Un grupo de familiares y activistas se concentró este miércoles frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas con el propósito de solicitar la intervención directa del fiscal general, Larry Davoe, en favor de la liberación de 78 personas que continúan privadas de libertad por su presunta vinculación en una trama de contrabando de combustible dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Los arrestos asociados a este expediente judicial se ejecutaron de forma progresiva entre los años 2024 y 2025.
El proceso penal, denominado de manera comunitaria como el caso Pdvsa-Obrero, involucra principalmente a trabajadores de bajo rango de la corporación energética, así como a ciudadanos particulares ajenos a la nómina de la empresa.
La existencia de esta causa judicial cobró notoriedad pública en febrero de este año, cuando los allegados de los procesados denunciaron ante los medios de comunicación una ola de detenciones masivas bajo cargos criminales que los afectados rechazan categóricamente.
Lustay Franco, colaboradora activa del comité de familiares, precisó a los medios de comunicación que la cifra consolidada de detenciones iniciales se ubicó en torno a las 150 personas, corrigiendo los reportes preliminares que apuntaban a 170 arrestos.
Franco detalló que el volumen de recluidos ha disminuido paulatinamente debido a los recientes procesos de revisión de medidas ejecutados por el Estado venezolano.
“En primera instancia nos liberaron, a través de medidas especiales, a 51, y posteriormente nos liberaron a 19 compañeros”, puntualizó la vocera, quien no especificó si estas excarcelaciones —asociadas cronológicamente a los decretos de amnistía dictados por el Ejecutivo— otorgan la libertad plena o imponen medidas cautelares sustitutivas.
Durante la manifestación pacífica en el centro de la capital, los asistentes portaban flores blancas elaboradas con cartulina que llevaban inscritos los nombres de los prisioneros, al tiempo que coreaban la consigna «juicio y libertad».
Los promotores de la iniciativa expresaron su preocupación ante la falta de criterios claros para la concesión de los beneficios procesales.
“Pareciera más bien algo aleatorio, que nosotros no objetamos, lo único que sostenemos es que se extienda a todos los detenidos por la misma causa y hasta el momento tenemos 78 presos”, argumentó Franco, alertando además sobre el delicado estado de salud de varios recluidos que padecen afecciones crónicas como hipertensión, diabetes, cardiopatías, cáncer y patologías renales, sumado a la permanencia de unas seis mujeres dentro del grupo de detenidos.
Caso Pdvsa-Obrero
El andamiaje cronológico y operativo de la causa fue expuesto el pasado 18 de febrero por la abogada y familiar de uno de los procesados, Zimaru Fuentes.
La jurista detalló que las aprehensiones se originaron formalmente en octubre de 2024 en las instalaciones de la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, como resultado de una investigación de inteligencia interna iniciada en junio de ese año.
El despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado se extendió posteriormente a los complejos de refinación de los estados Carabobo, Falcón y Zulia, abarcando igualmente sedes administrativas y de distribución en Caracas y La Guaira.
De acuerdo con la información provista por Fuentes, las autoridades imputan a este grupo de operarios por su presunta participación en redes dedicadas al desvío y contrabando de combustible hacia mercados internacionales, actividades que presuntamente se desarrollaban para burlar el cerco de las sanciones económicas aplicadas en su momento por los Estados Unidos contra la comercialización petrolera venezolana.
La defensa técnica ha insistido en que las acciones judiciales han penalizado de forma desproporcionada a la base laboral.
“Se presume que pusieron a pagar a la plana obrera las acciones de personas de cuello blanco”, aseveró Fuentes al enumerar que los delitos precalificados por la fiscalía general de la República contemplan las tipicidades de asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico ilícito de materiales estratégicos y contrabando agravado.
Con información de EFE.
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