Como “un nuevo capítulo” calificó la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, el aviso de la reestructuración de la deuda pública externa y de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
De acuerdo a la agencia Reuters, la deuda externa de Venezuela, incluidas las obligaciones de Pdvsa, préstamos y laudos arbitrales, asciende a entre 150.000 y 170.000 millones de dólares.
De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela era de 82.800 millones de dólares para 2025, por lo que la relación entre la deuda y el PIB está entre 180% y 200%.
Según el gobierno venezolano, este ha cumplido con todas sus obligaciones internacionales, pero a partir de 2017 se vio impedido de continuar con esa política debido a las sanciones financieras impuestas en su mayoría por el gobierno de Estados Unidos, que ahora ha relajado su política de asfixia a raíz de la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Según Reuters, alrededor de una décima parte de la deuda externa venezolana corresponde a préstamos de China que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pagaba con cargamentos de crudo.
“Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”, señaló la vicepresidencia Sectorial de Economía en un comunicado oficial.
¿Qué significa reestructurar la deuda de un país?
Argentina, Grecia, Ecuador y Uruguay han sido algunos de los países que han reestructurado su deuda externa, incluso naciones desarrolladas lo han hecho en algunos momentos de su historia.
Un país se ve obligado a reestructurar su deuda porque ya no puede hacerlo bajo las condiciones originales y para no caer en default.
Los acreedores aceptan una reestructuración porque prefieren recuperar algo a nada.
Venezuela cayó en default en 2017 y el entonces gobierno del preso en una cárcel de Estados Unidos, Nicolás Maduro, culpó a las sanciones provenientes del entonces primer gobierno de Trump.
Agencias financieras como S&P declararon que Venezuela había incumplido pagos de bonos por unos 200 millones de dólares.
Además cayó la producción, los precios del petróleo y el país entró en hiperinflación.
De acuerdo al presidente de Datanalisis y economista, Luis Vicente León, el anuncio de la reestructuración ocurre por dos razones.
“La Licencia General 58 del OFAC autoriza por primera vez a asesores internacionales a trabajar con Caracas en la preparación de una reestructuración, y el reconocimiento formal del gobierno venezolano por parte de la administración Trump ante tribunales estadounidenses”, escribió en su cuenta de X.
“Resolver la deuda reabre los mercados de capitales, genera liquidez nueva en la economía real y elimina el lastre permanente de los litigios sobre activos venezolanos en el exterior”, agregó.
Hay que decirlo claramente: cualquier reestructuración de la deuda externa que no esté enmarcada en plan coherente de estabilización avalado, con o sin un programa formal, por el FMI, será incompleto, no sostenible y lesivo para los intereses del país.
— Omar Zambrano (@Econ_Vzla) May 13, 2026
Por su parte, el economista Leonardo Vera, sentenció que anunciar una medida de este calibre sin la debida preparación y condiciones puede llevar a un ejercicio frustrado.
“La negociación de cualquier reestructuración y en particular de una tan compleja como la de Venezuela, no puede tomarse a la ligera. Requiere equipos internos altamente calificados y excelente asesoría independiente. Más aún, la actuación previa del Fondo Monetario Internacional (FMI) es altamente conveniente”, escribió en sus redes sociales.
Vera agregó que los equipos técnicos en Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV) están disminuidos.
“Así que podemos ser presa de una asesoría financiera con solvencia pero sin independencia de los acreedores y del gobierno de los Estados Unidos”, añadió.
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