La crisis alimentaria en Venezuela ha dejado de ser una coyuntura económica para convertirse en una sistemática vulneración de los derechos humanos. El “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”, presentado este 14 de mayo, documenta cómo el derecho a la seguridad alimentaria (consagrado en el artículo 305 de la Constitución) enfrenta un deterioro estructural que no se puede ocultar con la nueva narrativa de recuperación.
Mientras el oficialismo celebra el crecimiento en la exportación, la realidad en las masas venezolanas, según Hum Venezuela, es de una pobreza extrema en el 56,8% de los hogares y una inflación en alimentos que en 2025 escaló al 259,3.
Para el venezolano de a pie, la falta de dinero es el primer obstáculo que denuncia la ONG. En 2025, el Ingreso Mínimo Integral resultó ser insuficiente para poder cubrir una dieta básica ya que la caída del salario fue drástica: pasó de 3,3 dólares en 2024 a apenas 1,1 dólares en 2025. Estos datos sitúan a gran parte de la población en umbrales de inseguridad alimentaria severa, pues la capacidad de compra en los hogares a duras penas alcanzó para costear el 7,3% de una canasta alimentaria valorada en 565,35 dólares.
El documento detalla que en 2025, la brecha entre los salarios y el costo de la Canasta Básica evidencia una “vulneración sistémica”: en los hogares venezolanos el gasto alimentario absorbe la totalidad de los ingresos, lo que se traduce en “privaciones severas en salud y educación para evitar el hambre, rompiendo la estabilidad mínima necesaria por hogar”.
Este capítulo del informe de Provea describe que aunque en el primer semestre de 2025 en el primer semestre de 2025 se observó una desaceleración en los precios,desde julio del año pasado comenzó un “ciclo de deterioro acelerado” en este aspecto que terminó pulverizando aún más el poder adquisitivo de los trabajadores “y exacerbó la desigualdad, situando el costo de la vida muy por encima de los
ingresos promedio y consolidando una tendencia de encarecimiento agresivo hacia el cierre del año”.
Salarios que no alimentan
La investigación detalla que ante la pérdida del poder de compra, el 32,5% de las familias se vio en la obligación de canjear trabajo por comida, mientras que un 9,9% tuvo que recurrir a empleos riesgosos para poder alimentarse. Este fenómeno de “oficios precarios” se agrava con la disminución de las remesas, las cuales disminuyeron un 13,9% con respecto a 2024, lo que dejó a muchos hogares sin su principal salvavidas monetario.
Provea refiere datos de reportes de Cáritas Venezuela que documenta otras medidas de “supervivencia crítica” a las que recurren los venezolanos para poder comer: 76% liquida sus ahorros para adquirir alimentos, 59% se priva de alimentos en cantidad y calidad, 54% recurre al endeudamiento y 32% “debe pedir apoyo o mendigar para comer”.
“Estas cifras confirman que, aunque el suministro de alimentos ha mejorado en los anaqueles, la exclusión económica mantiene a la mayoría de la población en una situación de inseguridad alimentaria severa”, concluye Provea.
En medio de esta fragilidad económica parte de la población mantiene una dependencia forzada a programas como el CLAP. Sin embargo, Provea destaca que este proyecto también ha mostrado una caída: de beneficiar al 54,5% de los hogares en 2024 pasó apenas a beneficiar al 39,5% en 2025.
Un sector muy vulnerable en cuanto al tema de la alimentación es el de los adultos mayores. Las estadísticas indican que 9 de cada 10 no pueden costear su alimentación básica, pues sus ingresos apenas pueden cubrir entre 9% y 23% de la canasta alimentaria.
El colapso de los servicios
Alimentarse en Venezuela también implica enfrentar el suplicio de los servicios públicos. Según el estudio, el 68% de la población sufrió interrupciones eléctricas en horas productivas con un promedio de 14 horas sin suministro. Esta situación impacta directamente en la seguridad alimentaria por la pérdida de la cadena de frío y el daño de los electrodomésticos.
