivió horas de terror a principios de mayo. El dueño de una pequeña empresa, que intentaba prestar un servicio de fumigación y control de plagas en una caballeriza del municipio Simón Planas, se vio envuelto en un falso secuestro mientras a su esposa le exigían 10.000 dólares por su liberación.
Dos días antes del suceso, una solicitud de servicio llegó al celular del hombre. El contacto parecía normal, dado que él invertía en publicidad pagada en Instagram, según relató la familia en entrevista a El Pitazo.
Al responder a la solicitud, los supuestos contratantes exigieron una cantidad inusual de información técnica y personal: nombres, números de cédula y placas de vehículos como requisito previo. “A él se le hizo normal”, detalla la afectada tras explicar que otros clientes con caballerizas aplican medidas de seguridad similares para autorizar el ingreso de proveedores.
Para contratar el servicio era necesaria una inspección física del área que le permitiera a la empresa de fumigación calcular los costos. Fue entonces cuando comenzó la odisea.
Horas de terror
Dos miembros de la empresa se trasladaron hasta Sarare, donde supuestamente se ubicaba la caballeriza. En el trayecto, recibieron una llamada de un número Movilnet; los sospechosos solicitaron la ubicación en tiempo real y pidieron el contacto de otra persona de la empresa para “confirmar los datos” de los trabajadores que ingresarían a la propiedad.
El número entregado fue el de la esposa de uno de ellos, que también forma parte del negocio. Mientras el prestador de servicio permanecía en una llamada constante con los supuestos clientes, su esposa recibió otra comunicación que no atendió inicialmente. Poco después, recibió un mensaje de texto: “Buenas tardes, buenas tardes”, seguido de un audio de su esposo: “Están verificando aquí que somos una empresa privada (…) Están verificando los datos, más nada. Contesta”. El tono la alertó de inmediato y ahora sí contestó a un número Digitel.
Una voz desconocida confirmó los datos de su esposo y le increpó: “¿Usted entiende que nosotros estábamos en una reunión, ellos irrumpieron en nuestra reunión porque están en un área rural que tiene acceso restringido? (…) Entonces irrumpir en una reunión de este estilo tiene un costo, ¿usted me está entendiendo?”. En ese momento, la mujer no entendía la situación: su esposo le dijo que era una petición de parte de la seguridad de los clientes que visitaría, pero el hombre que la contactó se hacía pasar por un captor.
Ante la ambigüedad del relato, la mujer exigió repetidamente a los desconocidos: “Pásame a mi esposo”. Al no mostrarse cooperativa, los gritos se apoderaron de la conversación:
— Usted entiende que somos personas serias y ocupadas (…) Eso tiene un costo y ellos tienen una multa, entonces ¿usted se compromete a pagarme la multa?, le dijeron.
— No me comprometo a nada, respondió ella.
Ante su insistencia por hablar con su pareja, llegaron las amenazas: “Le voy a pasar a su esposo, pero para que se despida de él porque le vamos a dar un tiro y [el carro] lo vamos a quemar. Dale un tiro ahí primero al flaquito (ayudante)”. Al no lograr hablar con él, ella decidió colgar.
Los victimarios no lograron su cometido. A los integrantes de la empresa que se dirigían a la finca les decían que iba en camino una camioneta Hilux blanca para guiarlos hasta el lugar; pero desde otro teléfono intentaban extorsionar a la esposa de uno de ellos.
Tras una larga espera, la voz al teléfono le indicó al hombre de la empresa de fumigación que la confirmación obligatoria para autorizar el ingreso no se dio, alegando que su esposa había llamado a la policía y que, por no cumplir lo acordado, debía pagar una multa.
Cuando el hombre intentó retroceder en la carretera, le advirtieron “que no se vaya, que lo van a matar y que lo tienen rodeado”. Pese a estar en una vía solitaria y de densa vegetación, el empresario decidió arrancar y huir, ignorando las amenazas de muerte.
Un esquema de extorsión digital
Desde aquel día, el hombre teme por su integridad y evita contestar llamadas desconocidas, una situación crítica para su negocio, que depende exclusivamente de la atención a domicilio.
A diferencia de otros casos similares donde se utilizan números extranjeros, en esta ocasión se emplearon códigos nacionales (Movilnet y Digitel) además de uno internacional. Tras rastrear el origen de las llamadas, la familia detectó que provenían del estado Miranda, un estado identificado por El Pitazo como sede recurrente de extorsiones digitales.
Este es el segundo caso documentado en Lara bajo esta modalidad. El primero fue el del delivery Álvaro Camacho en el municipio Palavecino, mientras reportes policiales indican que, en la capital del país, una enfermera y dos personas del sector entretenimiento también han sido víctimas de este esquema.
Ante esta modalidad de estafa ya advertida por el Cicpc, la víctima concluyó con una reflexión sobre el manejo de información por parte de los delincuentes: “Todo lo que digas, todo lo que hables, todo será usado en tu contra”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
