Familiares de presos políticos, activistas y representantes de la sociedad civil marcharon este miércoles en Caracas para exigir la renuncia del ministro del Servicio Penitenciario Julio García Zerpa y reclamar justicia por las muertes bajo custodia del Estado. Las exigencias cobraron mayor fuerza tras el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, caso que terminó quebrando a su madre, Carmen Navas.
“Exigimos la remoción de las autoridades penitenciarias; de este ministro, pero también de todos los funcionarios que dirigen las cárceles de Venezuela donde permanecen los presos políticos y donde otros reclusos también sufren condiciones inhumanas de detención. Exigimos que rindan cuentas ante la justicia y que se hagan cambios estructurales urgentes para que esta situación termine”, expresó Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
“No es posible que la cárcel venezolana hoy se convierta en una condena. No es posible que estar bajo custodia del Estado sea una condena a muerte. Y una demostración de esto es la muerte de Víctor Quero y de más de 20 personas que han fallecido en las cárceles por condiciones inhumanas de reclusión. Estar bajo custodia no es garantía de dignidad, no es garantía de vida, sino todo lo contrario: es garantía de muerte. Es una condena anticipada a la muerte”, afirmó.
La movilización, liderada por el comité, partió desde Plaza Venezuela y transcurrió de manera pacífica y silenciosa. Algunos de los manifestantes se cubrieron la boca con tirro y cargaron un ataúd de cartón pintado de negro, en el que se leían los nombres de los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado. También desplegaron una pancarta gigante en la que exigían la liberación de todos los detenidos por razones políticas.
Antes de avanzar por el concurrido bulevar de Sabana Grande, hicieron una parada en las adyacencias de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Pese a los reclamos de los funcionarios policiales que custodiaban la marcha, los manifestantes recordaron las muertes en circunstancias irregulares del concejal opositor Fernando Albán (2018) y del general y exministro Raúl Isaías Baduel (2021), además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tortura y la represión.
Marilú Novoa participó en la convocatoria porque su hijo, Jhofre Ibrahim Vargas Novoa, está detenido desde hace más de un año. Es un exfuncionario del Sebin acusado por el gobierno chavista de planificar el supuesto secuestro del magistrado Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia.
“Salimos a la calle para que conozcan lo que están pasando nuestros familiares. Ya no queremos más muertos, ya no queremos más maltratos; lo que queremos es que nos entreguen a nuestros muchachos para volver a nuestra vida normal. Dejamos nuestras casas, nuestros hijos y muchos hemos dejado el trabajo por luchar por nuestros familiares que están detenidos”, manifestó.
Dijo que llevan más de 130 días esperando que se cumpla la promesa hecha -el 8 de enero- por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de liberar a los presos políticos. El martes, el funcionario anunció la liberación de otros 300 detenidos, pero los familiares consideran la medida insuficiente y exigen la liberación de todas las personas procesadas por motivos políticos.
Novoa denunció que antes de que se anunciara la Ley de Amnistía su hijo, así como otros apresados por el mismo caso, estaba acusado de cinco delitos, pero tras la aprobación de la norma las autoridades le añadieron otro cargo.
“Para que la amnistía no le llegara a ninguno, los anexaron a algo de la Operación Aurora. Les agregaron más cargos para que la ley no los beneficiara”, afirmó.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