El acceso al agua potable muestra también una brecha profunda. Según un monitoreo de Cedice Libertad, el 86% de los hogares posee conexión por tuberías, el 63% presentó restricciones graves para su acceso, y el 86% de los usuarios calificó el agua como “fétida y sucia”. Sin agua salubre el derecho a la alimentación se rompe y se expone a los ciudadanos a enfermedades, en un sistema hospitalario que tampoco tiene garantizado el servicio.
Signos del “hambre oculta”
En Venezuela, el hambre tiene una cara invisible que no siempre se refleja en la pérdida de peso, sino en el colapso de los valores sanguíneos. La anemia ferropénica es la manifestación más extendida de la llamada “hambre oculta”, una crisis silenciosa provocada por la imposibilidad de acceder a proteínas animales, vegetales verdes y frutas.
Provea explica que a diferencia de la emaciación, o pérdida de peso, este déficit puede pasar desapercibido sin pruebas de laboratorio, pero sus efectos son devastadores: fatiga crónica y complicaciones críticas durante el embarazo y el desarrollo del feto.
La gravedad del problema es sistémica. Según el informe SOFI, casi una de cada cuatro mujeres en edad fértil en el país padece anemia (24,2% en 2024). Estas cifras no son solo estadísticas, sino el reflejo del fracaso de las políticas de fortificación alimentaria y del sistema de salud pública.
“Esta crisis compromete el capital humano futuro, pues madres anémicas suelen tener hijos con deficiencias cognitivas e inmunológicas.
Urge garantizar nutrición y salud dignas para que las mujeres aseguren una generación de relevo sana”, advierten.
Respecto a los índices de desnutrición, las estadísticas de Cáritas reportan hasta un 9,1% en comunidades vulnerables frente al 1,2% que indican las cifras oficiales.
Dinero que no se traduce en más y mejores platos
Existe un contraste en el crecimiento de las exportaciones y el hambre en el país. En el informe se señala que sectores como el café y el cacao registraron incrementos notables en sus ventas: el café creció un 500% en mercados externos, pero estos ingresos en divisas no se traducen en soluciones alimentarias para la dieta básica.
Por el contrario, sectores básicos para la dieta nacional, como las caraotas, presentan un retraso crítico: el 75% del consumo depende de importaciones.
En la investigación también se detalla que aunque la producción nacional logra cubrir 98% de la demanda interna de carne de res, el sector enfrenta una fase de “estancamiento estructural, como bajo consumo per cápita, con una ingesta de apenas 12 kg anuales (aproximadamente 250 gramos semanales por persona), cifra que refleja una profunda brecha de accesibilidad económica”.
Provea advierte que el modelo económico que intenta emerger en el país está priorizando el capital y las exportaciones por encima de la justicia social.
Sugerencias para la recuperación
El Estado venezolano enfrenta la urgencia de rescatar la producción nacional de rubros estratégicos como el maíz y el arroz, que hoy dependen de las importaciones en un 50% y 32%, respectivamente. Para revertir esta vulnerabilidad, Provea recomienda implementar medidas financieras que fortalezcan a los pequeños y medianos productores, garantizándoles acceso a insumos, servicios básicos confiables e infraestructura adecuada.
Sin embargo, la producción es solo una parte de la ecuación: el informe destaca que es imperativo nivelar el ingreso mínimo con el costo de la canasta alimentaria, que en 2025 promedió los 565 dólares. Actualmente, el ingreso promedio apenas cubre el 7,3% de esta necesidad básica y condena a más de un tercio de los venezolanos a estrategias de supervivencia de alto riesgo.
Más allá del acceso económico, la seguridad alimentaria exige un entorno que permita el aprovechamiento biológico de los alimentos, lo que implica estabilizar urgentemente los servicios de electricidad, agua potable y gas doméstico.
Provea insta asimismo a ejecutar programas nutricionales focalizados en grupos prioritarios como la población infantil, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades indígenas y personas bajo tutela del Estado, especialmente privados de libertad.
Finalmente, el informe subraya que cualquier solución sostenible requiere transparencia: el Estado debe publicar cifras oficiales actualizadas y garantizar seguridad jurídica a las organizaciones humanitarias que operan bajo el enfoque de “triple nexo” (emergencia, desarrollo y paz) para transitar de la asistencia inmediata al desarrollo real.
Lea el informe completo aquí.
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