La crisis del sistema sanitario en Venezuela ha dejado de ser una falla técnica para convertirse en una vulneración constante de los derechos humanos. En el Hospital General Dr. José Ignacio Baldó, más conocido como El Algodonal y ubicado en Caracas en la zona de Antímano, la precariedad ha escalado a tal nivel que la recuperación de un paciente ya no depende solo de un diagnóstico médico, sino de la capacidad de su familia para conseguir los recursos más básicos, como el agua potable.
Esta situación no es un hecho excepcional, sino que es el reflejo de un colapso institucional que, según registros de Monitor Salud, mantiene al 37% de los hospitales del país bajo un régimen hídrico de apenas 7 a 12 horas diarias, mientras que un 3% carece totalmente del acceso a este servicio.
A través de un video Mauro Zambrano, coordinador general de Red Sindical Venezolana, denunció la situación. Los testimonios recogidos en el centro de salud revelan una rutina marcada por la escasez. El suministro de agua con suerte empieza por la mañana y se cierra de forma abrupta. Los familiares se quedan con los envases a medio llenar y la imposibilidad de mantener la higiene necesaria.
Esta carencia no afecta solo el funcionamiento del hospital, sino que genera un efecto en cadena donde los familiares se encuentran expuestos a infecciones, a una gran carga física y a altos niveles de estrés que pueden terminar enfermándolos junto al paciente debido a la insalubridad de los espacios.
Como explica Zambrano, la salud de los pacientes no puede depender de una cisterna. Sin agua no hay protocolos de esterilización, no hay limpieza y no hay dignidad para el enfermo, los familiares y ni para el servicio médico.
La salud financiada por el paciente
A la falta del agua se suma la carencia de insumos y equipos funcionales. En Venezuela, la salud pública ha transitado hacia un modelo donde el Estado delega el financiamiento de los tratamientos e insumos médicos a os ciudadanos.
Esta realidad es compartida por gremios como el de los bioanalistas, cuya presidenta, Judith León, describió el ejercicio profesional como un “peregrinaje” constante.
En una entrevista concedida a Runrun.es hace un par de semanas, indicó que el colapso es de tal magnitud queel 81% de los servicios públicos de bioanálisis se encuentran inoperantes, lo que obliga a los pacientes a buscar laboratorios privados para procesar muestras que el sistema público, por falta de de reactivos o servicios básicos, no puede realizar.
Esta seguidilla de fallas estructurales rompe con lo establecido en la Constitución, la cual obliga al Estado a financiar y garantizar un sistema de salud funcional.
Hoy, los diagnósticos dependen de equipos sin mantenimiento preventivo y de un personal que trabaja enfrentándose a la impotencia de no poder ofrecer resultados confiables y oportunos porque, en la mayoría de los casos, no se cuenta ni con las inyectadoras para tomar las muestras.
La ayuda que no llega
A esta crisis de salud se le suma la creciente opacidad institucional sobre los recursos de la ayuda humanitaria. Recientemente, la Federación Médica de Venezuela (FMV) solicitó investigar el destino de 71 toneladas de medicamentos e insumos enviados al país en febrero de este mismo año por el gobierno de Estados Unidos, los cuales, según el gremio, desaparecieron del radar de los depósitos hospitalarios.
Aunque el oficialismo aseguró la distribución de casi la mitad de los suministros, el monitoreo realizado por la FMV en 18 estados confirma que los centros de salud siguen desabastecidos de materiales básicos.
Finalmente, el personal sanitario en el país también enfrenta una crisis salarial donde los ingresos están entre los 3 y 60 dólares mensuales, montos que no cubren el costo de la canasta básica. Esta precarización ha forzado la migración de miles de profesionales y ha dejado vacantes en áreas especializadas.
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